"El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será el primero de
la historia de España que además de cuadrar sobre el papel los
Presupuestos Generales del Estado vaya a verse obligado a hacer casar en la práctica el resultado de gestionar esas cuentas con los límites que impone la ley: el pasado 1 de enero entró en vigor la polémica, por austericida, reforma del artículo 135 de la Constitución por
la que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy
impusieron, con el único apoyo de los foralistas de UPN, topes al
déficit y al endeudamiento de las administraciones.
La aplicación de la reforma incluye la paradoja de que
en el primer Ejecutivo que va a tener que asumirla, que afronta retos
como reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros y rebajar la deuda pública
en más de medio billón, vaya a haber ministros de Podemos y de IU, las
dos formaciones políticas que mayor oposición han mostrado a ese cambio
de normas: los morados abogan por suprimirla e Izquierda Unida por que el gasto social pase a ser prioritario frente a la amortización y el pago de intereses de la deuda.
La modificación de la Carta Magna, la segunda que sufre el texto tras la que en 1992 reconoció a los ciudadanos comunitarios el derecho a votar y ser votados en las elecciones locales, fue aprobada en un vertiginoso proceso de apenas dos meses entre julio y septiembre de 2011 (...)
Esa reforma, además de obligar a ayuntamientos, comarcas y diputaciones a
“presentar equilibrio presupuestario”, imponía a la Administración
central del Estado y a las comunidades autónomas el “principio de
estabilidad presupuestaria”, que consiste en limitar el “déficit estructural máximo permitido” y en poner un tope al endeudamiento público
que solo pueden superar en caso de “catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación
financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas
por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados”. Todo, sin referencias a los eventuales efectos que una
regulación de ese tipo pueda tener en los servicios públicos que costean
los ciudadanos con sus impuestos. (...)" (Eduardo Bayona, Público, 10/01/20)
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