"(...) Mientras llenamos debates parlamentarios, telediarios, tertulias y
portadas de periódicos con una causa penal extraterrestre sobre el 8M
–que antes o después acabará en la papelera y que no tiene similitud en
ninguna parte del mundo–, han logrado durante semanas dejar en
la oscuridad el mayor horror humano de esta pandemia: lo ocurrido en las
residencias de mayores.
Y muy especialmente la gestión
protagonizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se
concentra el mayor número de muertes. Primero intentaron desviar toda la
responsabilidad al Ejecutivo central por la declaración del estado de
alarma, pese a que todo el mundo sabe que las competencias sobre
geriátricos y hospitales siguen siendo de cada comunidad autónoma. Para
bien o para mal.
Es un insulto a la inteligencia utilizar la autoridad
para fotografiarse junto a aviones cargados de mascarillas o para
presumir de lo logrado en el IFEMA y lavarse las manos cuando se trata
de explicar por qué no se medicalizaron las residencias en las que morían por miles ancianos y ancianas sin atención sanitaria.
Esta semana, en infoLibre, hemos publicado los documentos que
demuestran que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz, mienten cuando describen como “borrador” un Protocolo enviado a residencias y hospitales con “criterios de exclusión” que ordenaban no trasladar a mayores con determinadas patologías o grado de dependencia (ver aquí).
Y el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de
Ciudadanos), ha confirmado que advirtió a sus superiores de que ese
abandono de los residentes a su suerte no sólo era «indigno» sino que
suponía una “discriminación de graves consecuencias legales” (ver aquí).
La lectura de las distintas versiones del Protocolo deja en evidencia
el serial de falsedades y manipulaciones que Ayuso, con el asesoramiento
siempre osado y contundente del aznarismo, ha ido administrando en sede
parlamentaria y ante los medios. Pretende además confundir a la ciudadanía
mezclando lo que es una práctica deontológica reglada que corresponde
al personal médico (el llamado triaje que obliga a decidir por criterios
sanitarios a quién se intenta salvar la vida y a quién no) con lo que
ha sido una directriz política desde el gobierno autonómico que tuvo una
consecuencia tan trágica como incontestable: el 80% de los
fallecidos en marzo en residencias madrileñas no fueron derivados a
hospitales en aplicación de esos “criterios de exclusión” (ver aquí).
No aprendemos. Ni siquiera en mitad de una pandemia que ha puesto
patas arriba el mundo que conocíamos. Siguen tomándonos por imbéciles y
seguimos acumulando méritos para que se sientan cómodos en ese
ecosistema que abona la rueda permanente de la
provocación-respuesta-crispación-equidistancia. Intentan convertir el 8M de 2020 en un revisitado 11-M de 2004.
Si durante años alimentaron teorías conspiranóicas sobre unos atentados
que desde el primer minuto sabíamos que eran obra del terrorismo
yihadista, harán lo posible ahora para convertir una marcha feminista en una especie de aquelarre genocida.
Y para ello tanto les vale distorsionar los datos conocidos de la
epidemia aquel domingo como la influencia interna de un alto mando de la
Guardia Civil llamado Diego Pérez de los Cobos. (...)" (Jesús Maraña, InfoLibre, 06/06/20)
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