"Un total de 170 familias del barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife,
han recibido en las últimas semanas cartas en las que se les comunica
el fin de sus contratos de alquiler y que en consecuencia han de abandonar las viviendas que habitan. Las misivas han sido enviadas por el fondo de inversiones Luri 6, que no acepta el pago de las rentas bajas que satisfacían hasta ahora los inquilinos.
Los afectados habitan dos bloques de pisos en uno de los barrios más
humildes y con mayores problemas de la ciudad. Un 70% de ellos recibe
algún tipo de ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, sin otra
alternativa de vivienda o alquiler, que en muchos casos es sufragado por la propia corporación local.
El fondo propietario de las viviendas colocó en las puertas de los
edificios carteles con el aviso de que “ya no se alquilan”, retirados
cuando los medios de comunicación se interesaron por el asunto.
Yanira González, de 29 años, vive en uno de las viviendas afectadas
junto con sus cuatro hijos y su pareja, Manuel Martín. Es desempleada, y
el Ayuntamiento le abonaba 10 mensualidades del alquiler (265 euros al
mes) mientras ella costeaba de su bolsillo los dos restantes. Pero al
llegar al final del contrato, en septiembre, la propiedad no le ha
querido renovar. “Tengo incertidumbre por lo que va a pasar, no tengo a
dónde ir”, explica.
Se queja además de que cuando aceptó este alquiler
le hicieron renunciar a una vivienda social, donde llevaba 11 años en
lista de espera, y ahora se ve en la calle.
Mari Paz García, de 38 años, llevaba cuatro y medio viviendo
en este bloque. “La empresa dejó de cobrarme los recibos, y mientras no
me elaboraban el nuevo contrato, yo dejé de abonarles la mensualidad
durante unos meses”, explica.
Cuenta que entonces envió correos electrónicos a la inmobiliaria solicitando regularizar su situación,
pero no obtuvo respuesta. Solo en una ocasión lo hicieron y fue para
pedirle un alquiler de 900 euros mensuales, casi el doble de lo que
pagaba, a lo que se negó. Ahora le ha llegado la citación judicial de
desahucio y ni siquiera sufragando las cantidades atrasadas —a lo que
está dispuesta—, la propiedad accede a dejarla en el piso. El juicio se
celebrará el próximo 15 de octubre.
“No podemos permitir”, manifiesta el alcalde de Santa Cruz, José
Manuel Bermúdez, “que unos fondos de inversión dejen de alquilar unas
viviendas para luego venderlas porque se crea un problema social y
además no hay razón para no seguir alquilándolas, porque las familias
quieren pagar”. Bermúdez se reunió ayer con los responsables de la
entidad propietaria para intentar detener los desahucios y pedirles que
cesen las llamadas telefónicas a los vecinos instándoles a que se
marchen. “Les he planteado que hay que buscar algún tipo de acuerdo y la
respuesta por ahora es que tienen buena voluntad”, especifica el
alcalde.
Aunque la mayoría de quienes habitan las viviendas
pagan su alquiler, se dan también situaciones de ocupación. Es el caso
de Eloína Perera, una joven de 28 años, con dos hijos de 11 y 8 años,
con el padre de los niños cumpliendo condena de nueve años en prisión y
su última pareja detenida después de denunciarla por malos tratos.
“Estoy con depresión, sin ganas de nada”, reconoce en el portal del
edificio. Y muestra los mensajes de Whatsapp que le han enviado en los
últimos meses en relación al piso, donde incluyen el ofrecimiento de una
cantidad económica para marcharse “El inversor le reclamará una
indemnización por ocupación ilegal además de sacarle de la vivienda. Le
van a desalojar sí o sí. Podemos darle 300 euros Eloina”." (Octavio Toledo, El País, 05/10/18)
No hay comentarios:
Publicar un comentario