"A menudo desde el soberanismo se critica muy razonable y razonadamente
el comportamiento de las denominadas élites extractivas españolas, las
que se han beneficiado de la política de grandes infraestructuras.
El
despilfarro lleva al presunto cobro de comisiones por parte de partidos,
a la simbiosis entre el capitalismo que vive del Boletín Oficial del Estado
y los políticos que controlan sus páginas, lo que ha impulsado a España
a enladrillar por encima de sus posibilidades en pos de la aparente
modernidad. (...)
También en Cataluña contamos con entusiastas practicantes de la
política del despilfarro y engorde rápido. Así, en los juzgados se halla
el caso ITV. Al parecer, miembros destacados de CDC, Oriol
Pujol entre ellos, y un grupo de empresarios intentaron acabar con el
primer concurso público de estaciones de la Inspección Técnica de
Vehículos y lograr que se convocara otro hecho a medida.
Y por decisión
del Tribunal Supremo, incluso un juez —Joaquín José Ortiz Blasco— se va a
sentar en el banquillo, acusado de negociaciones prohibidas a
funcionarios. Ortiz Blasco presidió la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
hasta en cinco recursos sobre el sector de las ITV.
Las élites
catalanas —como tantas otras— han erigido su particular palco con trazos
culturalmente distintos a los de Madrid. ¿Para qué hacer negocios en un
frío estadio deportivo, contando con un incomparable marco modernista?
Poco antes de dejar el poder en 2003, CiU puso dos grandes
infraestructuras en marcha: la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la
Línea 9 del metro. La primera se finalizó, la segunda —un mustio bucle
subterráneo— va para largo con la crisis. Según reconocimiento que honra
al consejero Santi Vila, fue un proyecto “mal orientado y mal
planeado”.
43 kilómetros y 46 estaciones debían componer este viacrucis
metropolitano que ya tiene un sobrecoste de más de 10.000 millones de
euros. Once años después de la primera foto inaugural, los escasos nueve
kilómetros que separan el aeropuerto de El Prat de la Zona Franca
continúan incomunicados por metro y las venas de la L-9 abiertas y
desangrándose por una ciudad que lucha contra la crisis. Probablemente,
Barcelona no precisaba una línea de tal extensión. Hubiera bastado con
prolongar alguna de las ya existentes.
Al estallar el caso Palau, se comenzó a hablar de presuntos
pagos de comisiones a CDC procedentes de Ferrovial a través del coliseo
modernista, con los patricios Millet y Montull en el papel de
crupieres-comisionistas.
La Agencia Tributaria plasmó en su informe
judicial estas sospechas, luego confirmadas por el fiscal y el propio
juez, quien sostiene en su último auto que Convergència podría haberse
lucrado con 5,1 millones de euros a través de comisiones que estarían
estrechamente vinculadas a pagos de comisiones por la Ciudad de la
Justicia y la Línea 9 de metro.
Todas esas conclusiones de la Agencia Tributaria, el fiscal y el juez
han sido desestimadas por el Palau de la Música. Los abogados de la
institución han considerado en decisión tomada el pasado 25 de
septiembre que no está “suficientemente probado” el pago de comisiones y
han decidido no acusar a Convergència por el expolio del Palau de la
Música.
Como el pago de comisiones constituye un delito contra la
Administración pública, la dirección del Palau considera que no afecta a
la institución, aunque parte de este dinero fuera destinado a su
patrocinio. (...)
Los miembros de las élites, ya sea en el Bernabéu o en el Palau, no tienen por qué morderse entre ellos." (
Francesc Valls
, El País, 6 OCT 2013 )
No hay comentarios:
Publicar un comentario