Lourdes y Rubén, ante la sucursal del Banco Popular de Ourense el pasado mes de enero. / ROSA VEIGA
"Cuando a finales del año pasado consiguieron que un juzgado ordenara
en sentencia firme el embargo sobre los bienes de Banco Popular Español
SA, para recuperar 7.000 euros que la entidad les había sustraído
fraudulentamente al endosarle un complejo producto financiero en el
contrato de su hipoteca, Lourdes Pereira y Rubén Vázquez tuvieron la
insólita sensación de haber vencido a Goliat.
Tras un periplo judicial
de cinco años la joven pareja ourensana respiró por fin aliviada con
esta victoria que, en teoría, había puesto fin a sus calamidades con el
banco al que había acudido en 2007 para firmar una hipoteca para su
primera vivienda
Ni se les había pasado por la cabeza que entre una
firma y otra habían aceptado, además de los 700 euros mensuales de
intereses, un contrato referenciado especulativo por el que el banco
acabó comiéndose todos sus ahorros.
Recuperado el dinero y tras cancelar la cuenta en la entidad, su
batalla continúa: el banco dejó de ingresar el pago de la hipoteca que
ellos hacen mediante transferencia desde otra entidad financiera con
varios días de antelación al del cobro. No solo eso. Les reclama,
además, 500 euros de un plan de pensiones que aseguran que no han
firmado y cuyo documento el Popular no puede mostrarles alegando que “lo
perdió en un traslado”.
“Es una clara represalia”, asegura la pareja,
convencida de que la entidad tiene una estrategia: “cobrarnos intereses
de demora o bien declararlos morosos y, si no lo remediamos, quedarse
con nuestra vivienda”.
El miedo a perder el piso es recurrente. Por eso Rubén decidió
negociar y se ofreció a suscribir el plan de pensiones que le están
cobrando si, a cambio, le bajaban algo el suelo hipotecario del 3% que
paga.
“Somos jóvenes y no nos interesa aún el plan de pensiones pero
cualquier cosa si podemos bajar ese pago mensual de la hipoteca”. Pero
asegura que el banco ni les devuelve el dinero del plan ni acepta
bajarles una décima la cláusula del suelo. “Nos están haciendo la vida
imposible”, resume la impotencia.
De momento han registrado un escrito
en el servicio de Atención al Cliente del Grupo Banco Popular rogando
que ingresen la mensualidad pendiente de la hipoteca y que les devuelvan
el dinero que sin embargo sí les han cobrado del plan de pensiones, 500
euros hasta ahora, que “jamás” firmaron.
En el escrito precisan que la actitud del banco es consecuencia de
“las malas relaciones” de la entidad con ellos desde que consiguieron
una sentencia firme que obligaba al pago de los importes indebidamente
cobrados del swap declarado nulo. No son optimistas. Creen que la lucha
con el gigante es imposible.
“En este país las leyes las hacen los
banqueros”, zanja el afectado. El director de la sucursal se parapeta en
la Ley de Protección de Datos para evitar pronunciarse. “Está todo
solucionado”, asegura intentando dar por zanjado un asunto que la pareja
está dispuesta a llevar, una vez más, a los tribunales." (El País, 11/05/2013)
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