"El Gobierno ha dado de baja ya 748.835 tarjetas sanitarias del Sistema Nacional de Salud desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria,
que impulsó el Partido Popular en 2012. La cifra la ha hecho pública el
propio Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita presentada en el
Congreso de los Diputados. (...)
Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que la mayoría de los afectados son inmigrantes sin papeles
(solo siguen con cobertura las mujeres embarazadas y los menores de 14
años), pero también los españoles mayores de 26 años que no han cotizado
a la Seguridad Social, los parados de larga duración a partir de los
dos años de paro y los mayores 26 años con una renta superior a 100.000
euros que no coticen a la Seguridad Social. Fernández acusa al Gobierno
de haber acabado con “un sistema universal que no excluía a nadie”. (...)
Al caer enfermos, algunos afectados optan desde hace un año por
acudir al médico de cabecera con la tarjeta de un conocido. Pero esto
tiene dos riesgos, enfatiza Fernández: sus enfermedades se registran en el historial del titular de la tarjeta y, además, este privilegio propicia un mercado negro de medicamentos, en el que los titulares de tarjetas sanitarias –españoles o extranjeros– piden medicinas al médico, que luego revenden.
Mónica
García, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de
Madrid (FAEM), recuerda que, además, el Gobierno no está analizando y
estudiando las consecuencias que el abandono de un colectivo tan grande puede suponer: “No mide ni el impacto económico ni el social. No sabemos si han acudido más a las urgencias y, al final, nos ha salido más caro.
Tampoco dicen cuántos son extranjeros, ni cuantos españoles. No dan
información, ni analizan: ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las personas
con tuberculosis?”, se pregunta.
García recuerda un estudio del
director del equipo de Economía de la Salud en Oxford, David Stuckler,
que analiza cómo Nueva York recortó 100 millones de dólares en la
prevención de la tuberculosis y luego tuvo que gastar más de 1.000 millones para frenar su rebrote. (...)" (Daniel Ayllón, La Marea, Rebelión 13/12/2013)
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