"El hecho de que la corriente principal de la izquierda en Europa
continúe creyendo, con notables excepciones, que es posible reformar la
Unión Monetaria Europea (y la Unión Europea) para que tome una senda más
progresista y transformarla en una democracia supranacional de pleno
derecho es uno de los misterios más desconcertantes de nuestra época
(aunque tratemos de ofrecer una explicación aquí). (...)
Esta es la razón por la que me sorprendió leer un trabajo reciente,
encargado por el eurodiputado del Sinn Féin Matt Carthy y escrito por la
asesora del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica-GUE/NGL Emma Clancy, titulado The Future of the Eurozone (El futuro de la Eurozona).
El documento es innovador, en el sentido de que tiene el extraño mérito de centrarse en la disfunción estructural de
la Eurozona (desde una perspectiva progresista, al menos) en vez de
simplemente discutir las políticas disfuncionales posteriores a la
crisis que han estado llevando a cabo las instituciones y gobiernos
europeos desde hace ya casi una década, y de las que la izquierda
europea ha estado despotricando durante el mismo tiempo. No se trata de
una diferencia insignificante. (...)
El documento hace eso exactamente, analizar detalladamente por qué el problema es, de hecho, el propio euro (y
en menor medida la UE), y no únicamente las políticas que normalmente
se relacionan con este, y por qué las tribulaciones de Europa no se
pueden explicar simplemente en función de la orientación política
conservadora de los principales Estados miembros,como los
integracionistas a menudo discuten.
En primer lugar, la austeridad no se
materializó simplemente tras el estallido de la llamada “crisis del
euro”, y no fue creada por el Pacto Fiscal; está incluida en los
tratados, lo que significa que la propia arquitectura de la Eurozona
dejaba que los países se enfrentaran a un déficit externo –en sí mismo
consecuencia de la liberalización de los flujos financieros
transfronterizos institucionalizados en la arquitectura de la UME, tal y
como lo reconoció incluso el vicepresidente del BCE, Víctor Constâncio–
sin alternativa excepto la austeridad y la devaluación interna como
única respuesta posible a un impacto externo como el de 2009 y años
posteriores.
Si la austeridad está incluida en los tratados, se deduce
que “derrotar a la austeridad” requeriría la modificación de los
tratados, que, como sabemos, es poco menos que imposible.
Asimismo, la
austeridad arraigada es solo un aspecto del problema: todo el manual
neoliberal –prohibición de políticas industriales, libre circulación de
capital, liberalización financiera, etc.– está implantado en la propia
estructura de la Unión Europea.
En segundo lugar, es cierto que las políticas de la UE y la Eurozona
las deciden, en gran medida (aunque no exclusivamente), los gobiernos de
cada país. En este sentido, sería muy simplista entender las políticas
de la UE como una vulneración de la autonomía de los estados-nación por
parte de un impreciso “establishment europeo”.
Sin embargo, la
cuestión que a menudo se pasa por alto es que tener una institución
externa o “independiente” –como el BCE, la Comisión Europea, etc.– a la
que trasladar la responsabilidad de las políticas impopulares,
declarando que “es la voluntad de Europa”, constituye una herramienta
muy útil en manos de las élites nacionales con el objetivo de imponer
políticas que siempre habían deseado implementar (contención salarial,
desregulación del mercado laboral, etc.), pero que les habría supuesto
muchas más dificultades poner en march si hubieran sido políticamente
responsables de sus decisiones.
En Italia, la frase ‘Ce lo chiede l’Europa’ (“Lo pide Europa”) incluso ha entrado a formar parte de nuestra cultura popular por lo habitual que es.
Esto nos lleva al tercer punto: si la UE es una poderosa herramienta para que los partidos dirigentes de todos los países pongan
en marcha políticas clasistas que favorecen a las empresas, también es
un útil muy potente para presionar a cualquier gobierno que se mantenga
al margen y se atreva a desafiar las políticas institucionales, por no
mencionar a cualquier gobierno de izquierdas que tenga la suerte de
llegar al poder.
