"Este viernes el Gobierno español de coalición del PSOE y Unidas Podemos
ha aprobado el decreto de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que crea por
primera vez un suelo de renta a nivel estatal para hogares en situación
de pobreza monetaria. Se trata de una decisión histórica por muchos
motivos.
En primer lugar, España constituía una anomalía en este sentido
dentro de la Unión Europea, como el único Estado carente de un programa
de estas características en todo su territorio.
En segundo lugar, el
IMV canalizará unos 3.000 millones de euros hacia los hogares más
desfavorecidos en términos de renta, incidiendo directamente sobre los
altos niveles de pobreza infantil y pobreza extrema de nuestro país.
En pocas ocasiones hemos visto una medida de transferencia
redistributiva tan intensa concentrada en un período de tiempo tan
corto.
En tercer lugar, aunque el IMV formaba parte del acuerdo del Gobierno
de coalición, la medida se toma en un momento endiabladamente
complicado, en mitad de la lucha contra una virulenta pandemia mundial y
de una grave crisis económica y social. Y lo que se ha aprobado va
incluso más allá de lo que dicho acuerdo recogía literalmente.
Finalmente, el diseño de la medida incluye aspectos innovadores en
nuestro sistema de protección social, como una condicionalidad laxa a
medidas de inserción y la compatibilidad con ingresos laborales y rentas
mínimas autonómicas. Es, por tanto, una excelente noticia para todos
aquellos que llevan décadas luchando por el establecimiento de una
garantía de ingresos mínimos en nuestro país, en línea con las
recomendaciones de numerosos organismos internacionales y de la Unión
Europea.
Se ha discutido, y previsiblemente se discutirá, si el IMV constituye
un avance suficiente y si no sería mejor aprobar una Renta Básica
Universal (RBU). Es obvio que con el IMV no se va a erradicar al 100% la
pobreza. Pero pensemos en el siguiente ejemplo: si el umbral de pobreza
monetaria es X, una prestación que garantizase X menos un euro por
persona equivalente reduciría la tasa de pobreza en cero puntos.
Lo más
importante, por tanto, es que el IMV constituirá un paso muy notable
para reducir la pobreza extrema y, sobre todo, la brecha de la pobreza,
esto es, la diferencia entre la renta media de los hogares pobres y el
umbral de la pobreza; hoy día, esa brecha es en nuestro país la más
amplia de la UE-15.
Muchos simpatizantes y estudiosos de la idea de la RBU hace tiempo
que llegaron a la conclusión de que la gradualidad y los pasos
intermedios serían necesarios para que algún país llegase algún día a
aprobar dicha medida. (...)
Hace unos cinco años, algunos estudiosos y activistas planteamos, a
grandes rasgos, esta teoría para España: en un contexto de crisis
económica y social, un programa de renta garantizada con condición de
ingresos por hogar, alta protección a la infancia, requisitos laxos de
activación y compatible con ingresos laborales bajos sería
económicamente asumible y podría superar muchas barreras de viabilidad
política, reunir el suficiente consenso político y social, y articularse
de forma relativamente rápida en las estructuras institucionales y
administrativas de nuestro Estado del Bienestar. Ése era, por tanto, el
objetivo viable e inmediato que había que perseguir.
Cinco años después,
no parece aventurado afirmar que esa teoría se ha demostrado correcta
en lo esencial.
Por el contrario, una teoría alternativa que lo fiase absolutamente
todo a la presión social de una minoría movilizada para conseguir una
RBU inmediata, sin contemplar gradualismos, está todavía por demostrar
(y no sólo en nuestro país). (...)
Sin duda, el debate sobre la RBU y el espacio creciente que ha
ocupado en la agenda pública durante los últimos años ha contribuido
sobremanera a que los avances en garantía de rentas puedan tener más
visibilidad y apoyo social y político. Los experimentos piloto con
programas de renta incondicional (no universal), algunos de los cuales
testan políticas de filosofía similar a la del IMV en algunos aspectos,
han arrojado evidencias muy útiles.
No así determinados discursos que,
bajo el paraguas de la defensa de la RBU, parecen minimizar o incluso
denigrar el avance que supone el IMV; a veces incluso,
sorprendentemente, con más acidez de la que dispensan a otras propuestas
que van en dirección contraria.
Calificar, por ejemplo, el IMV, de renta para pobres cosifica y estigmatiza lo que es un derecho ciudadano para personas que
no ‘son’ pobres, sino que sufren una situación, que puede ser temporal,
y que puede afectar a muchos hogares a lo largo del ciclo vital de sus
miembros. Acusar a quienes han logrado poner en marcha la mayor
transferencia de recursos a los hogares pobres de los últimos años de
falta de voluntad política o de cobardía es simplemente risible.
Pretender que si no se estampa con sello lacrado en un decreto-ley que
la RBU es el objetivo final todo avance hacia la misma es vano sería aceptar que las palabras valen más que las políticas.
Reducir la enorme complejidad de políticas y opciones posibles en términos de garantía de rentas a una pura dicotomía entre la pura RBU y las malvadas rentas condicionadas y para pobres
es un planteamiento que excluye la riqueza de información disponible,
en lugar de ampliarla. Negar las mejoras objetivas y palpables que el
IMV va a suponer para el bienestar de los más desfavorecidos,
simplemente porque no supone el gran salto revolucionario que algunos
pretenderían, es como hablar mal del desembarco de Normandía porque no
supuso la toma de Berlín.
Afirmar que cualquier programa de garantía de
rentas que no sea la RBU no funciona es un razonamiento
circular que ninguna metodología rigurosa de evaluación de políticas
públicas validaría (cuando está por ver que una RBU de cuantía similar
al IMV consiga funcionar en algún lugar). Ignorar que las
cuantías del IMV podrán ser complementadas por ingresos laborales y
otras prestaciones autonómicas es querer debatir con hombres de paja. (...)"
(José Antonio Noguera
. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, Agenda Pública, 29/05/20)
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