"(...) Eso sí, ¿eso significa que en todas las residencias de los grandes grupos hubo un impacto negativo? No. Pero sí que hubo un elemento determinante. Lo más preocupante son los grupos que están en manos de unos fondos muy particulares, los private equity. A veces decimos «fondos buitre», por generalizar. No lo son.
Fondos buitre son los que entran en las empresas o en la deuda de los Estados que están a punto de quebrar. Private equity es peor. Tienen tres características: uno, invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Dos, cuando entran en un negocio siempre es con un plazo temporal, como máximo en cinco años quieren revender con las máximas plusvalías, con independencia del negocio. ¿Cómo hacen estas adquisiciones? Con operaciones de deuda muy potentes, en la jerga, «apalancamiento».
Tiene mil ventajas para ellos y, esta es la otra característica, es fácil que se fijen en sectores que generan mucho efectivo, porque les sirve para pagar las deudas con rapidez. El sector residencial es uno de ellos: todos los meses nuestros ancianos o la Administración pagan por el servicio. Su objetivo es dar el pelotazo más grande en el menor tiempo posible. Para conseguir esto necesitan muchos clientes, en su jerga, y ahorrando hasta el último céntimo. Esto se logra reduciendo el personal y en otros elementos como la alimentación, que es una queja permanente de residentes y familiares.
—Recuerdo un reportaje tremebundo de mi querido Alberto Chicote sobre la alimentación en residencias…
—Recortar en alimentación es recortar en calidad de vida de los mayores. Esto no es un supermercado donde colocas las estanterías más juntas. La sociedad debería plantearse si este tipo de fondos pueden operar en cualquier actividad, por ejemplo con mayores o con niños. Si la respuesta es sí, que haya una inspección y unas sanciones muy serias. Eso no ocurre. Tres de los ocho grandes grupos están controlados por fondos private equity, entre ellos DomusVi.
—¿Qué nos ha pasado como sociedad para dejar en manos de fondos sin cara, un arquetipo habitual en el terror —recuerdo a Slenderman—, el cuidado de nuestros ancianos?
—Pues es el modelo en toda España. DomusVi es el único grupo que tiene residencias en las diecisiete comunidades. Nuestro sistema no es transparente: de estos fondos no sabemos quién es el inversor final. Crean estructuras fiscales complicadas, que detallo en el libro, y algunas tienen hasta diez niveles diferentes. Pasan por Luxemburgo, acaban en Jersey… No sabes quién ha puesto el dinero. En empresas que viven de dinero público debería ser inadmisible. Debemos saber quienes son los dueños. Y esto se agrava porque tenemos un sistema de inspección cero transparente: no podemos saber si a una residencia se le ha hecho una inspección y han encontrado elementos graves. Tenemos sanciones que no son públicas para «no criminalizar» a las empresas. Debería ser todo transparente, porque el eje debería ser el bienestar de los residentes. Esas personas o sus familiares tienen todo el derecho de saber para poder decidir a qué residencia va.
—Y en qué residencia morirá. Porque la muerte es otro negocio. Habla usted del grupo funerario Mémora.
—DomusVi y Mémora, los dos grupos más grandes en sus sectores, llegaron a un acuerdo en el que Mémora le paga una comisión a DomusVi por cada cliente fallecido. Es decir, funcionan como comisionistas de una empresa funeraria. Y lo más grave, sin decirlo. Mucha gente, cuando pierde a un familiar, está en una situación crítica y lo que quiere es que se lo solucionen, pero pido transparencia, porque es su derecho.
—Otra cosa sorprendente para mí es que leyendo su libro no veo mal a la Iglesia. ¿Tengo razón?
—Lo primero que sorprende es que la Iglesia es el principal operador en España: tiene alrededor de 40.000 plazas. Al contrario que DomusVi, que cuando compra una residencia le pone su marca, la Iglesia está muy descentralizada: funciona con órdenes religiosas, con asociaciones, con fundaciones… En el libro defiendo que la Iglesia tiene el mismo derecho a operar en el sector residencial que cualquier otra entidad. Lo que denuncio es culpa de la Administración: las órdenes religiosas que funcionan con el concepto del siglo XIX de caridad y beneficencia. Ocurre con tres, las más grandes de su tipo en el sector, y la principal es las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Funcionar con el concepto de beneficencia y caridad significa que cuando estalló la pandemia, las Hermanitas de los Pobres de Pamplona, o de Ronda, o de Málaga, no se quedaron sin dinero.
Salían a pedir dos veces por semana y se basaban en la alimentación que donaban los supermercados, pero si no puedes salir… Esto no es culpa de las monjas. Dedican su vida a ayudar a los demás. Es problema de la Administración que lo permite: un Estado del Bienestar del XXI no puede permitir que haya una red que funcione con las ideas de caridad y beneficencia. Los mayores tienen el mismo derecho a recibir los mismos servicios que cualquier otro pero, claro, a la Administración le viene de perlas esta red. Se quitan los problemas porque ahí están las Hermanitas ocupándose.
—Usted no es bolivariano, (nos reímos) cree en la colaboración público-privada, pero ¿en qué términos?
—Me parece legítimo quien defienda que todo el sector debería ser público, porque no se puede hacer negocio con los mayores. Pero, con independencia de nuestra ideología, hay una realidad: el 90% de las residencias en España son de gestión privada. No se puede nacionalizar este sistema por motivos legales y económicos. Lo que sí creo es que el sistema le da todo el poder a las empresas, y eso hay que cambiarlo. ¿Y si una empresa quiebra y deja en la calle a ancianos? Además de la falta de control de la administración con inspecciones y sanciones. Muchas empresas lo hacen bien, pero las que lo hacen mal salen impunes. Habría que construir residencias de gestión pública. Desde los noventa casi no se construyen, incluso en comunidades como la valenciana, donde se han hecho cosas bien. Pues sólo construirán una. Eso no es cambiar el modelo. Y también todas aquellas que están privatizadas por la vía de la concesión. En España son 754. Cuando ese contrato caduque, que vayan a la gestión pública. Ahí habría un terreno para que la próxima década haya más equilibrio entre público y privado. (...)"
(Entrevista a Manuel Rico, Edu Galán, ZendaLibros, 08/04/21)
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