Y esto lo vimos muy claramente en Irlanda, en 2010,
cuando el BCE amenazó con cortar la liquidez a menos que aceptara
recibir un rescate financiero; en Italia, en 2011, “cuando las élites
europeas obligaron a Silvio Berlusconi a abandonar su cargo a favor de
Mario Monti sin elecciones de por medio”, tal y como recordaba
cándidamente un reciente artículo del Financial Times,
convirtiendo su destitución en la condición previa para que los bonos y
bancos italianos siguieran recibiendo la ayuda del BCE; y, por supuesto,
en Grecia, en 2015, cuando el BCE, en efecto, cortó la liquidez de
emergencia que daba a los bancos griegos para meter en cintura al
gobierno de SYRIZA y obligarle a aceptar las condiciones del tercer
rescate financiero.
Estos episodios, quizá más que cualquier otra cosa,
arrojaron luz sobre la desconsideración de la UE hacia la democracia y
la voluntad popular –hasta el punto de que es muy cuestionable el
considerar que los países de la UME son democracias según la
interpretación tradicional del término. Tal y como escribe Clancy: “La
capacidad de negar crédito a gobiernos elegidos proporciona al BCE,
organismo no elegido ni obligado a rendir cuentas, una enorme cantidad
de poder para imponer sus propias políticas en países que necesitan de
ayuda”.
A este respecto hay pocas razones para creer que si se eligiera
un gobierno de izquierdas en un país más relevante dentro del sistema,
como España o Italia, no se le dedicaría el mismo trato que a Grecia.
En
última instancia, lo único que verdaderamente daría libertad de acción a
un gobierno de izquierdas dispuesto a enfrentarse a la UE es la
predisposición, en nombre de ese país, para dejar la Eurozona
unilateralmente (que es de lo que precisamente carecía SYRIZA). (...)
Por supuesto, desde un punto de vista puramente teórico, la Eurozona
podría transformarse, sin duda, en una unión política, fiscal y factible
–al menos en términos económicos–, permitiendo a la UME en conjunto
gestionar los déficits presupuestarios, con el apoyo del BCE, mediante
la emisión de eurobonos, el establecimiento de transferencias fiscales
sustanciales y permanentes desde las regiones/países más ricos a los más
pobres, etc.
A menudo se afirma que si la izquierda no ha logrado estos
cambios es por el desfavorable equilibrio de fuerzas dentro de Europa.
Esto, sin duda, ha influido. Pero detengámonos un momento a pensar
acerca de lo que una reforma institucional de esta envergadura
implicaría: que en todos los países de la Unión alcanzaran el poder
gobiernos de izquierdas más o menos al mismo tiempo --hemos visto lo que
ocurre cuando un país intenta hacerlo de forma aislada--, dado que la
única forma de modificar los acuerdos es mediante la unanimidad en el
Consejo. Ahora bien, no hace falta ser especialmente pesimista para
saber que eso nunca sucederá.
Aún más importante, sin embargo, es un punto minimizado por
prácticamente todos los integracionistas progresistas, y que el
documento de Clancy tiene la ventaja de subrayar, y es que incluso si
fuera posible aplicar esas reformas económicas en la UME, serían
“totalmente indeseables desde una perspectiva de izquierdas por el hecho
de que una mayor integración económica, fiscal y política requiere
contrapartidas inaceptables en la capacidad de la gente de participar en
el proceso de toma de decisiones de forma democrática a escala local y
nacional”, lo que derivaría en un debilitamiento radical del control
popular.
En última instancia, una reforma progresista de la UE/UME no
solo es imposible a efectos prácticos –como han reconocido un creciente
número de analistas tan ilustres como Joseph Stiglitz, Paul De Grauwe y
otros–, sino también indeseable en términos democrático-populares.
