" (...) el factor de equidad intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento
en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la
esperanza de vida.
... se establece una corrección automática —a la baja por el alargamiento de
la esperanza de vida— que desprecia el previsible incremento del nivel
de riqueza de la sociedad en su conjunto.
Quiere ello decir que los expertos
desatienden flagrantemente una cuestión fundamental como es la equidad,
pues difícilmente puede explicarse que una sociedad más rica, como será
la española dentro de 20 años, esté abocada a pagar pensiones cada vez
más modestas a sus jubilados marginándolos del progreso económico
colectivo.
¿Es aceptable? Sorprende que el informe de los expertos no
ofrezca ninguna descripción de la realidad actual de nuestro sistema
público de pensiones. A juzgar por la determinación con la que plantea
una reducción importante de la cuantía de las pensiones actuales y
futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son
excesivamente generosas.
Pero lo cierto es que no es así, ya que la
pensión media apenas alcanza los 820 euros mensuales y más del 50% de
todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario
mínimo interprofesional.
Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones
menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su
capacidad de crecimiento, es una contradicción muy difícil de salvar sin
tener presente la existencia de poderosísimos intereses financieros.
Porque lo que la propuesta esconde —de manera consciente— detrás de
fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el
que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a
las pensiones privadas.
Tal planteamiento podrá ser legítimo; pero lo
exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se
explique de forma meridiana quién pierde y quién gana con este cambio:
perdería la mayoría que al llegar a la jubilación no posee más que un
patrimonio social, la pensión pública, pues el recorte de su cuantía
incrementaría el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganaría el poder
financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio.
Desde nuestro punto de vista, este nuevo diseño del modelo de
pensiones degrada el Estado de bienestar que hemos construido en los
últimos 35 años. Representa, en otras palabras, una ruptura del núcleo
esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema
democrático, y por ello resulta inadmisible." (
Antonio González González /
Alberto del Pozo /
Borja Suárez Corujo , El País, 26 JUL 2013)
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