"El mes de julio se estrenó con la enésima muerte por desahucio. El mismo día 1, dos hermanas residentes en Barcelona acabaron con su vida arrojándose al vacío. Un método expeditivo, que no precisa de ningún otro aditamento o accesorio, y por ello, el más primario, el más cercano a la pura y simple desesperación. Las hermanas se lanzaron al patio interior del edificio donde vivían, en la calle Navas de Tolosa, dejando muy claro los motivos de su decisión: se encontró una nota junto al oficio del juzgado que ordenaba el primer intento de lanzamiento por impago de alquiler, que se iba a ejecutar horas más tarde. Tenían, respectivamente, 64 y 54 años.
Hay dos formas de leer los hechos. Una es la que ofrece el diario El País en su edición del 2 de julio, y que retrata el caso como el resultado casi inevitable de una serie de fatalidades: Tras la muerte de la madre por covid, en febrero de 2021, las hermanas quedaron solas y por estas fechas comenzó el impago de la renta. Los vecinos, por su parte, las describen como personas aisladas, sobre todo la hermana menor, que apenas salía de la casa. Y fuentes municipales relatan que el juzgado requirió al Ayuntamiento un análisis y un informe de vulnerabilidad, pero no fue posible recabarlos porque, pese a que la unidad municipal que media para evitar los lanzamientos (SIPHO) se presentó varias veces en el domicilio, llegando a dejar incluso varios mensajes, nunca se pudo contactar con nadie. El Consistorio alertó al juzgado de que no se había podido realizar el informe, pese a lo cual la intención era asistir al primer intento de desahucio. Pero la guinda es la observación final con que acaba la noticia: “Los especialistas recuerdan que el suicidio no suele tener un único detonante, sino que es el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento”.
Conclusión: Eran raras. Tuvieron su oportunidad, pero no contestaban al teléfono ni al timbre de casa. El Ayuntamiento hizo lo que pudo. Además, un suicidio puede deberse a muchas causas. En definitiva, no vaya usted a pensar que el implacable sistema económico en que vivimos -el capitalismo-, basado en la propiedad privada y su uso desaforado; en la codicia que no conoce más ley que el propio beneficio, tiene la menor responsabilidad.
Pero esa responsabilidad existe. Es la otra forma de leer los hechos, la radical, por cuanto va a la raíz del problema. Ningún gobierno mínimamente decente permitiría que, en época de hambruna, alguien acaparara alimentos para luego revenderlos al doble o el triple de precio. Pero los gobiernos sí permiten que un bien esencial como la Vivienda -igual de necesario que el alimento- sea objeto de una especulación brutal, arruinando así multitud de vidas: trabajadores en la isla de Ibiza que deben alquilar un balcón o un sofá para poder dormir. Cuarentones y hasta cincuentones convertidos en eternos peterpanes porque tienen que compartir piso como si fueran becarios Erasmus. Personas que no pueden llevar una vida de pareja ni criar hijos, vecinos expulsados de sus barrios. O unas hermanas barcelonesas que prefieren la muerte al desahucio.
Igual que Segundo, vecino del barrio de Sants quien, tras perder su empleo y todo tipo de prestación social, decidió tirarse por la ventana ante la comitiva judicial que iba a echarlo, el 14 de junio de 2021. O aquel vecino de Puerto del Rosario (Fuerteventura) que, cuatro días más tarde, se ahorcó en la baranda del sótano donde residía, tras ser desahuciado. No olvidamos, no, sus nombres y el motivo de sus muertes, pese a que a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no proporciona datos desagregados sobre las causas de suicidio, por lo que no existen cifras fiables sobre qué porcentaje de ellos puede atribuirse a los desahucios. Aunque sí hay multitud de estudios que prueban los efectos devastadores de los procesos de lanzamiento en la salud mental y física de las personas.
En la misma edición de El País, podía leerse que durante el primer trimestre de 2024, el precio medio del alquiler en Barcelona había marcado un nuevo récord histórico al alcanzar los 1.193 euros al mes, es decir, 59 euros más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.134 euros. Bajo el relato canónico que hoy impera en los medios de comunicación, con sus leyes de Amnistía, sus Begoñas Gómez y sus CGPJ, existe una humanidad doliente que gime (y muere) bajo el yugo de una economía de mercado implacable. La pregunta es sencilla: ¿Algún día vamos a decidirnos a ser radicales?" (Luis Caldeiro, el Triangle, 18/09/24)
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