"Desde la Asociación Red MMT España, integrada por economistas críticos y
miembros de la sociedad de diversas profesiones comprometidos con la
divulgación de la Teoría Moderna de la Moneda, observamos con alarma el
colapso económico que está ocasionando la pandemia del virus COVID-19 y
las medidas de confinamiento decretadas por los Gobiernos de la mayoría
de los Estados del planeta.
En particular, las perspectivas para nuestro
país son causa de creciente preocupación. La perpetuación de las
doctrinas económicas actualmente dominantes dificulta la elaboración de
una respuesta política que esté a la altura del problema. La comprensión
de la realidad operativa de nuestro sistema monetario, tal y como es,
permite analizar los errores que se están cometiendo; así como proponer
soluciones acordes a la evidencia empírica. (...)
Este es el momento de ejercer con plenitud las capacidades del emisor de
la divisa estrechando la cooperación entre el Banco Central y los
Gobiernos. La respuesta a la pandemia no puede ser dirigida por aspectos
exclusivamente morales; se requiere emplear la aproximación de la
hacienda funcional que postula responder a una depresión económica con
una expansión suficientemente amplia del déficit público. (...)
La pandemia no tiene precedentes en la memoria de esta generación. Es
un fenómeno global, que ha golpeado con especial dureza a las economías
más frágiles de la Unión Europea. Un sistema sanitario debilitado por
más de diez años de políticas de austeridad parece haber contribuido a
que el impacto haya sido aún más fuerte en nuestro país.
A las consecuencias sanitarias de la pandemia, que ha dejado una
cifra de fallecidos sobrecogedora, se añade ahora un panorama económico
sombrío e incierto. (...)
La pandemia ha infligido un golpe inesperado a la economía global. Pero
serán las consecuencias duraderas del shock de demanda causado por la
pérdida de ingresos de muchas personas las que prolongarán las
dificultades si no se actúa con contundencia. (...)
Las primeras medidas de respuesta adoptadas por
el Gobierno de España se han demostrado escasas y cicateras. Se han
aprobado muchas medidas, quizás demasiadas, pero muy pocas de ellas
implican un incremento del gasto público neto. Las grandes cifras de los
titulares de prensa sobre los anuncios del Gobierno se deshinchan
cuanto se revisa la letra pequeña.
La pretensión de que avales, garantías y aplazamientos de impuestos
serán un incentivo para movilizar fondos ociosos o estimular el crédito
bancario resulta ingenua. El endeudamiento solo es razonable cuando los
empresarios tienen expectativas de beneficios o ingresos futuros para
devolverlos. En muchos negocios la demanda no se desplaza en el tiempo a
voluntad de empresarios y clientes. Estos ingresos simplemente se
desvanecerán y, por tanto, recurrir al crédito tiene poco sentido en
estas situaciones.
La herramienta de flexibilidad del mercado de trabajo conocida como
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido positiva
para impedir que se disparasen las tasas de desempleo. Pero, la
prolongación de las limitaciones a muchos negocios en sectores como el
turismo, la hostelería o el comercio, transformará esos ERTEs en
despidos permanentes.
Es una fantasía pretender que se puede inducir un coma a la economía y
despertarla dos meses después esperando que pueda ponerse en marcha
como si nada hubiese pasado. Relaciones que existían entre empleadores y
trabajadores; entre proveedores y clientes; entre acreedores y deudores
quizá ya no se restablezcan cuando volvamos a la nueva (sic) “nueva
normalidad”. Máxime cuando el entorno internacional es de depresión
profunda.
Si bien agradecemos los esfuerzos de algunos ministros con mayor
sensibilidad social por mejorar la atención a colectivos en situaciones
de precariedad y exclusión, pensamos que las medidas avanzadas resultan
insuficientes para muchas otras personas. Personas con historiales de
cotización a la Seguridad Social insuficientes o simplemente contratadas
irregularmente, prostitutas, temporeros extranjeros, manteros y tantas
más carecen de coberturas y medios de subsistencia. El hambre ha
empezado a asomarse en las ciudades con largas colas ante comedores
sociales y bancos de alimentos.
