"Para combatir la corrupción es fundamental entender que incluye
actividades completamente legales. Y que, además, es lógico que así sea:
si ciertas empresas influyen sobre ciertos políticos, con la finalidad
de que tomen decisiones beneficiosas para sus intereses privados, a
costa del interés público, es de esperar que las leyes hechas por esos
políticos amparen sus propios actos.
Hoy es legal que las
empresas financien a los partidos políticos, aunque así se reduzca la
capacidad de decisión de la ciudadanía y se amplíe la capacidad de
decisión de los grupos de poder económico. Esto, obviamente, va en
detrimento de la democracia.
El fundador de Transparency
International, Peter Eigen, advierte que “considerar sólo corrupción la
definida como tal legalmente” deja “fuera del escrutinio moral la
inmensa mayoría de las actuaciones de los gobiernos”. Y es que, a fin de
cuentas, “el poder público reconvertido en palanca de defensa de
intereses privativos es un poder utilizado de forma corrupta”.
Así, por ejemplo, sin la capacidad de los grupos de poder económico de
capturar decisiones de las instituciones públicas, sería inexplicable
esa economía del cemento que tanta responsabilidad tiene en la crisis
actual. La borrachera de infraestructuras habida en nuestro país sería
incomprensible sin la trinidad que integran el déficit democrático, la
corrupción legal y la corrupción ilegal.
Seguramente es una
tarea imposible saber cuánto dinero han entregado las empresas a los
partidos políticos, legal e ilegalmente, y hasta qué punto así han
condicionado la política de infraestructuras públicas de España.
El caso
Bárcenas nos muestra que, sólo entre 2001 y 2012, el Partido Popular
recibió donaciones millonarias de constructoras a las que sus gobiernos
adjudicaron obras por un importe de 12.281 millones de euros, pese a la
prohibición de recibir aportaciones de empresas que estuvieran
trabajando para alguna administración.
Hay que preguntarse si
España habría invertido el 1.7% de su PIB en la construcción de
infraestructuras de transporte, en 2009, sin la interferencia del poder
del dinero en la política. Porque Alemania invirtió el 0.69% de su PIB,
Estados Unidos el 0.54% y Francia el 0.25%.
¿Por qué España es
el segundo país del mundo con más kilómetros de trenes de alta velocidad
después de China? Los trenes de alta velocidad de Alemania y Francia
desplazan casi 60.000 viajeros anuales por cada kilómetro de vía, pero
en España sólo mueven 10.000 pasajeros al año. No es casualidad que, por
ejemplo, en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona, el usuario sólo
abone el 33% del precio real del trayecto.
Sin embargo, en 2013, el 70%
de la inversión en ferrocarriles irá a los trenes de alta velocidad, que
transportan al 5.5% de los viajeros del ferrocarril y, además, según
afirmó la ministra de Fomento en el Parlamento, en febrero de 2012, se
destinarán 25.000 millones de euros en los próximos años para ampliar la
red de alta velocidad.
Mientras el AVE crecía y crecía el porcentaje de
mercancías transportadas en tren en España pasaba del 7.2% a menos del
4%, entre 2000 y 2009.
¿Por qué España tiene 48 aeropuertos
públicos y Alemania, con una población y una riqueza mucho mayores, sólo
cuenta con 24 aeropuertos públicos? Sólo 11 cerraron el ejercicio de
2010 con beneficios netos y únicamente el aeropuerto faraónico de Madrid
da cuenta del 54.4% de la deuda de Aena.
¿Por qué sólo Estados
Unidos y China poseen más kilómetros de autopistas y autovías que
España? ¿Por qué, según la OCDE, el número de viajeros por kilómetro de
carretera es 3.6 veces superior al de España en Italia, o 2.3 veces
mayor en Alemania?
¿Por qué se construyeron esas autopistas de peaje
que, al no proporcionar beneficios privados por la escasez de tráfico,
ocasionan pérdidas públicas? ¿Por qué la intervención institucional ha
inducido la existencia de 3.4 millones de viviendas vacías en nuestro
país?
En 2003, mientras en la Unión Europea a Quince se
consumieron 515 kilos de cemento por habitante, en España se gastaron
1.095 kilos por persona. Es fácil intuir que hay una relación
inversamente proporcional entre consumo de cemento per cápita, por una
parte, y calidad de la democracia y cantidad de la corrupción, por otra.
En la época de la euforia cementófila nadie se molestó en recordarnos
que, por ejemplo, una inversión que crea 11 empleos en infraestructuras
físicas puede generar 23 empleos en sectores sociales.
En suma,
toda esta mala gestión de lo público tiene mucho que ver con la captura
privada de los representantes públicos. Esa mala gestión de lo público
tuvo el propósito de generar grandes beneficios privados.
Y, al final,
la paradoja consiste en que la mala gestión de lo público fortalece a
las voces privatizadoras que premian a quienes capturan a los
representantes públicos. Es lo que ocurre cuando no se entiende bien qué
es la corrupción y qué no es la democracia. " (Ramón Trujillo
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