"La Junta de Andalucía ha aprobado el uso de fondos europeos contra la covid llamados REACT-UE (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa), creados con la idea de hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, para financiar de un modo indirecto –a través de una "reorientación" de recursos propios destinados a sanidad y educación– la compra por 78 millones de euros de la sede de Abengoa, una de las empresas tecnológicas punteras del país, hoy en concurso de acreedores.
El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, quiere ubicar allí la Ciudad de la Justicia, los juzgados y tribunales de Sevilla. (...)
El gabinete de Juanma Moreno (PP) se negó a poner 20 millones de euros para el último plan de salvación en el que estaban de acuerdo el Gobierno de España, que iba a avalar la operación, y la banca, y con ello dificultó que este pudiera llegar a buen puerto. El Gobierno andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía.
Ahora, cuando la gestión de la multinacional se lleva desde el juzgado 3 de lo mercantil de Sevilla, el Gobierno andaluz acomete esta operación.
Para hacer la oferta por Palmas Altas, la Junta destina 78 millones del presupuesto de sanidad y educación previsto para el pago de salarios de profesores y para la limpieza de los centros educativos y complementos salariales de los trabajadores sanitarios y cubre esa transferencia, esa merma en esas partidas, con parte del capital recibido de Europa, según consta en la documentación elevada por la Consejería de Hacienda al Consejo de Gobierno, y que fue aprobada el pasado 16 de marzo. La modificación presupuestaria cuenta con el visto bueno de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
La transferencia de créditos asciende en total a 128 millones de euros y con ella no solo se financia la compra de Palmas Altas.(...)
El resto de ese dinero –unos 50 millones– extraído de la sanidad y la educación gracias a la inyección de los fondos europeos lo destina el Ejecutivo andaluz, por un lado, a empresas privadas: a financiar contratos de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros, donde invierte 19,9 millones de euros, para "compensar económicamente el déficit que se ha producido en estos contratos" por la covid.
Por otro lado, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia recibe 30 millones para mejorar el servicio de ayuda a domicilio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de atención residencial.(...)
El resto, 638.000 euros, va a la Consejería de Hacienda para la contratación de asistencia técnica para tramitar autorizaciones administrativas de las instalaciones de energía eléctrica y para las solicitudes sobre proyectos de generación de energías renovables y sus infraestucturas de evacuación, sometidos a autorización ambiental.
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