¿Qué supone esto a efectos prácticos para los movimientos y partidos
europeos de izquierda? Por supuesto, sería muy ingenuo sugerir que todos
ellos deberían empezar a hacer campaña en sus respectivos países para
dejar el euro mañana, tal y como reconoce Clancy.
Hay una resistencia
profundamente arraigada entre los ciudadanos que hay que tener en
cuenta, por no mencionar las complejas cuestiones técnicas que hay que
superar. De este modo, a corto plazo, la clave es resistirse a cualquier
renuncia adicional de la soberanía nacional respecto a la UE y a
cualquier aumento y expansión de la Eurozona.
Otra importante propuesta
que expone Clancy, y que todos los movimientos y partidos de izquierdas
deberían apoyar, es el establecimiento de un mecanismo legal y viable
para países que deseen salir de la Eurozona: un Artículo 50 para la Zona
Euro, por así decirlo.
En términos más generales, es crucial para la
izquierda europea empezar a entablar un debate sincero acerca de la
soberanía nacional en el contexto de una UE y una Eurozona
irreformables, especialmente desde que ya se ha iniciado una
renacionalización de políticas, nos guste o no.
La pregunta es si la
izquierda quiere dejar ese campo de batalla en manos de la derecha y la
extrema derecha o si quiere dirigir ese proceso por una senda
progresista.
Un paso positivo en esta dirección es la declaración de un Plan B
firmada por representantes de Podemos, La France Insoumise, Die Linke,
el Bloco de Esquerda portugués y otros, que afirman que, si falla el
plan de transformar la UE en una zona de cooperación democrática y
solidaria, entonces habría que establecer “un nuevo sistema de
cooperación europea basado en la restauración de la soberanía económica,
fiscal y monetaria, la protección de la democracia y los derechos
sociales y la justicia social… El fetichismo de las instituciones de la
UE o una moneda específica no puede prevalecer sobre el interés
concreto de los pueblos. Desde luego que no." (Thomas Fazzi, CTXT, 13/12/17. Este texto está publicado en Social Europe)
"Como alternativa a la salida del euro y para conseguir la soberanía financiera:
europeseta electrónica
Existe una descripción con mucho humor, de economía-ficción,
sobre los beneficiosos efectos que se producirían si en Italia, el gobierno
impusiera una moneda digital (allá por el 2020), para salir de la quiebra
económica y política a la que la permanencia en el euro habría llevado al país. El objetivo se conseguiría rápidamente.
Los únicos perjudicados, los
especuladores de la deuda. Ver: J. D. Alt: ‘Europa,
2020: una ucronía iluminadora’. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5467 )
Los artículos de Juan José R. Calaza (Juan José Santamaría y Juan Güell) muestran con
gran claridad las ventajas de una europeseta electrónica de circulación interna:
Para entender la europeseta electrónica. Qué es y, sobre todo, qué no es. Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2012/12/02/entender-europeseta-electronica/720458.html
Para salir de la crisis sin salir del euro: España
debe emitir europesetas (electrónicas). Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2011/11/27/salir-crisis-salir-euro-espana-debe-emitir-europesetas-electronicas/601154.html
Las europesetas electrónicas, complementarias al euro, estimularán el crédito sin efectos colaterales perversos. Enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165815
Juan Torres insiste en que es necesario emitir una moneda complementaria al euro. Sus artículos:
Marear la perdiz. Enlace: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/08/andalucia/1360327224_588117.html
Hay alternativas, incluso dentro del euro.
Enlace: http://juantorreslopez.com/publicaciones/hay-alternativas-incluso-dentro-del-euro/
Más información en: 'Si Grecia, España, o
Andalucía emitiesen una moneda digital, respaldada por la energía solar
instalada en sus tejados, alcanzarían la soberanía financiera. La de dar
créditos a familias y empresas': http://comentariosdebombero.blogspot.com.es/2014/06/si-una-autonomia-o-una-gran-ciudad.html
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