"I. (...) Si exceptuamos tres años (1933–1936) durante la II República
–reconocimiento del voto a las mujeres–, España nunca había tenido
democracia. (...)
II. ¿ Por qué fue posible la Constitución de 1978? Porque no es cierto que a la muerte del dictador llegara la democracia a España. Hubo un Gobierno Arias Navarro, cuyo presidente fue confirmado dos veces por el Monarca, que pretendió perpetuar la dictadura bajo otras formas.
A veces se olvida que en 1976 –sin Franco– el Tribunal de Orden Público incoó más procedimientos (4.795) que en años anteriores, los partidos y sindicatos siguieron fuera de la ley y el derecho de huelga era delito de sedición.
¿Qué hizo entonces necesario y posible que el Jefe del Estado destituyera a Arias al que había confirmado meses antes? Pues que la relación de fuerzas había cambiado gracias a la movilización social, en la que jugaron un papel destacado, entre otros, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España.
En los tres primeros meses de 1976 hubo 17.731 huelgas, con 150 millones de horas de trabajo perdidas o ganadas, según se mire. Fue una auténtica galerna de huelgas de la que habla Areilza en sus memorias; cuando Arias reconoce que la Universidad está fuera de control y se producen las multitudinarias manifestaciones por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía.
Los colegios profesionales, los barrios populares, sectores de la prensa o de sacerdotes obreros, son un hervidero de protestas e incluso se abren grietas en la judicatura (Justicia Democrática) y las Fuerzas Armadas (la UMD). Es este movimiento el que hace inviable la continuidad de la dictadura y despeja las avenidas de la libertad. Por eso se puede decir que el dictador murió en la cama pero la dictadura feneció en la calle.
III. Esa movilización también explica por qué el Gobierno Suárez convoca primero a CC OO y UGT con el fin de alcanzar un Pacto Social que, de lograrse, habría hecho innecesario, para el poder, un pacto político.
Y por eso mismo, ante la negativa de los sindicatos, sacrificando su protagonismo en aras de una solución política, se abrieron paso los Pactos de la Moncloa, decisivos para estabilizar el país –con una inflación del 26%–, se crearon las condiciones de un proceso constituyente –que no estaba garantizado– y se parió la Constitución de 1978.
IV. Una Constitución producto de la movilización ciudadana y del pacto, de una determinada relación de fuerzas y de necesidades estratégicas de la nación: ingreso en la Comunidad Europea, el cierre de la era de las guerras civiles y del aislamiento internacional. No fue, pues, una Constitución otorgada como aquel Estatuto Real de 1834 a la muerte de Fernando VII.
Por el contrario, fue una Constitución muy peleada y válida para todos, en la que por primera vez en nuestra historia se recoge una recopilación de derechos fundamentales invocables directamente ante los tribunales.
Así, entre otros, los derechos de expresión, de reunión y asociación; a la igualdad; a la educación universal; a la libertad sindical y el derecho de huelga; la aconfesionalidad del Estado. Sin olvidar que los sindicatos, a diferencia de otras constituciones que ni los mencionan, aparecen en el Título Preliminar, al mismo nivel que los partidos, la forma de Estado, la bandera o la lengua.
Una Constitución que no se define como “liberal” sino como un “estado social y democrático de derecho”, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Conviene recordar que cuando la izquierda aceptó la monarquía –de lo contrario se habría truncado el proceso– no fue cualquier monarquía.
Era una monarquía parlamentaria, en la que la soberanía reside en el pueblo español “del que emanan todos los poderes del Estado”, incluyendo el del Jefe del mismo, cuyos actos son inválidos si no están refrendados.
Es decir, un monarca que es símbolo pero que no gobierna. Considerar que la monarquía –aparte de las ideas republicanas que uno tiene– es sinónimo de insuficiencia democrática no es tesis rigurosa en una Europa con países como Suecia, Noruega, Dinamarca u Holanda que son monarquías y se cuentan entre los más avanzados socialmente del mundo.
