Los dos últimos suicidios no se habrían evitado con el decreto antidesahucios del Gobierno

"Miguel Ángel Domingo tenía 53 años. Era soltero y tenía un pequeño comercio de prensa, revistas y libros, junto a la frutería de su hermano. El 25 de octubre se ahorcó. El mismo día en el que iban a ejecutar el desahucio de su vivienda. 

Amaia Egaña también tenía 53 años. Estaba casada y tenía un hijo de 21 años. Saltó al vacío desde la ventana de su casa el pasado 9 de noviembre. El mismo día que iban a echarla de su vivienda. Trabajaba desde hace cerca de 30 años en la empresa de transporte interurbano vizcaína (Bizkaibus), donde era responsable de recursos humanos. Su marido también tenía trabajo. 

Dos trágicos sucesos en menos de un mes que han reavivado la indignación social en torno al drama de cientos de familias que se encuentran a punto de perder sus viviendas y que han aumentado la presión sobre la clase política a la que urgen a tomar medidas contundentes para poner freno a esta situación.

Esas medidas urgentes, que ahora deben plasmarse en el BOE, han cobrado forma bajo un Real Decreto-Ley, cuyo contenido dio ayer a conocer el Gobierno. Ni Amaia ni Miguel Ángel hubieran podido frenar el desahucio de su vivienda. Su 'perfil' no encaja dentro "los colectivos de mayor vulnerabilidad".

Según el Decreto, se entiende por 'familias vulnerables' aquellas cuya renta no supere 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone unos 1.600 euros al mes y 19.200 euros al año; en las que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años; en las que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos y en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.

Pero además de todo esto, debe tratarse de familias numerosas, o con algún menor de 3 años a su cargo, familias monoparentales con dos hijos a su cargo o con alguna persona en situación de incapacidad para trabajar o discapacidad superior al 33%, personas en paro o que hayan agotado sus prestaciones de desempleo o víctimas de la violencia de género.  

Un Decreto tan restrictivo como el Código de Buenas Prácticas de la banca

Una retahíla de condiciones que hace temer a los expertos que vayan a dejar fuera a muchos afectados, tal y como sucedió con el Código de Buenas Prácticas de la banca, cuyo fracaso han reconocido desde el Gobierno y en cuya elaboración se fijaron exclusivamente criterios económicos para considerar si una persona está en riesgo de exclusión social, sin tener en cuenta que ser mayor de 65 años o tener una discapacidad pudiera agravar la situación.

"El Gobierno ha cedido a la presión de la banca y se está excluyendo a la mayoría de los afectados", aseguraba ayer en RTVE Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Una persona o familia vulnerable es toda aquella que puede perder su vivienda. No por capricho, sino por situación de necesidad sobrevenida y acreditada. ¿Una familia a punto de perder su vivienda con un hijo de 4 años no es vulnerable?", se preguntaba Colau."         (El confidencial, 16/11/2012)