"La Generalitat de Cataluña compró hospitales de campañas tras verse envuelta en las polémicas por el bloqueo a los hospitales de campaña que el Ejército y la Guardia Civil montaban en tierras catalanas (tanto en Sabadell, como en Sant Andreu de la Barca). Entonces el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la empresa pública que Quim Torra convirtió en central de compras, se hacía con 27 puestos de campaña hinchables.
En
Sabadell, durante lo peor de la pandemia, la Unidad Militar de
Emergencias (UME) comenzó a preparar un hospital de campaña en un
polideportivo de la ciudad a petición de la alcaldesa, Marta Farrés.
Cuando la Generalitat se enteró, paralizó el proyecto e hizo desmontar
las tiendas que habían levantado los soldados, alegando que el color no cuadraba con el entorno.
Poco después, la Guardia Civil montaba otro hospital de campaña similar
en Sant Andreu de la Barca, solicitado por el alcalde, Enric Llorca y
siguiendo las directrices de Médicos sin Fronteras. De nuevo, el Govern obligaba su desmantelamiento alegando que no hacía falta. O, al menos, no hacía falta para los propósitos políticos de la Generalitat de Cataluña.
El 16 de abril y valiéndose del decreto de alarma, inmediatamente
después de obligar a cerrar ese centro en Sant Andreu de la Barca, según
la documentación en poder de este diario, el gerente del SEM, Antoni
Encinas, adjudicaba a dedo un contrato a la compañía
Dropscom Studio para la compra de 25 puestos médicos avanzados (PMA) del
modelo Premium 35.
Estos modelos tienen una capacidad de 8 a 10
camillas. Se trata de modelos de tiendas de campaña hinchables con poca
capacidad, pero a un precio que saca la respiración: casi a 20.000 euros por tienda de campaña.
Ese mismo día, compraba otros dos "hospitales de campaña" (así figura
en la resolución del SEM y en el contrato) a la misma empresa, pero del
modelo Premium 50. Este modelo de hinchable tiene 50 metros cuadrados,
pero puede albergar de 12 a 14 camas.
Estos dos hospitales costaron al erario público 59.870,80 euros,
es decir, a casi 30.000 euros por unidad, que finalmente no fueron
instalados al menos en la primera ola del covid-19. Este diario intentó,
sin éxito, obtener la versión del gobierno catalán. (...)" (Antonio Fernández, El Confidencial, 20/06/20)
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