"(...) Según el informe de la Comisión Europea «The 2012 Ageing Report», el
gasto en pensiones en España será, en el peor de los escenarios, del 14%
del PIB en 2050, aproximadamente lo mismo que hoy en día gastan países
como Austria, Francia (15%) o Italia (16%).
Actualmente, España
destina el 10% del PIB al sistema público de pensiones, mientras que la
media de la Eurozona se sitúa en algo más del 12%. (...)
El gran problema de este país es de distribución de la riqueza. El sistema público de pensiones podría financiarse mediante los presupuestos generales del estado, que podrían incrementar su dotación con una reforma fiscal progresiva.
Sin embargo desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social llevan
pronosticando la quiebra del sistema desde el año 1995, pero nunca
acertaron.
El problema no es de gasto, sino de dónde se obtienen los ingresos.
Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente a partir de
las cotizaciones sociales como ocurre actualmente, sino que son la
totalidad de los recursos del Estado los que deberían hacer frente a los
gastos del Estado, incluidas las pensiones públicas. (...)
La productividad es un factor decisivo en la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Los recortadores de derechos siempre fundamentan sus propuestas en la
relación trabajador/ pensionista. Como el número de trabajadores activos
por pensionista irá disminuyendo —debido entre otras cosas a este
lamentable y desgraciado avance en la esperanza de vida— los
pensionistas tenderán a acumularse.
Así ya le salen las cuentas a los
grandes gurús financieros para pronosticar la quiebra del sistema
público de pensiones en el año que más les convenga y proponer la
disminución de las prestaciones. Pero lo que ocultan a sabiendas estos
Think Tanks que tanto se preocupan por nuestra vejez, es que los
trabajadores pueden producir, hoy en día, una cantidad de riqueza mucho
mayor que antaño y así destinar más recursos a las pensiones públicas.
Hace 50 años, el 30% de la población activa española trabajaba en el
sector agrícola; actualmente lo hace poco más del 4%, pero este pequeño
porcentaje produce más que el 30% anterior.
Así,una economía
creciendo moderadamente y generando un modesto nivel de empleo que vaya
absorbiendo a los desempleados, con un aumento también moderado de la
productividad de cada trabajador gracias al avance tecnológico, permitiría un crecimiento de la renta del país que podría dedicar un porcentaje de ella similar al actual para mantener el sistema público de pensiones sin tener que recortarlas.
Es un error, por tanto, basar las argumentaciones en favor de la
insostenibilidad del sistema público de pensiones, solo en la relación
número de trabajadores/pensionistas.
Otro elemento de crítica que no tienen en cuenta los diferentes gobiernos es la tasa de actividad, ya que ello nos remite al problema del paro
—actualmente superamos los seis millones de desempleados— y como causa
de ello hay que señalar a las políticas de austeridad de la Troika —BCE,
FMI y Comisión Europea— y la complicidad de los gobiernos con la misma,
que están facilitando que el paro se desboque y disminuya con ello los
cotizantes a la seguridad social. (...)
La actual gestión de este fondo
de reserva, según una gran parte de la prensa nacional, es buena. Sin
embargo, para la prensa internacional (Deutche Wirtchafts Nachwischten,
The Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel…) estamos ante uno
de los mayores desfalcos de la historia de España.
Actualmente
algo más del 95% de los fondos de reserva del sistema de pensiones,
unos 65.000 millones de euros, se han invertido en comprar deuda pública
española. Es decir, el Estado español pone en el mercado
deuda soberana, pero el único que la compra es el propio Estado español,
que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los
fondos que garantizan las pensiones futuras de todos los españolitos.
Una suerte de esquizofrenia
financiera por parte de los actuales gobernantes que puede llevar a la
indigencia a los ciudadanos cuando estos por fin pasen a «mejor vida».
Para evitar esto, el gobierno tiene que recortar en educación, sanidad y
servicios sociales para así estar a bien con las agencias
internacionales de calificación de la deuda soberana, detrás de las
cuales hay capital privado —Standard and Poor’s, Fichte y Moody’s entre
otras— y evitar que estas la degraden a la categoría de «bono basura»,
lo que condenaría a la marginalidad a los algo más de ocho millones de
pensionistas.
Además, con el desmantelamiento del
así llamado estado de bienestar, se permitirá la entrada de fondos
buitres ávidos de carroña y que ya están acechando, a la espera que el
cuerpo del enfermo dé los primeros síntomas de debilidad para
abalanzarse sobre él. Aquí entra el Tratado de libre Comercio (TTPI)
entre EE.UU. y Europa que favorecerá a los grandes fondos de inversión
deseosos de sacar tajada de las miserias humanas.
Resulta escandaloso, y
no nos cansaremos de repetirlo, que prácticamente el único comprador es
el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que
emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras.
A esto hay que añadir la eliminación de la cláusula de garantía del poder adquisitivo por una revalorización anual del ridículo 0,25%.
El PP nos habla de que con este sistema se ahorrarán unos 33.000
millones en ocho años, pero sus cálculos tienen una trampa, ya que esa
cifra se obtiene con una inflación anual del 1%. Sin embargo España
nunca ha tenido una inflación tan baja. Así, desde el año 2000 al 2012
la inflación ha estado en torno al 3%.
Si hacemos los cálculos con esa
cifra, la cantidad que nos sale no será de 33.000, sino que superaría
los 100.000 en ocho años, lo que conllevaría una pérdida del poder
adquisitivo de nuestros mayores que rondaría el 22%, lo cual no solo es
una barbaridad sino también una indecencia." (ICEA , Por Chema de CNT-Ferrol, Publicado en PeriodicoCNT Abril 2015, en Economía crítica y crítica de la Economía)
No hay comentarios:
Publicar un comentario