V. Por eso me resulta deprimente, y supone un error estratégico, que haya sectores progresistas que no valoren y reivindiquen la Constitución de 1978 como algo suyo, como producto del empuje popular, como si fuese obra de unas élites y de fuerzas conservadoras. La movilización la puso la izquierda, hubo no pocas víctimas y se pactó la Constitución que preside los mejores años de nuestra historia.
II. ¿ Por qué fue posible la Constitución de 1978? Porque no es cierto que a la muerte del dictador llegara la democracia a España. Hubo un Gobierno Arias Navarro, cuyo presidente fue confirmado dos veces por el Monarca, que pretendió perpetuar la dictadura bajo otras formas.
A veces se olvida que en 1976 –sin Franco– el Tribunal de Orden Público incoó más procedimientos (4.795) que en años anteriores, los partidos y sindicatos siguieron fuera de la ley y el derecho de huelga era delito de sedición.
¿Qué hizo entonces necesario y posible que el Jefe del Estado destituyera a Arias al que había confirmado meses antes? Pues que la relación de fuerzas había cambiado gracias a la movilización social, en la que jugaron un papel destacado, entre otros, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España.
En los tres primeros meses de 1976 hubo 17.731 huelgas, con 150 millones de horas de trabajo perdidas o ganadas, según se mire. Fue una auténtica galerna de huelgas de la que habla Areilza en sus memorias; cuando Arias reconoce que la Universidad está fuera de control y se producen las multitudinarias manifestaciones por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía.
Los colegios profesionales, los barrios populares, sectores de la prensa o de sacerdotes obreros, son un hervidero de protestas e incluso se abren grietas en la judicatura (Justicia Democrática) y las Fuerzas Armadas (la UMD). Es este movimiento el que hace inviable la continuidad de la dictadura y despeja las avenidas de la libertad. Por eso se puede decir que el dictador murió en la cama pero la dictadura feneció en la calle.
III. Esa movilización también explica por qué el Gobierno Suárez convoca primero a CC OO y UGT con el fin de alcanzar un Pacto Social que, de lograrse, habría hecho innecesario, para el poder, un pacto político.
Y por eso mismo, ante la negativa de los sindicatos, sacrificando su protagonismo en aras de una solución política, se abrieron paso los Pactos de la Moncloa, decisivos para estabilizar el país –con una inflación del 26%–, se crearon las condiciones de un proceso constituyente –que no estaba garantizado– y se parió la Constitución de 1978.
IV. Una Constitución producto de la movilización ciudadana y del pacto, de una determinada relación de fuerzas y de necesidades estratégicas de la nación: ingreso en la Comunidad Europea, el cierre de la era de las guerras civiles y del aislamiento internacional. No fue, pues, una Constitución otorgada como aquel Estatuto Real de 1834 a la muerte de Fernando VII.
Por el contrario, fue una Constitución muy peleada y válida para todos, en la que por primera vez en nuestra historia se recoge una recopilación de derechos fundamentales invocables directamente ante los tribunales.
Así, entre otros, los derechos de expresión, de reunión y asociación; a la igualdad; a la educación universal; a la libertad sindical y el derecho de huelga; la aconfesionalidad del Estado. Sin olvidar que los sindicatos, a diferencia de otras constituciones que ni los mencionan, aparecen en el Título Preliminar, al mismo nivel que los partidos, la forma de Estado, la bandera o la lengua.
Una Constitución que no se define como “liberal” sino como un “estado social y democrático de derecho”, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Conviene recordar que cuando la izquierda aceptó la monarquía –de lo contrario se habría truncado el proceso– no fue cualquier monarquía.
Era una monarquía parlamentaria, en la que la soberanía reside en el pueblo español “del que emanan todos los poderes del Estado”, incluyendo el del Jefe del mismo, cuyos actos son inválidos si no están refrendados.
Es decir, un monarca que es símbolo pero que no gobierna. Considerar que la monarquía –aparte de las ideas republicanas que uno tiene– es sinónimo de insuficiencia democrática no es tesis rigurosa en una Europa con países como Suecia, Noruega, Dinamarca u Holanda que son monarquías y se cuentan entre los más avanzados socialmente del mundo.
