"¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió? (...)
Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. (...)
-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros
fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que
existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo
parecido.
¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho
durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba
para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.
La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario.
Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos
cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin
embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo:
esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.
Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008
ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas
ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven
carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (...)
No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos:
hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la
sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el
disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial
porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.
Tanto les gustan las universidades a los políticos
que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido
históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos
comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el
PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.
Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución
española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos
relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA
(art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA
(como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros).
La más
importante de ellas es la financiación: según un informe del
Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el
60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las
universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe
8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben
4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político
es una cuestión de supervivencia.
-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas
entre cajas y universidades.
En las cajas de ahorros, debido a su
finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA,
ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos
colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los
representantes de los impositores? Durante mucho tiempo, tuve mis
ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como
impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo.
Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante
quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo.
Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que
teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.
Algo parecido ocurre con el gobierno
interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un
instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad
atienda una pluralidad de intereses.
En la práctica, la falta de
rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la
universidad sean más los intereses privados de los representantes que
los intereses difusos de los representados.
-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español.
Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las
universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores
consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores
'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida.
Mientras tanto, hay
un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura
teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en
la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los
contratos temporales en el resto del mercado laboral.
No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes
fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora
titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso
más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder
que acumulan algunos catedráticos.
Algunas relaciones son casi de
vasallaje. Producía bastante repulsión que el director del máster de
Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque
un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de
explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio,
él no tiene responsabilidad legal alguna. (...)
En definitiva, sí creo que las universidades son, en
varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien
entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de
universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un
sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a
intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.
Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema
universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que,
en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de
nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo
económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como
en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles." (Isidoro Tapia, El Confidencial, 10/04/18)
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