Asimismo, subraya que "la estructura organizativa no contaba con líneas de responsabilidad clara y definida" y sostiene que la Comisión de Inversiones "no veló por el cumplimiento de los objetivos de su reglamento, no realizaba contraste con estrategia alguna, no tenía en cuenta la capacidad financiera de la caja y no informaba al consejo de administración".
La carencia de políticas de seguimiento se reflejó en la compra de participaciones minoritarias en sociedades cotizadas hasta llegar al 50% del total de las inversiones, en una concentración en inmobiliario que superó el 35% fijado por el consejo (el 80% de los créditos de más de 16 millones son de este sector) y en operaciones con personas vinculadas al grupo.
En estas se repiten los nombres de Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco y Méndez Pozo, a los que se atribuye un riesgo superior a los 400 millones. Y destaca la participación en el aeropuerto de Ciudad Real, donde la caja asumió un riesgo excesivo (336 millones) acudiendo a tres ampliaciones de capital sin el visto bueno de la Comisión de Inversiones, así como resort El Reino de Don Quijote, donde ese grupo pretendía hacer un parque temático estilo Las Vegas.
Además, aparece la compra de acciones de Inmobiliaria Colonial, cuando ya su entonces propietario Luis Portillo estaba fichado en el Banco de España por impago de 150 millones; la relación con Metrovacesa y su filial francesa Gecina, en las que era consejero el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a su vez consejero de la Corporación CCM; e Isolux, con la que inició un proyecto de energía solar en el que comprometió un desembolso de 65 millones de difícil recuperación.
Las irregularidades siguen: créditos dudosos a filiales -algunas con los citados inversores-, que superaban sus recursos propios por 417 millones; relaciones con la familia Fermoselle (ex propietaria de Parque Sol); avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz, que ha supuesto un fallido de 13 millones; proyectos de energía con Renovalia, Díaz de Mera y los hermanos Barco, arrojando 60 millones que se dan por perdidos; proyectos especulativos en terrenos no urbanizables con riesgo de 146 millones...
Tanto deterioro de activos y créditos obligó a ajustes por 1.100 millones que fueron asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este organismo había aportado 1.650 millones para dotar de liquidez y cubrir endeudamiento el día de la intervención.
Posteriormente, ha respaldado 2.475 millones para cubrir las pérdidas previstas de 23.000 créditos identificados. Es decir, el coste máximo de la intervención se puede elevar a 4.100 millones; pero si se recuperan todos los activos se reduciría a 3.000." (El País, Domingo, 30/01/2011, p. 14/5)
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