Nos tememos que las ministras de las áreas económicas, mirando el
déficit de reojo, han impuesto su criterio y han primado dogmas de
fundamentalismo financiero.
Por otra parte, la pretensión de los Gobiernos italiano y español de
mutualizar la deuda con la de los países del Norte evidencia una
vocación de actor subalterno servicial con los mercados y suplicante con
potencias extranjeras. Esperan aplacar a los mercados o extraer de
otros estados los fondos necesarios para movilizar recursos en los
nuestros. Alemania, Holanda y otros países del Norte han manifestado su
escaso interés por auxiliar a poblaciones que no sean las propias, y
sospechamos que Macron ha debido respirar aliviado cuando los socios del
Norte han negado la ayuda que él solicitaba para los del Sur con escasa
sinceridad.
Estos gestos han revelado lo ilusorio de un proyecto de unión
construido sobre los principios del neoliberalismo y sin el sustento de
un auténtico demos europeo.
Es comprensible que un Gobierno atenazado por sus convicciones
europeístas, amamantado por las ortodoxas ubres del fundamentalismo
financiero y aprisionado por normas institucionales europeas a las que
nos comprometieron sus antecesores, actúe de esta manera. No pueden ser
eficaces si no empiezan a cuestionar las normas fiscales vigentes en la
zona euro. Carentes de todo fundamento científico, lejos de ser útiles,
son el epítome de la irresponsabilidad.
La Unión Europea se ha dotado de
normas rígidas sobre límites de déficit, deuda y gasto público que se
han incorporado a nuestra constitución y a una ley orgánica. La
consecuencia de estas limitaciones institucionales es que obligan a
nuestro Gobierno a un imposible: establecer un escudo social y recuperar
nuestra economía no es posible sin inyectar dinero en la economía a
través del gasto público; pero a la vez se evidencia un miedo cerval a
incurrir en déficit público. Es un fútil ejercicio de sorber y soplar a
la vez.
Para salir de esta situación falta solamente la voluntad política de
movilizar los abundantes recursos reales existentes en nuestro país.
Para ello hay que crear el dinero necesario a través de los presupuestos
generales del Estado, es decir, permitir un déficit superior a los dos
dígitos en porcentaje del PIB. Las ministras económicas parecen haber
aceptado esta realidad, pero, acto seguido, se han apresurado a anunciar
medidas de lucha contra el fraude fiscal y reformas fiscales como si el
déficit fuera un pecado nefario. Esta palabra parece ofender sus
virginales oídos.
Si bien la Comisión Europea ha anunciado que este año no obligará a
cumplir con insensatas sendas de déficit, mucho nos tememos que la
evidencia de que la suspensión es temporal dificulta que los Gobiernos
se animen a salir de la celda, a pesar de que les hayan abierto la
puerta para que se ejerciten en el patio de la prisión. Quizás porque
intuyan que es una liberación temporal y breve.
Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que está
dispuesto a comprar deuda pública y otros activos en los mercados hasta
un límite de 750 mil millones. Tal medida podría ser un acicate a
aumentar el superávit de gasto público neto de impuestos, pero resulta
evidente que nuestro Gobierno no se anima a aprovecharlo. El hecho de
que las primas de riesgo de las deudas públicas de Italia y España hayan
despuntado induce a pensar que hay razones para desconfiar que esta
relajación temporal que ofrecen las instancias europeas no nos meta en
la trampa de mayores ajustes en 2021.
La reciente sentencia del Tribunal
Constitucional de Alemania declarando quelas operaciones de compra de
activos por el BCE excedían sus competencias redunda en una percepción
de insuficiente respaldo a nuestra deuda pública y pone en riesgo una
acción más decidida de nuestro Gobierno.
Por mor de no incurrir en la ira de los mercados y futuras regañinas
de Bruselas, el Gobierno parece confiar en exceso en el efecto de los
estabilizadores automáticas como el aumento del gasto en prestaciones de
desempleo y la caída de la recaudación. Nos tememos que no será
suficiente. No podemos perder más tiempo en la ciénaga de las reglas
fiscales.