V. Por eso me resulta deprimente, y supone un error estratégico, que haya sectores progresistas que no valoren y reivindiquen la Constitución de 1978 como algo suyo, como producto del empuje popular, como si fuese obra de unas élites y de fuerzas conservadoras. La movilización la puso la izquierda, hubo no pocas víctimas y se pactó la Constitución que preside los mejores años de nuestra historia.
Ello no quiere decir que
después de 40 años la Carta Magna no requiera reformas, especialmente en
el tema territorial y social, pero sería un error plantear un proceso constituyente, cuyo previsible resultado sería peor que el actual."
(Nicolás Sartorius, cofundador del sindicato de trabajadores Comisiones Obreras (CC. OO.) y miembro del Secretariado, el Comité Ejecutivo y el Comité Central del Partido Comunista de España (PCE). El País, 06/12/18)
"40 años de la Constitución Española: pudo ser peor.
(...) El retrato que se ha hecho de su nacimiento ha acentuado los rasgos más favorecedores —consenso elevado al cubo— y tapado algunas de sus circunstancias, como que se elaboró sin contar con ninguna mujer —por padres fundadores— bajo el runrún de los sables, y sin el voto afirmativo del Partido Nacionalista Vasco. Independientemente de esa lectura integrada, a la visión apocalíptica respecto al texto aprobado entonces solo se le puede contraponer un hecho: que pudo haber sido peor.(...)
"40 años de la Constitución Española: pudo ser peor.
(...) El retrato que se ha hecho de su nacimiento ha acentuado los rasgos más favorecedores —consenso elevado al cubo— y tapado algunas de sus circunstancias, como que se elaboró sin contar con ninguna mujer —por padres fundadores— bajo el runrún de los sables, y sin el voto afirmativo del Partido Nacionalista Vasco. Independientemente de esa lectura integrada, a la visión apocalíptica respecto al texto aprobado entonces solo se le puede contraponer un hecho: que pudo haber sido peor.(...)
Un 6 de diciembre el referéndum sobre el texto constitucional salía aprobado por una mayoría del 87,8% de los votos emitidos.
La abstención fue inferior al 33%, aunque significativamente la
consulta sobre la Constitución se perdió en País Vasco y el interés fue
escaso en Galicia.
En el caso de Galicia, la abstención fue achacada al
poco apego de Alianza Popular —preponderante en las cuatro provincias—
por el texto finalmente aprobado.
El 31 de octubre, el partido de Manuel Fraga había
optado por apoyar el proyecto que se enviaría a referéndum —pese a su
voto en contra al Capítulo VIII —“De la Organización Territorial del
Estado”—, pero hubo votos separados en contra del texto íntegro-.
El
hecho que parte de AP —con solo 16 diputados en aquella legislatura
constituyente— se desmarcase de la propuesta de texto, indica hasta qué
punto el proyecto, que durante meses había funcionado en las coordenadas
de la llamada entonces “mayoría natural” de la derecha, formada por UCD
y Alianza Popular, había sido aceptado por el PSOE y por el PCE. (...)
Como se ha reclamado desde los dos principales partidos progresistas, la
Constitución aprobada incluyó avances en educación, reconocimiento de
derechos de las mujeres —lo que estaba en juego en primer lugar era el
divorcio—, de descentralización y de libertades públicas (...) avances que la mayoría conservadora del hemiciclo estaba lejos de querer
asumir.
Los otros partidos de la izquierda parlamentaria se dividieron
entre la abstención de Esquerra de Catalunya (ERC no pudo recuperar sus
siglas históricas hasta después de 1978) y el ‘no’ del diputado de
Euskadiko Ezkerra. (...)
La Constitución se llevaría a referéndum haciendo partícipe al pueblo
solo en esa última instancia. Más en reservados de restaurantes que en
debates abiertos, en cenas con invitados y animadores escogidos, que en
las asociaciones de vecinos o las puertas de las fábricas.
