"El llamado de Bill Gates para que las Naciones Unidas pasen de la acción climática centrada en los objetivos de temperatura a las vacunas ha malinterpretado el desafío al que nos enfrentamos. Las inversiones en mitigación climática y desarrollo no son prioridades contrapuestas. Por el contrario, dado que la Organización Mundial de la Salud proyecta que el cambio climático causará aproximadamente 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050, la acción climática es también una acción sanitaria.
Todos los asistentes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebra esta semana en Belém deberían tener presente esta idea. Pero Gates tiene razón en que debemos aportar soluciones reales y, como ha dejado claro el gobierno brasileño, el objetivo de esta “COP de Soluciones” es salvar la distancia entre las declaraciones y los resultados, lo que exigirá asignar los recursos escasos de manera eficiente. No se trata de hacer concesiones entre el clima y la salud: se trata de tomarnos en serio nuestros objetivos. Los avances en la COP30 distan mucho de estar garantizados.
El Reino Unido acaba de retirar su financiación para la propuesta de un Fondo Bosques Tropicales para Siempre, que se supone que se adoptará formalmente este mes. Para colmo de males, la Unión Europea acaba de debilitar su objetivo de descarbonización para 2040 permitiéndoles a los países comprar créditos de carbono extranjeros en lugar de reducir las emisiones nacionales. Mientras tanto, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses que en salud, lo que implica que están renunciando a invertir en resiliencia climática.
Diez años después de la COP21 de París, al mundo no le faltan objetivos ni compromisos declarados. Lo que falta, en realidad, es la capacidad de lograr avances rápidos, justos y duraderos. Desde la sostenibilidad de la deuda y el cambio climático hasta la búsqueda de un crecimiento inclusivo, el hilo conductor de nuestros mayores desafíos es la incapacidad de las instituciones públicas para convertir los compromisos en resultados tangibles. Como resultado de ello, nos encontramos en un punto muerto.
Recortar la deuda mientras se socava el crecimiento impulsado por la inversión no logrará la sostenibilidad de la deuda, sino que agravará la crisis climática. Al fin y al cabo, la crisis de la deuda es también una crisis de inversión: sin inversión, la capacidad productiva de los países no aumenta, lo que los hace más dependientes de la ayuda exterior precisamente cuando esa ayuda está menguando. Para volver a la normalidad, necesitamos urgentemente una nueva arquitectura financiera que pueda proporcionar el margen político y fiscal necesario para respaldar la implementación y fortalecer la capacidad estatal. Si bien el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intentan reinventarse para el siglo XXI, deben acelerar el ritmo para adaptarse a las limitaciones relacionadas con el carbono y a los persistentes déficits de desarrollo. También en este ámbito, la ambición ha superado a la ejecución: abundan las promesas, pero la gobernanza y las finanzas públicas siguen siendo cuellos de botella.
Asimismo, los países deben comprometerse a invertir en su capacidad para administrar e implementar las estrategias industriales y financieras tan necesarias para situar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) en el centro del desarrollo económico -por ejemplo, integrando los objetivos climáticos en las estrategias industriales verdes y las políticas financieras sostenibles-. En la COP30 de esta semana presentaré una forma de utilizar las plataformas nacionales de manera más eficaz. Más que una simple herramienta para reducir el riesgo del sector privado, las plataformas nacionales deben utilizarse de manera que la política climática gubernamental sea mayor que la suma de sus partes.
Como sostengo en un nuevo informe, “Capacidad y competencias estatales para un mundo verde justo”, junto con Esther Dweck, ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos de Brasil, los gobiernos deben invertir en su propia capacidad. Esto significa garantizar que todas las herramientas -incluidas las políticas de contratación pública, la infraestructura pública digital y el diseño de las empresas estatales- sean adecuadas para su propósito. Desarrollar capacidades estatales dinámicas significa invertir en laboratorios de políticas, aprender mediante la práctica y depender menos de consultores externos.
El sistema de pago Pix y el Registro Ambiental Rural de Brasil muestran lo que se puede lograr cuando los gobiernos invierten en la recopilación de datos, los sistemas y las habilidades necesarias para convertir los planes en resultados. La mayoría de los países en desarrollo necesitan apoyo adicional para fortalecer estas capacidades y cumplir con sus CDN, y una nueva arquitectura financiera debería respaldar ese objetivo. Las inversiones en el fortalecimiento de la capacidad estatal deberían entenderse como una de las formas más efectivas de política climática.
Cuando se diseñan como centros de implementación orientados a la misión, las plataformas nacionales pueden alinear los instrumentos públicos en torno a objetivos claros, logrando un trabajo mancomunado entre empresas estatales, bancos públicos de desarrollo y organismos de adquisiciones estratégicas. Gates tiene razón al decir que los objetivos de temperatura por sí solos no son la mejor medida del bienestar humano. Sin embargo, se equivoca al rechazar una acción climática audaz que priorice la mitigación ambiciosa por sobre la adaptación pasiva. En consonancia con el llamamiento de Brasil para que ésta sea una COP de Soluciones, la financiación climática debe destinarse a lo que realmente importa: fortalecer la capacidad estatal necesaria para implementar estrategias industriales verdes que armonicen la descarbonización con el desarrollo, la salud, el empleo y la resiliencia."
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