"El tribunal eclesiástico de la diócesis de Mallorca dictó una sentencia
canónica en marzo de 2013 sobre un caso grave de abusos a menores en la
que admite la culpa de la Iglesia por encubrimiento de estas conductas. EL PAÍS hace pública esa sentencia, oculta hasta ahora como el resto de las impuestas por tribunales eclesiásticos.
La resolución canónica, protegida por el secreto pontificio, se
produjo con el papa Francisco recién elegido y vigente en Roma la
doctrina de tolerancia cero frente a la pederastia. El fallo del
tribunal eclesiástico admite en su apartado de hechos probados que “con
el paso del tiempo se ha dejado de encubrir a estas personas [curas
pederastas], que por el cargo que ejercían aparecían ante la sociedad
adornadas de una honradez fuera de toda duda”.
La sentencia también señala las debilidades de la Iglesia frente a
estos casos: “Se miraba, con frecuencia, hacia otro lado, disimulando
los hechos que aparecían. Hoy en día se habla de tolerancia cero ante
los comportamientos abusivos, de los cuales se considera un agravante la
autoridad con que los abusadores se presentan delante de las víctimas
inocentes menores de edad”.
Firmada por tres jueces y un notario
eclesiásticos, todos ellos sacerdotes, la sentencia aplicó a este caso
el castigo más duro que prevé el Código Canónico: “Siendo muy graves,
por su naturaleza y también por su número, los abusos sexuales cometidos
por el acusador, se le impone a Pere Barceló Rigó, presbítero, la pena máxima de expulsión del estado clerical”.
Es la primera sentencia eclesiástica en España tras el
endurecimiento de la política vaticana que impuso el papa Benedicto XVI
que concluye con la expulsión del sacerdote abusador. Los hechos
juzgados se remontan a 1998, cuando el catequista Mateu Ferrer
sorprendió al cura Pere Barceló en ropa interior junto a una niña de 10
años en el sofá de la parroquia de Can Picafort.
Ferrer investigó el
caso por su cuenta, preguntó a otros niños de la catequesis, habló con
el sacerdote que había ocupado la plaza antes del supuesto abusador y
conoció otros abusos del mismo cura en Cala Rajada a otras niñas.
Durante ese tiempo, el sacerdote siguió abusando de la menor. Ese mismo
año, el catequista comunicó los hechos a la diócesis de Mallorca y a las
autoridades civiles.
La Iglesia no hizo nada, ni siquiera abrió un procedimiento en el
tribunal eclesiástico. El fiscal Pedro Horrach ordenó diligencias para
investigar lo sucedido, pero la niña a la que el catequista había visto
con el sacerdote negó los abusos y la causa se archivó un tiempo
después. Tuvieron que pasar más de 10 años para que el caso renaciera
tras un reportaje que emitió la televisión autonómica de Cataluña, TV3,
donde se recordaba el episodio de Can Picafort.
El obispado de Mallorca
se movilizó y abrió un procedimiento a comienzos de 2011. En febrero de
ese año, una mujer que supuestamente había sufrido abusos de Pere
Barceló en Cala Rajada —ya prescritos ante la justicia— denunció los
hechos a través de la asociación de la Red de Ayuda de Niños Abusados
(RANA) ante la diócesis de Mallorca. En marzo, el obispo, monseñor
Murgui Soriano, decidió “cesar de todos los oficios pastorales, apartar
de todo trato con menores y prohibir el ejercicio público del
ministerio” a Barceló.
Roma no solo avaló esta decisión, sino que la Congregación para la
Doctrina de la Fe, encabezada por el también mallorquín Luis Francisco
Ladaria, levantó el plazo de prescripción de los supuestos delitos y
ordenó abrir el proceso penal contra el sacerdote. La víctima que dio
origen a este caso y que negó los abusos en 1998 admitió por primera vez
los hechos en noviembre de 2012 y también se animó a denunciarlos tanto
a la justicia ordinaria como en la diócesis.
En su declaración ante el
Tribunal Eclesiástico detalló cómo Pere Barceló la había violado en una decena de ocasiones.
Además de abusar de ella, el cura hizo uso de la violencia física,
según su relato. Le agarraba los brazos cuando ella forcejeaba o le
“tapaba la boca cuando ella sufría dolor ante la penetración”. La
víctima explicó que si no lo contó en su día fue por miedo ante las
amenazas del cura: “Me avisó de que si decía algo lo pagaría caro”.
El acusado negó todos los hechos ante los jueces eclesiásticos y los
atribuyó a una venganza del catequista que lo denunció y del cura que
ocupó antes su puesto en Can Picafort. En marzo de 2013, el tribunal
eclesiástico falló contra el sacerdote, al que expulsó del estado
clerical. Es la primera vez que la Iglesia condena a un sacerdote a la
máxima pena antes de que se publique una sentencia por los mismos
delitos en la justicia civil.
La Iglesia católica española silenció durante décadas los casos de pederastia
que instruyó en sus tribunales eclesiásticos o conoció. Tampoco hizo
públicas las medidas que adoptó, si lo hizo, contra los abusadores. Las
70 diócesis españolas guardan silencio sobre los casos de pederastia que
han instruido en las últimas décadas, se niegan a facilitar las
sentencias de sus tribunales eclesiásticos porque siguen estando,
sostienen, bajo secreto pontificio.
La Conferencia Episcopal rechaza, de momento, revisar el pasado de
abusos como han hecho las cúpulas eclesiásticas en Alemania, Irlanda y
Francia. Desde que EL PAÍS hiciera pública esta circunstancia, más de
200 personas han trasladado a este periódico su experiencia como
supuestas víctimas de abusos a manos de curas que nunca se atendieron
por parte de la Iglesia.
Los casos abarcan desde la década de los
cincuenta hasta nuestros días. En los tribunales de justicia apenas hay
40 sentencias condenatorias a curas en los últimos 30 años. (...)" (José Luis Romero, Julio Núñez, El País, 19/11/18)
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