"Una ley no escrita impide conocer adónde van 800 millones
de euros anuales que pagamos todos los españoles con el recibo de la
luz.
Es dinero que se destina al denominado “pago por capacidad”, un crisol de incentivos a la industria privada (productores y grandes consumidores) que la Comisión Europea investiga desde 2016 por considerarlos ayudas encubiertas del Estado. Un año después, abría un expediente de infracción contra nuestro país por alterar de esta manera la competencia energética.
Es dinero que se destina al denominado “pago por capacidad”, un crisol de incentivos a la industria privada (productores y grandes consumidores) que la Comisión Europea investiga desde 2016 por considerarlos ayudas encubiertas del Estado. Un año después, abría un expediente de infracción contra nuestro país por alterar de esta manera la competencia energética.
Algunas de las industrias a las que el Estado apoya con
esta subvención encubierta son altamente contaminantes, pero el
ciudadano no tiene derecho a saber cuáles son. Es confidencial. Secreto
de Estado.
En estos tiempos de pandemia, quizá revisar esos pagos
podría servir para abaratar el recibo de la luz. Pero, sobre todo,
demostrarían la voluntad política para frenar el cambio climático. (...)
Tatiana Nuño es responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace,
y formó parte de un equipo investigador de la organización ecologista
que durante meses intentó desvelar el misterio y poner nombre a las
industrias beneficiadas con estos incentivos de dudosa transparencia.
“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nos dijo
en reunión que eran datos confidenciales, sin explicación. El Operador
del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), lo mismo: ‘Las liquidaciones son
confidenciales, no hay acceso a datos por empresa o unidad’. También Red
Eléctrica Española (REE): ‘La liquidación individual de los pagos de
capacidad de cada instalación es confidencial; solo la información
agregada es pública y está disponible’. (...)
La palabra confidencial ha dejado de ser patrimonio del thriller
para instalarse en tu recibo de la luz. CTXT se puso en contacto con el
Ministerio de Transición Energética en busca de una razón para
semejante secretismo. Sin éxito. Hush-hush.
Lo que sí consiguió el equipo investigador de Greenpeace
es desglosar el destino general de esas ayudas entre 1998 y 2017.
Alcanzaron en esa década los 18.000 millones de euros, y en la
actualidad siguen sumando a razón de 800 millones anuales. Esa cantidad
va comprendida en el concepto “potencia” de nuestra factura, es decir,
el que se engloba dentro de los costes regulados. Estos suponen el 60%
de lo que cada uno paga de luz. El otro 40%, sí está vinculado al precio
de la electricidad consumida. (...)
Uno de los conceptos más controvertidos de esta maraña de
ayudas opacas es el denominado “pago por disponibilidad”. Con un coste
en el recibo de 11.000 millones de euros entre 1998 y 2017, se trata de
una aportación a las generadoras solo por el hecho de existir. Por estar
disponibles, produzcan en la actualidad o no, para casos de emergencia
en picos de consumo inesperados.
Por poner un ejemplo acorde con estos
tiempos catastrofistas de DANAs y pandemias: en caso de colapso o cierre
imperativo de las centrales nucleares su producción sería aportada,
sobre todo, por centrales de ciclo combinado que en la actualidad están
funcionando al 20 o 30%. Por eso cobran. ¿Tiene lógica? Neoliberalmente
hablando, sí.
Alguien tenía que pagar los excesos y especulaciones de la
industria eléctrica desde que cayera en manos privadas con la
liberalización dictada por el gobierno de José María Aznar en 1997 (Ley del Sector Eléctrico 54/1997,
reformulada por la Ley 24/2013, ya con Mariano Rajoy). La propaganda
institucional y mediática de aquellos tiempos nos convencía de que
privatizando lo público crecería la competencia, y los nuevos actores
del sector reducirían a mordiscos sus facturas para atraer más clientes.
