"El juego patológico es la tercera causa de suicidio en el Estado
español, donde el suicidio es la primera causa de muerte no natural —por
delante, por ejemplo, de los accidentes de tráfico—.
Según Montserrat
Gómez García, docente del Postgrado en Adicciones Comportamentales de la
Universidad de Barcelona, “se considera que hasta un 90% de los
jugadores patológicos presentan ideación suicida y cerca del 20% de los
adictos al juego en tratamiento refieren intentos de autolisis, por lo
que constata que la tasa de suicidio entre los ludópatas es seis veces
superior a la de la población general”.
Sin embargo, el trastorno del
juego no está incluido en protocolos preventivos de suicidio como un
factor de riesgo, como sí ocurre con otras adicciones y enfermedades
crónicas. ¿Estamos abordando adecuadamente el juego como una cuestión de
salud pública?
La epidemiología sugiere que el problema ya tiene una dimensión considerable. Según el último informe sobre adicciones comportamentales
del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones —Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas—, entre la población
española de 15 a 64 años, el 0,4% de las personas sufre un uso
problemático del juego y un 0,3% tiene un posible trastorno del juego
—usando solo las definiciones DSM-V de la Asociación Americana de
Psiquiatría—. Son más de 200.000 personas.
Aunque no andamos
sobrados de investigaciones sobre este asunto, vamos sabiendo que el
juego patológico o el riesgo de padecerlo correlacionan en mayor o menor
medida con otros problemas: abuso de sustancias, ansiedad, una
probabilidad de experimentar fobias nueve veces mayor que las personas
no jugadoras, el triple de posibilidades de sentir pánico, problemas de
fatiga, falta de concentración, mayor presión arterial, problemas
digestivos, problemas hepáticos, migrañas o dolor de cabeza...
Aún
cuesta saber con certeza cuáles de estos problemas se vinculan solo al
juego o a otros factores sociodemográficos relacionados con el mayor
riesgo de caer en el juego problemático. Entonces, ¿bastaría con
profundizar en la investigación sobre la comorbilidad vinculada al juego
para mejorar las políticas de salud pública sobre este problema?
Un reciente artículo liderado por Heather Wardle,
profesora de la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres, proponía algunas ideas fundamentales para este debate: “Hasta
hace poco, los efectos del juego sobre la salud se entendían en gran
medida en términos de patología individual, basada en la categorización
de los síntomas o comportamientos clínicos, como la preocupación por el
juego, los intentos fallidos de dejar de jugar, aumentar la tolerancia
al juego o jugar para escapar de los problemas, utilizando criterios de
diagnóstico establecidos en el Manual de diagnóstico y estadística de
trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero esta
perspectiva identifica que solo una pequeña minoría de la población
tiene problemas de juego. Esto, junto con ideas neoliberales de
promoción de la salud que enfatizan la responsabilidad individual de las
elecciones que afectan a la salud, centran la atención política en el
tratamiento de una minoría de jugadores con problemas y la promoción de
juegos de azar responsables y el autocontrol”, explican Wardle y sus
colegas.
Este es el enfoque que prevalece en las plataformas supuestamente
preventivas del Gobierno: juegoseguro.es y jugarbien.es. Ambos portales
dependen de la dirección general de Ordenación del Juego, un órgano del
Ministerio de Hacienda —sin participación de las autoridades sanitarias—
y están repletos de llamamientos al autocontrol, al autodiagnóstico y,
para casos extremos, a la autoprohibición —solicitar voluntariamente la
inclusión del DNI propio en un registro de personas no autorizadas a
acceder a espacios de juego—.
¿A quién beneficia este
señalamiento de la persona con problemas de juego como responsable de su
conducta? Según explica Wardle, “este enfoque es apoyado y promovido
por la industria, un actor poderoso en este sistema. Al igual que con
las discusiones sobre otros productos dañinos para la salud pública,
como los alimentos procesados y el alcohol, centrarse en el individuo se
alinea con los intereses de la industria al desviar la atención
regulatoria de los productos y las prácticas comerciales que causan
daños, y de medidas políticas más amplias que restrinjan y regulen su
disponibilidad”.
La deuda del juego
¡Bingo! Al retratar el juego
problemático como una condición clínica que solo afecta a unas pocas
personas que, además, pueden ser culpabilizadas aislada e
individualmente de su apuesta, ya no estaríamos midiendo bien la
dimensión real que tiene el juego problemático para la salud pública ni
enfocando adecuadamente las medidas de prevención y tratamiento. ¿Qué
nos estamos dejando fuera?
Obviamente, estamos perdonando a la
industria la enorme deuda del juego con la comunidad de las víctimas y
con el conjunto de la sociedad. Ya hace 20 años que el Gobierno
australiano encargó un informe sobre este asunto: según sus
estimaciones, por cada persona que juega de manera problemática, entre
cinco y diez personas más sufren daños alrededor. En Gran Bretaña, las
estimaciones más modestas calculan que el coste social de este desastre
oscila entre los 200 y 1.200 millones de libras —de 230 a 1.400 millones
de euros—. Estas cifras han sido cuestionadas como una fuerte
subestimación, algo cabal si tenemos en cuenta que, volviendo a
Australia, solo el estado de Victoria, con una población de poco más de
seis millones de habitantes, cree que el coste social de los problemas
con el juego en su territorio es de unos 4.000 millones de euros
anuales.
¿Quién paga esta descomunal factura sociosanitaria? La
industria suele escudarse en los impuestos que paga para esgrimir que ya
cubre los gastos que ocasiona al conjunto de la población, pero ¿es
cierto? De nuevo, a falta de datos sólidos para el Estado español, hay
que recurrir a las estimaciones de otros países que han abordado este
drama con antelación. Volvamos al estado de Victoria, Australia: ingresa
por impuestos sobre el juego y las apuestas unos 1.600 millones de
dólares australianos, pero hemos visto que estima el coste social del
juego en casi 7.000 millones de dólares australianos. Como suele
ocurrir, la banca gana y el Estado socializa una deuda neta de 5.400
millones de dólares australianos.
En síntesis, parecemos estar lejos de un abordaje político y económico
del problema del juego que contemple todas las dimensiones de los
cuidados que requieren las personas que los padecen directamente, las
personas en riesgo de padecerlos, sus personas allegadas y el conjunto
de la sociedad." (Raúl F. Millares, El Salto, 24/11/19)
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