"La crisis del sector inmobiliario es un ejemplo claro de violencia sistemática contra las personas. Repasemos un poco lo que pasó en esa época dorada del boom inmobiliario.
Gracias a esos años de mal entendida prosperidad, España se convirtió en el país con las casas más caras del mundo, según la OCDE. Y las viviendas eran caras no precisamente porque escasearan.
Según datos del Banco de España, a finales de 2007, punto final de la fiesta del ladrillo, el parque total de viviendas superaba los 25,5 millones, sobre un total de 16,69 millones de familias. Estas cifras indican un promedio de 1,56 viviendas por familia, una de las tasas más altas del mundo.
De hecho, somos el país de la UE con más viviendas vacías, con una cifra que superaba los tres millones en el censo del año 2001. Dado todo lo que se construyó desde entonces, sobre todo hasta el estallido de la burbuja en ese año 2007, es fácil que esa cifra de casas vacías ronde ya los cuatro millones y medio.
En resumen, gracias a la época dorada del pelotazo inmobiliario, también conocido como capitalismo popular del ladrillo, nos sobran más viviendas que a nadie, pero dichas viviendas son las más caras del mundo. Tamaño despropósito no fue desencadenado por los hados o por un demiurgo caprichoso.
Para escribir esta epopeya de la especulación, fue imprescindible la participación entusiasta de las administraciones públicas. Nuestros gobernantes, que en teoría son elegidos para servir al pueblo, utilizaron el poder político para atentar contra los derechos económicos y sociales del pueblo, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución). (...)
Multitud de alcaldes y concejales, unidos en vergonzoso contubernio con sus amigos promotores y constructores inmobiliarios, hincharon sus patrimonios personales durante el boom inmobiliario. Pero algo sobró de la fiesta, como bien saben en los partidos de los corruptos.
El Tribunal de Cuentas dijo en cierta ocasión, cuando todavía quedaba maná en el ladrillo, que una tercera parte de la financiación de los partidos políticos era ilegal y procedía sobre todo de la especulación urbanística. (...)
También deberían ser juzgados en este hipotético juicio los principales responsables de la banca, sin cuyos fondos no se habrían podido financiar los años de la locura del ladrillo. Por cierto, no sólo los de la banca española: el negocio de la especulación fue tan suculento que atrajo además la inversión de fondos privados y de bancos de otros países, incluyendo los de EEUU y Alemania.
Ahora estos bancos nacionales y extranjeros, en los que tanto dinero público hemos invertido para su salvación, piden a los estados que paguen sus deudas a costa de traumáticos recortes sociales.
En un país democrático se tomaría una decisión similar a la de Islandia: se nacionalizaría la banca, se perseguiría penalmente a los banqueros y se convocaría un referéndum para ver si queremos pagar una deuda tan injusta y odiosa para la población.
Pero no hay por qué preocuparse. No van a ser juzgados ni políticos, ni constructores ni banqueros. Nunca habrá un juicio al país del ladrillo. " (Attac Madrid, 14/03/2011)
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