El juez José María Fernández Seijo
"Entrevista con el juez que ha logrado meter una china en el sistema de desahucios.
PREGUNTA: Cuánta injusticia tiene que haber en las
ejecuciones hipotecarias para que los propios jueces, entre ellos 47
decanos, hayan tenido que salir a denunciar los abusos que permite la
ley. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
RESPUESTA: Es que el problema es muy grave, y nosotros
estamos en primera línea de fuego. Nos sentimos como si estuviéramos
sentados sobre una olla a presión. El proceso de ejecución hipotecaria
viene cuestionándose desde 1978, porque no garantiza el derecho de
defensa de los afectados. (...)
P: ¿En qué momento se sintió usted interpelado por esta situación?
R: Bastante antes de la crisis. Ya en mayo de 1991,
al poco de llegar a mi primer destino, en Esplugues de Llobregat
(Barcelona), un día me llamó la agente judicial porque iban a desalojar a
un matrimonio muy joven, y la chiquita, que ya tenía dos hijos, se
había subido a un tejadillo de un sexto piso y amenazaba con tirarse.
Ese fue el primer contacto que tuve con un desalojo. Yo tenía 25 años, y
la chica, 21. Intenté disuadirla: “Baja, que no te quieres matar, pero
al final vas a hacerte daño”. No se creía que fuera el juez.
Después de
aquello he intentado siempre hacer un seguimiento personalizado de las
ejecuciones. En el sistema español, el juez, si no quiere, ni siquiera
llega a conocer al afectado. (...)
P: ¿Cómo le llegó el caso de Mohamed Aziz?
R: El mismo día en que estaba previsto que se
ejecutara el lanzamiento de su casa por un juzgado de Mataró, en un
intento desesperado de parar el proceso acudió al juzgado para pedir
amparo judicial por contrato abusivo.
Cuando se inició la ejecución
hipotecaria, en 2009, la entidad bancaria le reclamaba los 139.000 euros
de la hipoteca, más 41.000 de intereses de demora y costas.
Cuando se
ejecutó la subasta, en 2010, la caja se quedó con la vivienda por el 50%
del valor de tasación y, después de perder la casa, Mohamed Aziz seguía
debiendo 40.000 euros de la hipoteca y otros 42.000 de intereses de
demora y costas.
No pude evitar el lanzamiento, pero empecé a darle
vueltas. No podía ser que si tenía razón, si el contrato era abusivo, no
tuviera posibilidad de reparación. Entonces decidí plantear la cuestión
ante el Tribunal de Justicia de la UE. (...)
P: Tiene que ser terriblemente
angustioso que, una vez que se pone en marcha la ejecución, en los dos o
tres años que dura el proceso judicial, el tiempo es como una máquina
registradora que va anotando intereses de demora y la deuda no para de
crecer. ¿Cómo reaccionan los afectados?
R: El problema es que la gente no es consciente de
la deuda total y ni siquiera va al juzgado. En la mayoría de los
procedimientos se les declara en rebeldía.
Eso es muy habitual, porque
el proceso es muy complejo, la defensa termina siendo costosa y la gente
suele atrincherarse en ideas equivocadas, como “no puede ser que me
echen”, “cuando vengan no abriré la puerta”, y cosas por el estilo.
Cuando deja de pagar la cuota mensual, el deudor piensa: “Debo cuatro
meses, a razón de 600 euros, son 2.400 euros”. Y calcula que cuando el
banco vaya a reclamarle deberá 3.000 o 5.000 euros y podrá encontrar a
alguien de su entorno que se los preste.
Pero cuando llega la ejecución
se encuentra con que no le reclaman las cuotas que debe, sino la
totalidad de la deuda, lo que se llama “el vencimiento anticipado”, es
decir, todo lo que le queda por pagar de la hipoteca más los intereses
de demora.
En una economía de subsistencia, es posible que alguien
próximo pueda prestarle 3.000 euros, pero no 120.000. Ese es otro de los
graves problemas del sistema actual que he sometido a la consideración
del Tribunal de Luxemburgo.
