"En el número 477 de la calle de Aragó hay 28 pisos, 26 de 40
metros cuadrados y dos de 30 metros. Ahora cuatro están vacíos. En 18
viviendas residen inquilinos de la finca, algunos con contratos de renta antigua y otros con tarifas más elevadas.
La novedad es que en el inmueble viven también, desde el 3 de julio, seis familias o personas que han sido realojadas allí por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Relata su portavoz, Carlos Macías,
que la PAH está acostumbrada a ocupar edificios vacíos, por lo que a la
finca de la calle de Aragó llegaron con cierto resquemor: informaron a
los vecinos de sus planes de ocupación y estos, dice, reaccionaron
encantados. Que él sepa, es el único lugar en el que se da esta
convivencia.
Este viernes, algunos de los vecinos, los nuevos y los que ya estaban,
se han reunido para hablar de su situación. En abril, la propiedad
cambió de manos: pasó a corresponder a la inmobiliaria internacional Norvet,
que, por ahora, ha enviado burofaxes a varios de los inquilinos
anunciándoles que tienen que irse. Los de renta antigua no los han
recibido, pero hay quien ha visto cómo tenía que insistir porque no le
cobraban un recibo: trazas de ‘mobbing’ inmobiliario. (...)
Lluís Duran Cos, 86 años, 35 de ellos en su piso. Vive
en el 3º 2º, paga 300 euros “y pico” de alquiler y tiene una pensión de
630 euros. “Estoy muy acojonado porque yo voy en silla de ruedas. Si no va el ascensor, me quedo encerrado. No estoy para trasladarme y no tengo dinero para una residencia”, se lamenta.
Los vecinos cuentan que nada más llegar los realojados de la PAH, la firma puso un agente de seguridad privada en la puerta y alarmas en los cuatro pisos que seguían vacíos. Un día, hombres con mazas empezaron a “destrozarlos”. Se
llamó a la Guardia Urbana, que detuvo los golpes. Según los vecinos, se
buscaba dañar la estructura para echarlos argumentando amenaza de
ruina. Algo que niegan: dicen que el único peligro es la empresa.
Gabriel Freitas, de 60 años, reside en
el entresuelo y tiene contrato de alquiler, pero no de renta antigua. En
mayo recibió un burofax que le instaba a irse de lpiso con su mujer y
su hijo. Él sostiene que legalmente tiene tiempo hasta noviembre. Empezó
a buscar una vivienda de alquiler: “Piden que entre los dos cónyuges sumen ingresos mensuales que superen tres veces el coste del alquiler. Pocas familias pueden asumir estas condiciones”. (...)
M. A., que prefiere no dar su nombre, ha sabido ahora que cuando muera su padre la podrán echar en dos años.
Samuel Camacho, de 26 años, se ha
instalado en el 3º 2º: Viene de una habitación en Sants de la que le
echaron, pero, como recuerda el portavoz de la PAH, eso no es un
desahucio legal, por lo que no puede acudir a la mesa de emergencia social del ayuntamiento.
Tampoco cuenta con este recurso Enrique Macias, de 56 años, ahora
vecino del 5º 4º, que viene de residir en un local, no reconocido como
vivienda, por lo que no tiene derecho a asistencia municipal.
Un caso similar al de Antonio Pérez, de 51 años, que
residía en un local en la calle de Moianès del que tuvo que irse y ahora
está instalado en el 4º 1º con su hijo Aaron, de 7
años. “Estoy contento de estar aquí”, afirma mientras el niño juguetea a
su lado. “Necesitamos una solución”, dice el padre. “Y una tele”,
remata el hijo." (El Periódico, 14/07/17)
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