"El Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede salvar a los colectivos que lo
reciben de caer en la pobreza extrema, pero de lo que no parece que les
libre es de las comisiones bancarias o, incluso, de la exclusión
financiera. Varias organizaciones claman por que las personas
beneficiarias del subsidio puedan obtener cuentas corrientes libres de
comisiones. Y no solo asociaciones aquí, también lo han hecho las
instituciones europeas.
Como medida contra la exclusión
financiera, el Parlamento Europeo aprobó una directiva en 2014 para
garantizar que cualquier persona residente en la Unión Europea tuviera a
su alcance la posibilidad de tener una cuenta bancaria en cualquiera de
los Estados miembro sin restricción alguna, las llamadas Cuentas de Pago Básicas
(CPB). Esta directiva, además, ordenaba que las cuentas tengan una
comisión máxima mensual marcada por los gobiernos nacionales y que los
colectivos vulnerables puedan acceder a una sin pagar nada en absoluto.
Tres
años más tarde, la directiva fue adoptada por el Gobierno español, pero
el Ministerio de Economía, con Luis de Guindos a la cabeza en aquel
entonces, no fijó las comisiones máximas para dicha cuenta y retrasó su
puesta en marcha durante más de dos años. “Al final quien acaba
publicando la transposición es Nadia Calviño en marzo de 2019, cuando
otros países ya la han aplicado hace años”, lamenta Daniel Álvarez,
técnico del programa de educación financiera en la Fundación leonesa de familias monoparentales Isadora Duncan.
Desde esta organización llevan años reclamando que se popularice y se
informe mucho mejor sobre este tipo de cuentas y, tras la aprobación
del IMV, exigen que dentro de esa figura de persona en situación de
vulnerabilidad se reconozca de manera automática a las personas que
cobren el subsidio. “La intención es que tengan una cuenta bancaria, ya
que será obligatoria para la percepción, pero que no tenga comisiones”,
explica Álvarez.
La Directiva “no parecía ni mala”, afirma
Álvarez, ya que fijaba en tres euros mensuales la comisión máxima, en
los que se debía incluir la cuenta, las operaciones, tarjeta e incluso
el acceso a una ventanilla, un detalle que al técnico de exclusión
financiera le parece muy importante, ya que “la recibe gente muy mayor o
que viven en pueblos donde su acceso o conocimiento de internet para
acceder a la banca online sea muy limitado”.
Pero, según la
experiencia en Isadora Duncan, la realidad en cuanto a las comisiones
que se les cobra es otra. Desde 2015, esta fundación ha estado
trabajando con los servicios de inclusión de León y han podido
presenciar de primera mano las dificultades en las que se encontraban
las personas receptivas de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un
sistema de subsidio propio de Castilla y León, y las comisiones
bancarias a las que se tenían que enfrentar. “Empezamos a ver que las
cuentas tenían comisiones, que las tarjetas y que cualquier servicio se
los cobraban” (...)" (Yago Álvarez, El Salto, 06/06/20)
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