"Bankia es la entidad financiera que más desahucios ejecuta. A su vez, es
la que más dinero público ha recibido. Así lo señala un exhaustivo
estudio elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio DESC.
El trabajo, Emergencia habitacional en el Estado español, se basa en más de 11.000 encuestas
realizadas a personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria,
tanto de vivienda de propiedad como de alquiler. El estudio, además,
extrae una serie de conclusiones que desmontan los tópicos que insisten
en que los afectados por la hipoteca suelen ser personas extranjeras y
con pocos estudios.
Siete de cada diez familias ya desalojadas o en proceso de ejecución hipotecaria tienen dos o más menores a su cargo.
Cerca del 20% de las ejecuciones hipotecarias estudiadas por las
organizaciones correspondieron a la entidad nacionalizada que presidió
Rodrigo Rato. El BBVA, el banco que más afectados acumula en el estudio,
concentra el 15% de los desalojos y desahucios; Caixabank, el 14%; y el
Santander, el 12%.
“Se nos ha dado el mensaje de que lo de las
hipotecas fraudulentas fue cosa de las cajas, que estaban excesivamente
politizadas, pero estos datos demuestran que no es cierto, que entre las
primeras están las mayores entidades, que se nos han vendido como un
ejemplo de gestión”, ha señalado la portavoz de la PAH, Ada Colau. (...)
Una amplísima mayoría, el 82,3% de los afectados incluidos en el informe, son españoles,
mientras que la primera nacionalidad extranjera en porcentaje de
afectados es la ecuatoriana, con un 4,1%. Además, menos del 15% sólo
tienen estudios primarios, mientras que el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24%, universitarios.
El desempleo, principal causa de impago
El
estudio señala que el principal motivo del impago de las cuotas
hipotecarias o del alquiler es el desempleo, circunstancia que se da en
el 70% de los casos. “Estos datos desmontan la criminalización que se
hace desde determinados sectores, en el sentido de que se deja de pagar
la hipoteca por voluntad propia”, ha criticado Colau.
La portavoz de la
PAH ha reconocido las limitaciones de un estudio que no abarca a la
totalidad de las personas afectadas en el Estado español, pero ha
denunciado la inexistencia de registros públicos sobre esta materia:
“Es inmoral que cinco años después del inicio de la crisis no haya
datos fiables y detallados sobre esta emergencia. Creemos que responde a
una falta de voluntad política, porque la población se escandalizaría
si los conociese en profundidad”.
Una buena muestra del modus operandi de las entidades en la colocación de hipotecas durante la burbuja inmobiliaria es que un 40% de estas se concedieron sin ningún tipo de entrada.
En la mayoría de los casos, se otorgó entre un 80% y un 100% de la
financiación, y en algunos de ellos incluso por encima. La mayoría de
las personas afectadas que han contactado con la PAH firmaron hipotecas
entre los años 2004, y 2008, periodo cumbre de la burbuja inmobiliaria. (...)
Las entidades han denunciado el papel del poder judicial español en
la escasa protección de derechos. El profesor de derecho constitucional
de la UB y vicepresidente del Observatorio DESC, Gerardo Pisarello, ha
asegurado que “la crisis está poniendo en evidencia la poca preparación
del poder judicial para garantizar la protección de derechos.
Existe un gran desconocimiento de los estándares internacionales sobre
la protección de los Derechos Humanos”.
“Ha habido algunas sentencias
favorables a los afectados. Poco a poco se va abriendo camino, pero por
cada una hay tres o cuatro a favor de las entidades financieras”, ha
lamentado.
El informe constata el incumplimiento de las
recomendaciones que incluyen los tratados internacionales firmados por
el Estado español. Por ejemplo, la que señala que una unidad familiar no
debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca.
Casi el 60% de los encuestados han destinado más del 60% de los ingresos familiares al pago de la hipoteca, mientras que para más de un tercio, la hipoteca se ha llevado en algún momento la totalidad de los ingresos.
Pisarello
ha denunciado también el papel del Tribunal Constitucional, cuya
conducta respecto a la protección del derecho a la vivienda ha
calificado de “abstencionista, a diferencia de tribunales como los de
Portugal e Italia”. (...)" (Brais Benítez, La Marea, Rebelión, 18/12/2013)
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