"(...) Para cualquier persona con unos mínimos valores democráticos es
obvio que, ante un problema colectivo como el que estamos afrontando,
no se puede dejar en la cuneta a una parte de la población como son los
cientos de miles de trabajadores, especialmente jóvenes y temporales,
que van a encontrarse después del levantamiento del estado de alarma,
sin rentas de ningún tipo. Esto aplica también a los trabajadores por
cuenta propia que están ya en esa situación de desaparición total o
parcial de sus rentas.
Menos evidente es para muchas personas la necesidad de sostener las rentas empresariales,
especialmente en lo que atañe al frágil tejido de pequeñas empresas que
son responsables de la mayoría del empleo y la producción de nuestro
país. Debemos de ser conscientes de que no solo resulta injusto que
cientos de miles de esos pequeños empresarios vean desaparecer total o
parcialmente sus rentas por culpa de un problema colectivo, sino que,
aún peor, una buena proporción de esas empresas no podrán resistir, por
la fragilidad mencionada, esta situación, trayendo como consecuencia un
empobrecimiento generalizado de la sociedad, un aumento del desempleo y
en consecuencia una nueva y más grave caída de la demanda.
El Gobierno debería olvidarse ya de límites de déficit y reglas de gasto y pagar mediante transferencia una renta incondicionada a cada uno de los hogares,
sin preguntas, sin necesidad de aportar documentación. Tal cantidad se
sumaría a la cuota liquidable del IRPF devolviéndose en el ejercicio
2021 salvo para aquellos hogares que no dispusieran de un determinado
umbral de renta.
Operativamente se podría implementar de forma muy
sencilla abriendo una cuenta electrónica para cada ciudadano y cada
empresa en el Banco de España,
cuentas donde se irían ingresando los diferenciales de rentas
correspondientes. Debemos de ser conscientes de que si no se hace es
simplemente por cuestiones ideológicas.
Esto supondría una inyección de liquidez inmediata que
podría acompañarse de una reducción de los tipos de retención a cuenta
del IRPF aplicables a las nóminas de los meses que quedan por pagar este
año. Se trata de evitar el hundimiento de las rentas.
Para después de la pandemia el gobierno tendrá que volcarse en la reconstrucción de nuestra economía.
Con carácter urgente tendría que implantar de forma urgente un plan de
trabajo garantizado que pusiera a trabajar a todas aquellas personas que
no han encontrado un empleo y desearan uno. Estas personas deseosas de
trabajar y producir podrían volcarse inicialmente en todo tipo de tareas
necesarias para conseguir la recuperación de la normalidad: desmontar
los hospitales de campaña; volver a poner en marcha escuelas y
universidades; dar soporte a nuestro sistema de sanidad pública; apoyar y
reconfortar a las personas más perjudicadas por la epidemia; movilizar a
actores, cantantes, artistas que se quedaron sin trabajo durante la
pandemia para ofrecer entretenimiento a una población traumatizada por
más de dos meses de confinamiento; entre otras. Este programa debería
quedar como un legado permanente de la gestión de la pandemia por ser un
potente instrumento de carácter anticíclico.
El Gobierno de España se ha agarrado a la tabla de salvación de la solidaridad europea.
Pero ésta está carcomida. Con la complicidad de los italianos pensaron
que sería posible convencer a los europeos septentrionales de que esta
vez aceptaran la obsoleta reivindicación de la mutualización de la deuda
pública.
Pero este fin de semana Nadia Calviño
se ha vuelto de la reunión del Ecofin sin coronabonos y a cambio ha
aceptado un pequeño rescate de 25 mil millones de euros del Mecanismo
Europeo de Estabilidad para cubrir los gastos sanitarios y líneas de
avales y préstamos que no sirven para hacer frente a la magnitud de la
catástrofe inminente. La mano que da siempre está por encima de la que
recibe. Solo la falta de autoestima —bien labrada desde las elites— del
pueblo español explica que no estalle una oleada de rabia e indignación
en los balcones.
En un artículo de opinión publicado hace poco en El País, el presidente del gobierno, reclamaba un plan Marshall para las economías de la zona euro.
El término sugiere un complejo de subordinación de nuestras elites a
las europeas.
Nuestros gobernantes creen que la solución a nuestros
problemas está en las dádivas del Norte de Europa cuando no tienen más
que mirar atrás para contemplar que hay más de cinco millones de
españoles dispuestos a ser movilizados y trabajar para construir un país
mejor. Son recursos inagotables para abordar una potente política
industrial impulsada por un banco público de inversiones. Ni MEDE, ni
coronabonos; lo que necesitamos es un banco central para financiar un plan de desarrollo.
Un Green New Deal,
un nuevo pacto verde, que transformara nuestra economía podría
movilizar este recurso casi inagotable. Se trata de crear cientos de
miles de nuevos empleos vinculados con la transformación del modelo energético;
la mejora de la calidad y sostenibilidad del parque de viviendas,
especialmente del parque público; la mejora de nuestro sistema
ferroviario para reducir el recurso al transporte por carretera; la
recuperación de los paisajes naturales degradados; proteger los entornos
amenazados por el cambio climático; o asegurar un ciclo del agua
sostenible; son solo algunas entre las múltiples tareas que podrían
mejorar nuestra calidad de vida y asegurar nuestro futuro como especie
en la Tierra.
Es un plan mucho mejor que el Green Deal (sin el adjetivo New) de Ursula von der Leyen
que solo propone el cierre de actividades y la erosión permanente del
nivel de vida de las clases populares con impuestos que encarezcan su
acceso a la energía y el transporte mientras se confía el liderazgo a la
iniciativa privada con líneas de avales y garantías.
La Teoría Monetaria Moderna (TMM) nos enseña la capacidad fiscal del
Estado cuando ejerce plenamente su soberanía monetaria. Solamente los
países con soberanía monetaria, tipos de cambio flotantes y emisión de
deuda soberana en moneda local pueden explotar al máximo su capacidad fiscal. Quizás sea también ésta la ocasión para reivindicarla.
Les dejamos con un gráfico espectacular en el que podemos ver el tamaño del balance del Banco central de Japón
(BoJ) como porcentaje del PIB en relación al BCE, la Reserva Federal y
el Banco de Inglaterra. Japón no ha enseñado que se puede hacer, que no
existen consecuencias negativas sino todo lo contrario y que si no se
hace es por cuestiones puramente ideológicas. El BCE según esto podría
expandir su balance en casi 8 billones de euros más sin sobrepasar los
niveles del BoJ, lo que daría más que holgadamente para financiar el
necesario plan."
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