Un relato que casi se ha cumplido punto por punto, como todo el mundo
sabe (léase la frase con ironía). Una nueva prueba de la infalibilidad
casi papal del liberalismo ultra.
El recibo no bajó, por supuesto, y con ceguera
especulativa las nuevas firmas empezaron a invertir en centrales no
planificadas. Por lo que demuestra su ansia inversora, no habían
previsto ni siquiera el incipiente nuevo escenario que se abría en el
sector con la irrupción de las renovables. “Y realizaron previsiones de
demanda tan elevadas como irreales”, las califica Greenpeace. Hoy
tenemos un sistema eléctrico con un 30% de sobrecapacidad. Con los datos
en la mano, en 2017 las centrales de ciclo combinado (gas) trabajaron
en conjunto a un 16,7% de su potencial. El equivalente a dos meses por
año. El resto de tiempo que no producen incrementa el recibo de la luz.
“Estamos pagando el rescate de centrales a las que nadie había dado su
visto bueno. Se han construido a riesgo y aventura de los promotores
privados. Pusieron tantas centrales como quisieron: si se adecuaban a la
legislación vigente, se abrían instalaciones de gas como puedes abrir
una panadería. Y ahora hay que pagar esa falta de previsión del sector
con otro rescate, como el de la banca”, resume Rodrigo Irurzun,
coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción. Si se asume,
como explica Irurzun, que estos conceptos constituyen un rescate
encubierto al sector, se puede decir que hemos pagado ya en el recibo
eléctrico lo mismo que constó rescatar Bankia.
En el mismo verano de 2007 en que sobre EE.UU. y Europa ya se cernía el vampiro de la crisis de las hipotecas subprime
(hipotecas basura), y era evidente que el consumo de electricidad iba a
bajar un pico en medio mundo, el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero introdujo en el BOE un nuevo concepto para resarcir a la
industria de sus inversiones poco rentables y sin previsiones realistas:
“el pago por nuevas instalaciones”, que también ha sido incluido en el
recibo de la luz y con él se han recaudado 3.600 millones de euros más
entre su promulgación y 2017.
Bajo el concepto “restricciones por
garantía de suministro” se potenció la quema de carbón autóctono con
2.800 millones de euros entre 2011 y 2014. Y 490 millones fueron
destinados a reducir la contaminación de nuestras plantas de carbón
entre 2007 y 2017, ayudas que han merecido el citado expediente en
Bruselas por considerarlas inyecciones de capital estatal encubiertas
que atentan contra el libre mercado. “Por los pagos a las propietarias
de térmicas de carbón (Incentivos a la inversión medioambiental) hasta
2020, la CE abrió un expediente. Creemos que en principio podrían dejar
de cobrarlo e incluso tener que devolverlo si el gobierno así lo
quisiera”, aseguran desde Greenpeace.
Las grandes consumidoras, por ejemplo acerías y
cementeras, también se llevan parte del pastel a través del “pago por
interrumpibilidad”, un sistema de subastas que permite que las empresas
que consumen más electricidad reciban una retribución a cambio de su
disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de
emergencia para el suministro de una determinada zona.
Paradójicamente, gracias al citado expediente abierto en
2017 por la Unión Europea contra España, se levantó parcial y
momentáneamente el velo del top-secretsobre las industrias
beneficiarias. “Lo único que se ha podido saber de esta lista fueron los
millones que fueron expedientados por Bruselas, los 490 millones que se
dieron a la centrales térmicas de carbón para instalar filtros y poder
seguir operando”, reconoce Tatiana Nuño.
Y plantea una duda sobre si
será o no muy constitucional negar una información de interés público
tan evidente: entre otras cosas, nos impide saber hasta qué punto
nuestro dinero está sirviendo para financiar instalaciones altamente
contaminantes. Es confidencial. Y es el mercado, amigo. (...)" (Aníbal Malvar, CTXT, 08/06/20)
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