"España no sólo ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a inversores por los recortes del último Gobierno del PP a las energías renovables,
sino que además debe abonar hasta el 75% de todos los gastos declarados
por sus demandantes, que consideran vulneradas las "legítimas
expectativas de ganancia" de sus inversiones.
Esto supone un total de 7,1 millones de euros, 4,9 millones por los gastos del inversor NextEra Energy, y 2,2 millones de euros por los que declararon Opera Fund Eco-Invest y Schwab Holding.
En lo que va de año, los árbitros de inversiones del CIADI -dependiente del Banco Mundial- han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización -contando
con las cifras disponibles, de sólo dos de los casos-. También deberá
correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen
haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas
causas.
Sólo en relación a estos casos, España tiene que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas -el 75% del total facturado- por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra
-el 33% de la minuta-, en el que también participaron otros despachos.
En total, debe reembolsar a los inversores honorarios del despacho por
valor de 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos
que resuelven ambos casos, analizados por Público. (...)
Cuatrecasas es el despacho en el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría,
número dos del Ejecutivo cuando alumbró la reforma energética por la
que han demandado estos inversores. Hoy por hoy hay seis causas abiertas
en las que el inversor cuenta con los servicios de este bufete, y en
total reclaman más de 1.334 millones al Estado, como avanzó este diario. (...)
En cualquier caso, el de Santamaría es el bufete
español más contratado por inversores que demandan a España ante este
tipo de instancias, el segundo a nivel internacional. Todas estas
demandas, como la inmensa cantidad de litigos aún pendientes por el
Tratado de la Carta de la Energía, se sustentan en el hachazo a las renovables del Ejecutivo del PP.
Santamaría, abogada del Estado en excedencia,
es socia de la firma y se sienta en su Consejo de Administración. Llegó
al bufete en marzo de 2019 -Cuatrecasas ya defendía a estos
inversores-, escasos meses después de su salida del Gobierno, vía moción
de censura, en junio de 2018.
Los recortes en esta materia fueron impulsados por
José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo entre 2011
y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Cada miércoles, la entonces vicepresidenta rechazaba o daba luz verde a
las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de
Ministros, dos días después.
Hoy Santamaría lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas se remiten a anteriores explicaciones a este diario. Hace una semana, afirmaron que la exvicepresidenta sólo trabaja en su área, y subrayaron que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje.
Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica han obviado las reiteradas peticiones de información de este diario." (Alejandro López de Miguel, Público, 30/11/19)
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