"La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía reclama 22,8 millones de euros
a ocho entidades financieras y a la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido
como banco malo, por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas.
Según explica el departamento que dirige Elena Cortés (IU), estas entidades poseen 283 viviendas protegidas que no están a disposición de los registros municipales donde los interesados pueden solicitarlas (....)
Al banco malo le reclama 11,7 millones de euros. El pasado 2
de junio, en su escrito de alegaciones por un segundo procedimiento
sancionador - que se resolvió con una sanción de 120.000 euros-, la
Sareb informaba de que no tenía 911 viviendas protegidas, como la Junta
entendía en un primer momento, sino 98, de las cuales aportó datos
registrales.
Ahora esta consejería ha de revisar los registros
municipales para comprobar si esas viviendas de protección oficial son
accesibles a los andaluces. Por cada vivienda oculta, el importe de la sanción podría llegar hasta los 120.000 euros
al tratarse de infracción grave del artículo que establece que
establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner
sus viviendas protegidas a disposición de dichos registros.
Las otras ocho entidades financieras, a las que la Junta ha abierto expediente sancionador por valor de 11,1 millones son Banco
Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Servihabitat, Anida
Operaciones Singulares, Unión de Créditos Inmobiliarios y Building
Center.
Según la Consejería, entre febrero y abril de este año se
abrieron sendos expedientes sancionadores por el mismo motivo que a la
Sareb por un total de 185 viviendas. En su caso, la posible sanción por cada VPO es de 60.000 euros,
y el procedimiento se encuentra más avanzado, ya que la Junta ha
acreditado que estas 185 VPO no aparecen en los correspondientes
registros. (...)" (Público, 22/10/2014)
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