P: Si el tribunal dictamina que la legislación vulnera los derechos de los afectados, ¿qué efectos jurídicos puede tener?
R: Con la actual normativa, el juez puede examinar
la legalidad formal de la hipoteca, pero no puede entrar en el contenido
del contrato.
Si el tribunal dijera que para ejercer la tutela efectiva
debe poder valorar el contenido, cualquier juez podría acogerse al
derecho comunitario y declarar nulas las cláusulas o los procedimientos
que considerase abusivos, lo que desactivaría la fuerza coactiva de la
actual normativa.
P: Eso para los nuevos casos, pero ¿qué pasaría con los anteriores a la sentencia?
R: Pues yo entiendo que alguna decisión tendría que
tomarse también respecto de los anteriores, porque la legislación
comunitaria es de 1993 y tendría que haber sido traspuesta a la española
en 1995.
De modo que, en los casos tramitados después de esa fecha, el
afectado podría acudir a la justicia, y, si se acreditara un perjuicio,
podría pedir una reparación por el incumplimiento de la norma
comunitaria. (...)
P: Colocar en la agenda política la
dación en pago es probablemente el resultado más tangible del
Movimiento 15-M.
Ni el PSOE ni el PP habían hecho nada por cambiar la
legislación. ¿Cree que se han asustado ante la posibilidad de que los
suicidios provocaran, como en la ‘primavera árabe’, un estallido social?
R: Sí, porque los suicidios simbolizaban la
desesperación en la que la crisis ha sumido a muchas familias. Y además,
el lanzamiento de una familia de su casa no va seguido del realojo de
otra.
Es un ejercicio de fuerza sin ningún otro objetivo que el de
ejercerla porque la ley lo permite. Hay países en los que no se desaloja
una vivienda hasta que no hay otro ocupante.
Aquí se desaloja a la
fuerza, se deja a la gente en la calle y la vivienda se queda vacía. Y
además se ven movimientos tan miserables…
P: ¿Por ejemplo?
R: En el caso de los bancos intervenidos, habría que
preguntarse cuántas ejecuciones hipotecarias se han adelantado porque
algunos abogados o procuradores han visto en riesgo su contrato con la
entidad financiera.
En estos momentos, la mayoría de los desalojos están
externalizados. Ya no son las entidades financieras las que se ocupan
de reclamar las deudas, sino agentes externos que se llevan en torno al
30%.
En los procesos de fusión bancaria, esos contratos peligran, y
algunos de los bufetes que gestionan la morosidad de esas entidades han
llevado de golpe a los juzgados todos los impagados por temor a que se
les acabe el contrato.
Si el proceso está vivo en el juzgado, devenga
intereses y costas. Eso ha pasado, por ejemplo, con hipotecas de Bankia,
de Unim o de Caixa del Penedès. (...)
P: ¿Servirá de algo la moratoria aprobada por el Gobierno?
R: No, en absoluto. La moratoria no va a resolver el
problema, sino a agravarlo, porque, como en todos los contratos, hay
que leer la letra pequeña, y en este lo que dice es algo tremendo: la
moratoria paraliza el proceso, pero no los intereses de demora…
P: Pero eso es una burla.
R: O un ejercicio de optimismo. A lo mejor, el
Gobierno cree que va a mejorar tanto la situación económica, que dentro
de dos años las personas afectadas no solo habrán recuperado el poder
adquisitivo, sino que podrán hacer frente a toda la deuda y los
intereses de demora, que oscilan entre el 18% y el 29%.
La sensación que
tuve cuando se presentó la medida no podía ser peor. Que no apareciera
el ministro de Justicia para hablar de este problema en términos
jurídicos, sino el de Economía, ya indica por dónde van las cosas.
¿No
se dan cuenta de que están haciendo el ridículo? Si alguien no puede
pagar ahora 120.000 euros, ¿cómo va a pagar 150.000 dentro de dos años?" (
Milagros Pérez Oliva , El País, 30 NOV 2012)
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