Hay que presentar un plan más valiente. Es cierto que nuestro
Estado ha renunciado a su soberanía monetaria lo cual limita su
capacidad fiscal. Quedamos al albur de decisiones que se toman en otras
instancias tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y,
lamentablemente, los mercados. Así sea y actuemos como proceda cuando se
presente el peligro cierto, pero ahora aprovechemos todas las rendijas
que nos hayan abierto.
Lo que debemos hacer
Ante un colapso de la demanda del sector privado
doméstico y del comercio internacional, solo quien tiene el monopolio
en la emisión de la divisa, el Estado, puede responder con un programa
de medidas anticíclicas de suficiente potencia. En la zona euro este
monopolista es una hidra de múltiples cabezas: los diecinueve estados de
la unión monetaria y el sistema de bancos centrales europeos.
Un ser de
muchas cabezas no puede actuar con la claridad de pensamiento y unidad
de acción que tendría un ser de una sola testa, pero aprovechemos el
estado de confusión en el que se encuentra este ser monstruoso. Por ello
instamos al Gobierno para que actúe con decisión y osadía si no quiere
que nuestro país se hunda de nueva en una prolongada depresión y regalar
el poder a una derecha de tradición autoritaria, cicatera y neoliberal.
Por eso proponemos cinco líneas de actuación.
- Deben iniciarse los trámites parlamentarios para desechar todo el entramado institucional de reglas arbitrarias, inaplicables y lesivas que incapacitan al Estado para dar la respuesta proporcionada que exige la crisis pospandémica. Las políticas de austeridad se han demostrado inútiles y costosas. Lejos de preparar a nuestro Estado ante la siguiente depresión, han aumentado los costes de la pandemia al erosionar la capacidad de nuestro sistema sanitario de responder al reto planteado por el COVID-19. El concepto de que un Estado puede ahorrar como si fuera un hogar es engañoso. El gasto no ejecutado por el Gobierno no crea fondos disponibles para gastos futuros. Un Estado prepara a la sociedad para cualquier eventualidad invirtiendo en sus infraestructuras y manteniendo sus servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera debe ser derogada, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal disuelta, la reforma del artículo 135 de la Constitución revertida, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los Tratados de la Unión Europea que exigen austeridad denunciados pues no somos una colonia sino un Estado soberano social y democrático signatario de los mismos.
- Hay que aceptar que el gasto público neto de impuestos debe crecer cuanto sea necesario hasta recuperar el pleno empleo. Debemos ir más allá de los estabilizadores automáticos con un plan quinquenal de largo alcance que permita recapitalizar empresas en sectores estratégicos, auxiliar a los más perjudicados por la crisis y suplementar la caída de la demanda en el sector privado con un aumento de la demanda desde el Estado. El déficit tiene que crecer hasta niveles de dos dígitos en porcentaje del PIB y eso no solo traerá ninguna catástrofe económica, sino que será lo que la evite. Esto significa, dentro del corsé institucional actual, emitir mucha deuda y que ésta sea adquirida por el agente del Banco Central Europeo en nuestro país, el Banco de España, sin límites ni condiciones. Pero no basta con gastar de cualquier manera. sino que hay que dirigir y orientar las políticas fiscales de manera que las personas más necesitadas, las regiones de la España vaciada, los sectores con mayor potencial de multiplicación del gasto y del empleo sean los principales destinatarios de ese gasto. El déficit público nunca debe ser el objetivo de la política económica sino el residuo de las políticas que equilibran la economía, en el sentido de asegurar el pleno empleo con estabilidad de precios, y nuestra relación con la ecología. La deuda pública es el ahorro neto del sector privado así que no debe preocuparnos su tamaño sino su distribución dentro de éste.
