"El rey Guillermo Alejandro comunicó al pueblo holandés un mensaje
procedente del Gobierno en un discurso televisado a la nación: el Estado
del bienestar del siglo XX ha llegado a su fin.
En
su lugar está emergiendo una “sociedad participativa" en la que la
gente debe responsabilizarse de su propio futuro y debe crear sus
propias redes sociales y financieras de protección, con menor ayuda del
gobierno nacional. (...)
Guillermo Alejandro dijo que hoy la gente
espera y "desea tomar sus propias decisiones, organizar su vida y cuidar
unos de otros".
La "sociedad
participativa" lleva un tiempo en funcionamiento: en la última década se
han recortado regularmente ayudas como la prestación por desempleo y
los subsidios de la seguridad social. La edad de jubilación se ha
retrasado a los 67 años.
El rey dijo el
martes que parte de los costes para el cuidado de los mayores, para
servicios a los jóvenes y para programas de reintegración laboral lo
asumirán los municipios, para ajustarlos mejor a las circunstancias
locales.
El rey tiene un salario anual
de unos 825.000 euros (1,1 millones de dólares), a pesar de que el
mantenimiento de la Casa Real (castillos, desfiles, etc...) cuesta al
Gobierno más de 100 millones de euros al año. (...)
Sin embargo, el Gobierno manifestó el martes que ha decidido de una vez
por todas no abandonar el programa "Joint Strike Fighter", conducido por
Estados Unidos para desarrollar nuevos aviones militares. Este programa
ha sufrido sobrecostes y ha creado divisiones en la coalición del
Gobierno de Rutte. (...)" (The Independent, Rebelión, 24/09/2013)
“El Estado de bienestar del siglo XX se ha terminado. En su lugar surge un ‘sociedad participativa’ en la que las personas deben asumir la responsabilidad sobre su propio futuro y crear sus propias redes de seguridad social y financiera. La gente quiere hacer sus propias elecciones, organizar sus propias vidas y cuidar unos de los otros”.
Lo que más asombra de este discurso, leído la semana pasada en la televisión de Holanda por su nuevo rey Guillermo, pero redactado por el Gobierno —una coalición de conservadores y socialdemócratas—, no es su extraño tono decimonónico, sino su soberbia.
Su pretensión de instalarse como verdad revelada, consecuencia de unas transformaciones tecnológicas imparables, llegadas de la mano del siglo XXI y de la famosa globalización comercial. (...)
El programa político de Rutte supone ignorar (o despreciar) el hecho de que, en los países democráticos europeos, el Estado es una institución que fue adquiriendo forma tras un debate muy largo, y a veces trágico, sobre los ideales de justicia y de eficacia. Sobre la evidencia de que determinados niveles de desigualdad perjudican al tejido social en su conjunto y de que existen injusticias que ofenden la dignidad del ser humano.
El resultado de ese debate fue el pacto entre la democracia cristiana y la socialdemocracia por el que nace el Estado de bienestar. Debilitarlo ahora implica debilitar una institución que está al servicio de unos derechos.
Los defensores de ese debilitamiento y de la decimonónica idea de que cuidemos directamente “los unos de los otros”, no se sabe bien a través de que institución que no sea, precisamente, el Estado, plantean su programa como la única respuesta posible a una nueva situación económica y quieren hacer creer que esas nuevas reglas nacen como consecuencia de las nuevas tecnologías y de la globalización.
Pero no es así. James K. Galbraith (citado por A. Costas en La Maleta) asegura que nada apoya esa hipótesis y que son factores de naturaleza financiera (no tecnológica, ni comercial), fuera de control, los que han llevado la economía a su actual escenario. (...)
Resulta extraño que justo cuando esas desigualdades aumentan a un ritmo devastador (www.intermon-oxfam.org.es) se proponga, precisamente, el debilitamiento del Estado y el traspaso a la “sociedad participativa” de la defensa de los derechos que fueron pactados para corregir el alcance de esas brutales divergencias.
¿Por qué la socialdemocracia holandesa participa de esa idea? Sus colegas nórdicos mantienen un enfoque diferente. Creen que hay que redefinir las categorías de la protección social, pero no hacer desistir al Estado de su defensa. (...)
“El Estado de bienestar del siglo XX se ha terminado. En su lugar surge un ‘sociedad participativa’ en la que las personas deben asumir la responsabilidad sobre su propio futuro y crear sus propias redes de seguridad social y financiera. La gente quiere hacer sus propias elecciones, organizar sus propias vidas y cuidar unos de los otros”.
Lo que más asombra de este discurso, leído la semana pasada en la televisión de Holanda por su nuevo rey Guillermo, pero redactado por el Gobierno —una coalición de conservadores y socialdemócratas—, no es su extraño tono decimonónico, sino su soberbia.
Su pretensión de instalarse como verdad revelada, consecuencia de unas transformaciones tecnológicas imparables, llegadas de la mano del siglo XXI y de la famosa globalización comercial. (...)
El programa político de Rutte supone ignorar (o despreciar) el hecho de que, en los países democráticos europeos, el Estado es una institución que fue adquiriendo forma tras un debate muy largo, y a veces trágico, sobre los ideales de justicia y de eficacia. Sobre la evidencia de que determinados niveles de desigualdad perjudican al tejido social en su conjunto y de que existen injusticias que ofenden la dignidad del ser humano.
El resultado de ese debate fue el pacto entre la democracia cristiana y la socialdemocracia por el que nace el Estado de bienestar. Debilitarlo ahora implica debilitar una institución que está al servicio de unos derechos.
Los defensores de ese debilitamiento y de la decimonónica idea de que cuidemos directamente “los unos de los otros”, no se sabe bien a través de que institución que no sea, precisamente, el Estado, plantean su programa como la única respuesta posible a una nueva situación económica y quieren hacer creer que esas nuevas reglas nacen como consecuencia de las nuevas tecnologías y de la globalización.
Pero no es así. James K. Galbraith (citado por A. Costas en La Maleta) asegura que nada apoya esa hipótesis y que son factores de naturaleza financiera (no tecnológica, ni comercial), fuera de control, los que han llevado la economía a su actual escenario. (...)
Resulta extraño que justo cuando esas desigualdades aumentan a un ritmo devastador (www.intermon-oxfam.org.es) se proponga, precisamente, el debilitamiento del Estado y el traspaso a la “sociedad participativa” de la defensa de los derechos que fueron pactados para corregir el alcance de esas brutales divergencias.
¿Por qué la socialdemocracia holandesa participa de esa idea? Sus colegas nórdicos mantienen un enfoque diferente. Creen que hay que redefinir las categorías de la protección social, pero no hacer desistir al Estado de su defensa. (...)
salvo que hayamos dado un salto atrás de un siglo y ya no se considere
necesario corregir grados de desigualdad insoportables ni se crea que el
Estado es una institución que protege derechos, no se comprende bien
cuál es la eficacia del trasvase de esas competencias a la mal llamada
“sociedad participativa”. (
Soledad Gallego-Díaz
, El País, 22 SEP 2013)
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