Aunque lo parezca, la crisis financiera internacional no es la causa de la aguda recesión que está experimentando la economía española. Ha sido, eso sí, el desencadenante. Pero su mayor intensidad está causada por una especie de enfermedad asintomática que estaba tapada por la euforia de una década de crecimiento espectacular. Sin embargo, conocíamos sus síntomas: baja productividad, elevada inflación diferencial y, especialmente, un fuerte déficit comercial -el 10% del PIB, el mayor del mundo-, y su reverso, un elevado endeudamiento exterior que servía para financiarlo.
Sea cual sea la salida a la crisis bancaria y a la sequía de crédito, el Gobierno tiene que afrontar tres retos. Primero, evitar que la crisis se transforme en una recesión profunda, larga y dolorosa, especialmente en términos de desempleo. Segundo, fomentar acuerdos estratégicos para mejorar la productividad y promover nuevas especializaciones productivas capaces de aumentar la competitividad y generar empleo de salarios elevados. Y tercero, modular los efectos colaterales negativos que pudiese tener el elevado endeudamiento de grandes empresas inmobiliarias e industriales con la banca.
El objetivo prioritario a corto plazo tiene que ser el evitar una anorexia del consumo y la inversión. Las recesiones profundas no son la penitencia a pagar por el pecado de los excesos del crecimiento. Atribuir un sentido moral a la recesión es una creencia conservadora. Las recesiones lo único que traen son consecuencias sociales y políticas devastadoras, especialmente el desempleo. La función de los gobiernos es evitarlas. (...)El ajuste es inevitable y las empresas han de tener flexibilidad para adaptarse a la nueva situación del mercado. Pero no da igual la forma en que se aborde. No es lo mismo que se produzca bajo fórmulas del "sálvese quien pueda" o del "todos contra los más débiles", a que se lleve a cabo mediante una solución cooperativa que amortigüe y distribuya equitativamente el coste del ajuste y del cambio productivo.
Ahora bien, una solución cooperativa que implique a empresarios, trabajadores y administraciones exige liderazgo. Requiere que alguien tome sobre sus espaldas la responsabilidad y la tarea de poner de acuerdo a todos los actores ante unos objetivos y una "hoja de ruta". Esa tarea corresponde a la política y a los políticos. En primer lugar, al Gobierno. (...)
No es función de un economista decir lo que han de hacer los políticos. Pero sí podemos decir algo acerca de los efectos de las diferentes formas de enfrentarse a los problemas. (...)Una solución ideal podría ser una política que se apoye en cuatro columnas: 1) acuerdos sobre flexibilidad y moderación salarial -con algún tipo de acuerdo sobre salario mínimo y salarios no monetarios-; 2) compromiso de las empresas en inversiones en mejoras de productividad; 3) una política fiscal y presupuestaria activa orientada a mantener empleo y evitar la asfixia del consumo; y 4) una mayor capacidad de financiación pública de las infraestructuras y del tejido empresarial existente.
Una política de este tipo tiene la ventaja de que evita la estrategia del "sálvese quien pueda", da coherencia a las medidas parciales, genera confianza y permite a empresarios, trabajadores y administración reducir incertidumbre y crear expectativas ciertas sobre el comportamiento de unos y otros. No es una política fácil. Exige liderazgo político. (...)Esta crisis es el test del liderazgo político de José Luis Rodríguez Zapatero." (ANTÓN COSTAS: Crisis económica y liderazgo político. El País, ed. Galicia, Opinión, 07/12/2008, p. 35 )
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