"Entre 2013 y 2016, empresas norteamericanas y canadienses, asociadas
en el grupo de presión Shale Gas España y en clara colaboración con el
ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
consiguieron sacar de la agenda política a las energías renovables y
desviar los esfuerzos del Estado hacia los hidrocarburos.
Con una serie
de cambios legislativos a nivel nacional (ley de Hidrocarburos), el
Partido Popular abrió las puertas a la extracción de unos 700.000
millones de euros en forma de gas natural que, aseguraban, yacen en el
subsuelo español, para lo que haría falta tirar del polémico método del fracking (extracción de gas a grandes profundidades introduciendo agua y productos químicos a presión para fracturar la roca).
Ese año de 2016, sin embargo, las diferentes trabas administrativas a
nivel autonómico y el abaratamiento global de los precios del crudo y
el gas acabaron forzando a las empresas interesadas en el subsuelo
español a abandonar toda esperanza de extracción.
Las prospecciones por fracking se
paralizaron, las exploraciones de nuevos yacimientos se hicieron
imposibles y, al final, como siempre, la factura de estos fracasos
empresariales muchas veces la pagó el Estado.
Ahí tenemos el fiasco del
almacén de gas Castor, que ha significado unas pérdidas para el Estado
en compensaciones a la empresa ACS por valor de 2.419 millones de euros,
y que repercutirá directamente en la factura de los consumidores. (...)
Aun así, el último proyecto de Estrategia de Seguridad Energética
Nacional en España, aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional de 20
de julio de 2015, presidido por el rey Felipe y compuesto por Mariano
Rajoy y otros ministros, entre ellos José Manuel Soria, abogaba por
“impulsar la investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos
y diseño de planes de viabilidad para la extracción de estos recursos
en el territorio en condiciones medioambientales apropiadas”.
Por
supuesto el texto también defendía el uso de las renovables para otorgar
más autonomía energética a España, pero tan sólo tres meses después el
Gobierno aprobaba el ya conocido como “impuesto al sol”.
Tanto en España como en Portugal, nada hace prever un cambio en los
paradigmas energéticos a corto plazo: cualquier cambio de dinámicas
tendrá que pasar por la conveniencia de las empresas privadas del
sector.
Según João Camargo, en los contratos (entre el Gobierno
portugués y las empresas energéticas) lo que aparece siempre es que el
100% de lo encontrado pertenece a la concesionaria, los royalties
(pago al Estado de un porcentaje de la producción por el derecho de
explotación en su territorio) son muy bajos (entre un 2% y un 10%, según
datos cruzados entre varias fuentes dentro del sector), y el
arrendamiento pagado por el área usada para la explotación también es
muy bajo”.
Tanto Galp como ENI fueron contactadas repetidas veces para este artículo, sin respuesta hasta la fecha de publicación. " (Daniel Toledo, CTXT, 11/04/08)
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