- La ministra Calviño anunció recientemente que el desempleo en España subiría hasta el 19% en 2020 como si fuese una desgracia caída del cielo y el Gobierno nada pudiera hacer para remediarla. El sector privado no se encuentra en condiciones de resolver el grave problema de desempleo que quedará como legado de la pandemia. Se debe implantar con urgencia un plan de empleo garantizado para reducir las tasas de desempleo rápidamente. Este instrumento tiene un poderoso efecto anticíclico pues permite aumentar el gasto público cuando cae el del sector privado. Es una herramienta que dotaría a las administraciones públicas de un recurso humano para dar soporte a plantillas funcionariales estresadas y menguadas por años de recortes presupuestarios. Permite introducir dinero en la economía rápidamente, recuperar los niveles de gasto en los hogares y generar la suficiente confianza como para que los empresarios y banqueros vuelvan a invertir en sus negocios. Cuando la actividad se recupere el empleo en el sector privado también lo hará y la plantilla del programa de trabajo garantizado menguará rápidamente reduciendo el gasto público. De esta manera el saldo de las cuentas públicas pasará de ser un objetivo de política económica a ser el residuo de las políticas que aseguren el pleno empleo permanente de nuestra economía. Como legado de esta era pospandémica el programa debería permanecer como un pilar del estado de bienestar.
- Una vez superada la situación de emergencia, debemos recordar la urgencia de responder al reto del cambio climático. Si algo nos ha demostrado la situación de confinamiento es que hay muchas tareas innecesarias que, una vez interrumpidas, han dejado de lesionar el medio ambiente. En cambio, otras han probado ser absolutamente cruciales para asegurar un nivel de vida digno. No estamos eligiendo bien las tareas y actividades que deben hacerse y estamos haciendo demasiadas cosas sin ningún valor para la sociedad y dañinas para el medio ambiente. El modelo capitalista depredador de la naturaleza está enfermo. Necesitamos transitar a un modelo más amable con las personas y con la naturaleza y ésa es la propuesta del Nuevo Pacto Verde: una transformación completa de nuestro patrón energético e industrial para su completa descarbonización, a la vez que se crean millones de puestos de trabajo.
- Debemos revisar nuestra relación con la Unión Europea. Hemos padecido ya una gran depresión inducida por las prescripciones económicas del neoliberalismo y exigidas con apremio desde las autoridades comunitarias y vamos camino de una segunda. También hemos de reconocer que las instituciones europeas han sido el escudo que ha justificado que los sucesivos gobiernos españoles del período democrático aplicasen reformas impopulares de corte neoliberal. Hemos vivido bajo la ilusión de un proyecto que se vendía como solidario, pero, cuando ha llegado la pandemia, los países del Norte han mirado hacia otro lado rehusando toda asistencia financiera o sanitaria. En Alemania el Tribunal Constitucional no ha dudado en impugnar las acciones del BCE lo cual revela la voluntad de su Estado de defender su soberanía frente a las instituciones europeas. Debemos mostrar más firmeza en la defensa de nuestros intereses, que deben ser los de la mayoría. Para empezar, debemos asegurarnos de que las suspensiones de reglas de decoro fiscal no sean temporales sino permanentes. Si nuestra prosperidad económica vuelve a ponerse en jaque porque se exijan sendas de ajuste presupuestario o no se preste suficiente asistencia desde el Banco Central Europeo a nuestra deuda pública entonces debemos replantearnos la utilidad de la moneda común.
Desde la fundación de nuestra asociación venimos realizando todas
estas reivindicaciones. No se aporta pues nada nuevo; sólo cambia la
urgencia. Los recursos financieros no son un problema siempre y cuando
haya un banco central que se comprometa con los Estados. Y la asignación
de recursos reales surgida de contratar a trabajadores desempleados en
empleos decentes reducirá costes relacionados con la salud mental, la
mala salud física, la exclusión social, la delincuencia, el suicidio,
vicios como la drogadicción, el alcohol o la ludopatía, o la
desestructuración familiar.
Estos problemas sociales tienen altos costes
económicos y tienen claramente mayor incidencia en comunidades con alta
prevalencia de desempleo a largo plazo. Si conseguimos una asignación
de recursos reales eficiente a través del pleno empleo, incluso podremos
decir que estas líneas de actuación aquí expuestas se pagarán solas." (Red MMT España)
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