Sin embargo, la presión de estos espacios políticos
alcanzó objetivos en términos de derechos sociales en un contexto
internacional que, dominado por Estados Unidos, ya había marcado con una
X la experiencia y las conquistas de la Constitución portuguesa de
1976, una bella experiencia que con el tiempo perdería parte de su
lírica revolucionaria.
Como explicó Gerardo Pisarello en Un largo Termido r
“El reconocimiento de derechos y libertades [en la Constitución
española] era amplio, si bien el grueso de los derechos sociales ocupaba
un papel devaluado en relación con el resto de derechos”. Las leyes de
Seguridad Ciudadana, entre otras, marcarían claramente las líneas
generales de interpretación de esos derechos sociales.
La integración del contenido relativo al trabajo fue una consecuencia de
las conquistas de los sindicatos independientes y las formas de
autogestión en fábricas y centros de trabajo.Esto se explicitó en el
reconocimiento de libertad sindical, derecho de huelga y negociación
colectiva, aunque la presión de la patronal empresarial y bancaria
limitó tanto las posibilidades de huelga —se prohibió la llamada “huelga
política”— como la futura consecución de un modelo económico no
capitalista o para la puesta en marcha de una economía basado o amable
para los modelos cooperativos. (...)
Pese a la latente amenaza militar, y la más tangible entonces violencia y coacción fascista, que también se extenderían hasta el golpe del 23F,
en la negociación se arrancó la inclusión del término “nacionalidades”
en el artículo 2 del texto consolidado. Un sutil reconocimiento del —hoy
a debate— carácter plurinacional del Reino de España que, no obstante,
quedaba profusamente encajonado por las numerosas cautelas incluidas en
el mismo texto. (...)
Convertida en objeto de culto y pretexto para celebraciones, la
Constitución de 1978 es la consecuencia de un deseo de reconciliación
nacional que, mucho antes había abanderado el PCE, entonces la
organización más numerosa y estructurada presente en todo el territorio.
Pero ni toda la izquierda estaba en el PCE, ni todos entre los
comunistas pretendieron que la Constitución fuera algo más allá de la
situación derivada de la correlación de fuerzas o de la visión del
secretario general Carrillo.
Las fuerzas de derechas y extrema derecha tardarían aún otros tres
años más en aceptar —aunque fuera temporalmente— las transacciones que
sus representantes electos entendieron como necesarias. El edificio lo
sostuvieron una UCD en caída y el PSOE, encargado de las tareas de
albacea en los años clave 1982-1992.
El adjetivo “constitucionalistas”
comenzó a ser utilizado más adelante como barrera contra un supuesto o
no “anticonstitucionalismo” invocado al gusto del consumidor.
Muchos apocalípticos no tardarían en integrarse. Pronto se comprobó
también que la Constitución seguía siendo susceptible de ser empeorada,
bien a través de la interpretación que de ella hacía y ha hecho el
Tribunal Constitucional, bien por los poderes legislativos, amparados en
la ambivalencia calculada del texto, y en el consenso general de que
solo ofrece “pautas inspiradoras de la acción legislativa”. El derecho a
la vivienda, artículo 47, es prueba de la escasa inspiración que emana
de sus páginas 40 años más tarde.
“Quienes más celebran hoy la vigencia y supuesta buena salud de la
Constitución del 78 son justamente quienes menos desean que la cultura
garantista del constitucionalismo democrático rija la actuación de los
poderes públicos.
Su Constitución imaginaria es simplemente un marco de
reconocimiento de instituciones que quieren que valgan como
preconstitucionales, situadas más allá de toda disposición colectiva,
como la Monarquía, la integridad de la patria o la economía de mercado,
un un marco de reglas procedimentales mínimas que en nada limiten la
actividad de unas cúpulas políticas completamente satelizadas por
poderes económicos”, concluyen Sebastián Martín y Rafael Escudero Alday,
coordinadores de Fraude o Esperanza. (...)
Hoy cuesta ver cómo articular un proceso que no desande esos caminos y que aspire a mejorar lo que pudo ser peor. (...)" (Pablo Elorduy, El Salto, 06/12/18)
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