"(...) se requiere repensar el enfoque de la política industrial y, más aún, a
la luz de los cambios que están teniendo lugar en Europa, en ciertos
casos presionados por las acciones de China. Por el momento, parece que
se sigue con una visión obsoleta y pasiva de la política industrial,
cuyos resultados han contribuido a la desindustrialización del país. (...)
En
definitiva, convendría que no se repitiese la falta de ideas o la
aplicación de un enfoque con un corte ideológico alejado de la realidad
del país, elementos ambos que ha caracterizado a los gobiernos españoles
tras la cortina (o supuesta defensa) de una política industrial pasiva.
La
nueva política industrial requiere primeramente poner en práctica una
integración de las políticas de demanda con las de oferta (estructural).
Sin embargo, desde el punto de análisis de este trabajo, se insistirá
más en la faceta sectorial-industrial. Esta requiere en su diseño
contemplar dos dimensiones que han de aparecer integradas.
La primera,
de carácter vertical, en la que se determinen las prioridades del
gobierno y, en definitiva, las del país. Esto requiere un análisis de
perspectiva, al menos a 10 años vista. Es decir, es preciso no enunciar
el objetivo de estimular la competitividad, sino indicar en qué sectores
podemos ser más competitivos o por qué sectores debería apostarse para
ser competitivos, teniendo como referencia la década siguiente.
A título
de ejemplo, algunas de las prioridades que podrían considerarse serían
las de la industria de la moda (con efectos de arrastre en textil,
confección, cuero, calzado o cosmética); aerospacial (donde la
integración en cadenas internacionales de valor europeas podría tener
gran trascendencia y pudiendo impulsar la industria de materiales
especiales, incluyendo ciertas actividades relacionadas con productos
metálicos); naval (en este ámbito, la de tipo militar sería
estratégica); o radioelectrónica y telecomunicaciones (en ésta prioridad
se incluiría de manera preferencial los aspectos de ciberseguridad).
La
potenciación de reconstrucciones de edificios equilibrados
medioambientalmente, la dotación de infraestructuras para recargas de
vehículos eléctricos o el estímulo de las energías eólica y solares
podrían ser interesantes, pero pueden tener severas limitaciones en su
capacidad de arrastre de otros sectores industriales nacionales, puesto
que la mayoría de los componentes parece que procederían del extranjero.
En estos últimos casos, su estímulo podría estar más orientado a
facilidades regulativas para estimular que la iniciativa privada entrase
por interés propio y, quizá, en el mejor de los casos, podría
estimularse el desarrollo de ciertas ingenierías.
La
segunda es la dimensión horizontal, consistente en el establecimiento de
los estímulos para implicar a los diferentes agentes sociales en el
cumplimiento de las prioridades establecidas.
Esto significa especificar
las formas de intervención directa del Estado (empresas estatales o
bancos estatales – en este último caso, mantenimiento de Bankia en manos
del Estado como instrumento para promocionar una política industrial
activa, al tiempo como establecerse en un eje para mejorar el nivel de
competencia en el sector bancario) y determinar las empresas o grupos de
empresas privadas implicadas en las prioridades del desarrollo
económico.
Respecto a la participación del Estado, no sólo deberán
establecerse las administraciones del Estado central implicadas (como
genéricamente se ha apuntado en algunas de la agendas sectoriales
actuales), sino que se implicará a los gobiernos autonómicos. En este
ámbito, se debería cambiar parte de la financiación regional, es decir,
condicionar los flujos financieros de la administración central a las
autonómicas a la adhesión de estas últimas a las prioridades
industriales (concediendo mayor financiación si se ajustan a las
prelaciones establecidas y restándola cuando no se atengan a éstas).
En
cuanto a las empresas privadas, se determinarían entidades individuales o
grupos de ellas, forjando “clusters prioritarios”. Los núcleos
centrales serían privados, aunque en ciertos casos podrían ser
públicos-privados (generando nuevas formas de colaboración
público-privado). A las empresas líderes se les abrirían líneas
especiales de apoyo, tanto financieras como en especie, donde se
incluirían sus actividades y se fomentaría la integración-colaboración
con otras empresas privadas, estimulando los efectos de arrastre
productivo.
En conclusión, en las actuales
circunstancias, se requiere acometer una nueva política industrial. Esta
se caracterizaría, por un lado, por el establecimiento de prioridades a
largo plazo, por otro lado, por la actividad de Estado, determinando
las mencionadas líneas de desarrollo y apoyos explícitos (financieros y
en especie) y, finalmente, por el establecimiento de una nueva
colaboración público-privada para conseguir la puesta en práctica de la
mencionada política industrial."
(Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia). La paradoja de Kaldor, 19/11/19
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