"La Fiscalía de Madrid quiere meter en prisión
a la concejal de Ahora Madrid Rita Maestre por participar en una
protesta en la capilla de la Universidad Complutense en 2011 que
interrumpió un oficio religioso con gritos y tetas. Parece que tamaña
ofensa justifica la imputación de un delito “contra la libertad de
conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”. (...)
Tampoco vamos a mostrar perplejidad por que la Fiscalía haya tardado
casi cuatro años en tomar una decisión sobre hechos tan aparentemente
sencillos y haya visto alumbrada su imaginación jurídica por la divina
providencia en fechas tan señaladas como las actuales. (...)
Nos encontramos ante un caso cuyo precedente más obvio por conocido
hay que buscarlo en un Estado muy diferente al nuestro, la Rusia de
Putin. Allí un grupo de mujeres, conocido como las Pussy Riot, entró en una catedral
en una protesta política contra el Gobierno de Putin y la complicidad
de la jerarquía cristiana ortodoxa.
Maria Alyokhina, Nadezhda
Tolokonnikova y Yekaterina Samutsevich fueron condenadas en agosto de
2012 a dos años de prisión.
El escándalo internacional que se armó fue notable. Por una vez,
organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales coincidieron
en la denuncia de la sentencia por ser un intento de silenciar y
castigar la disidencia política.(...)
Putin ha convertido la fe ortodoxa es una de las fuerzas legitimadoras
de su control de la política rusa desde hace una década. El
enaltecimiento del orgullo ruso obliga a aumentar los privilegios de la
jerarquía ortodoxa y su influencia social. (...)
Cambiando la primera palabra y quitando la palabra ‘rusa’, nos
encontramos con que las diferencias con España empiezan a ser de matices
gracias a la Fiscalía de Madrid. Aquí también se sostiene desde los
presuntos defensores de la ley (siempre hay que utilizar la palabra
‘presunto’ en las noticias de tribunales) que las personas que
protagonizaron esa ofensa a las creencias religiosas son un peligro para
la convivencia social, de ahí que merezcan tal castigo.
La irrupción en la capilla de la Complutense fue un acto de
disidencia política para denunciar en este caso la existencia de centros
de culto en una universidad pública. No era un ataque al hecho de que
haya iglesias, pero sí a que se utilicen fondos públicos para sostener
su existencia en un Estado que dice ser aconfesional.
Si los estudiantes
católicos de esa universidad quieren asistir a una misa pueden hacerlo
en las muchísimas iglesias que existen en Madrid, pero no tienen derecho
a exigir que haya una capilla en su centro de estudios. Si fuera así,
todo el personal de empresas con alto número de trabajadores podría
exigir lo mismo. Dudo de que la legislación laboral reconozca ese
‘derecho’.
En relación a los gritos y las tetas (destacaría el “menos rosarios y
más bolas chinas” por ser muy dadaísta), es seguro que eso supuso un
fuerte malestar a los ocupantes de la capilla, pero eso no justifica que
se emplee el poder de los tribunales para encarcelar a los
responsables. Como hay que repetir siempre en estos casos, que algo
pueda ser censurable moral o políticamente en función de las ideas de
cada uno, no quiere decir que tenga que ser censurable penalmente.
Al
menos en una democracia liberal, más o menos desde que se aprobó la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los países occidentales
decidieron aplicarla en sus legislaciones. Repitan conmigo: los actos de
disidencia política no se castigan con prisión, excepto en la Rusia de
Putin y otros lugares aún menos recomendables. (...)
No quiero dar ideas, pero en la lectura de la sentencia de las Pussy
Riot Tolokonnikova llevaba una camiseta con la inscripción en español
“No pasarán”.
No ocurre todos los días que nos den lecciones desde Rusia con unos pocos años de antelación." (Guerra eterna, 16/06/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario