La deuda pública griega es "insostenible", "ilegal", "ilegítima" y "odiosa"

"(...)  la Presidenta del Parlamento Helénico estableció la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública (Comisión de la Verdad de la Deuda) en abril de 2015, con mandato de investigar sobre la creación y el aumento de la deuda pública, la forma y razones por las que fue contratada la deuda, y el impacto que las condiciones asociadas a los préstamos han tenido sobre la economía y la población.  (...)

La investigación de la Comisión que se presenta en este informe preliminar arroja luz sobre el hecho de que la totalidad del programa de ajuste, al que Grecia ha sido sometido, fue y sigue siendo un programa con orientación política.  (...)

Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.

La Comisión también ha podido saber que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras. 

Los medios de comunicación corporativos escondieron la verdad al público representando una situación en la que el rescate se presentó como beneficioso para Grecia, mientras que promovió un relato que retrataba a la población como culpables de sus propias fechorías.

Los fondos de rescate previstos en los dos programas de 2010 y 2012 se han gestionado externamente a través de esquemas complicados, impidiendo cualquier autonomía fiscal. El uso del dinero del rescate está estrictamente dictado por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno.   (...)

Los resultados se presentan en nueve capítulos estructurados de la siguiente manera:

El Capítulo 1, La deuda antes de la Troika, analiza el crecimiento de la deuda pública griega desde los años 1980. Llega a la conclusión de que el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria. 

La adopción del euro dio lugar a un aumento drástico de la deuda privada en Grecia a la que los principales bancos privados europeos, así como los bancos griegos fueron expuestos. 

Una creciente crisis bancaria contribuyó a la crisis de la deuda soberana griega. El gobierno de George Papandreu ayudó a presentar los elementos de una crisis bancaria como una crisis de la deuda soberana en 2009, haciendo hincapié en el aumento del déficit público y la deuda.

El Capítulo 2, La evolución de la deuda pública griega durante 2010-2015, concluye que el primer acuerdo de préstamo de 2010, tenía el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos, permitiéndoles reducir su exposición a los bonos del gobierno griego.  (...)

El Capítulo 4, Mecanismo del sistema de deuda en Grecia revela los mecanismos ideados por los acuerdos que se implementaron desde mayo de 2010. Éstos crearon una gran cantidad de nueva deuda con los acreedores bilaterales y con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), mientras generaban costes abusivos que profundizaron más en crisis. 

Los mecanismos revelan cómo la mayoría de los fondos prestados fueron transferidos directamente a las instituciones financieras. En lugar de beneficiar a Grecia, han acelerado el proceso de privatización, a través del uso de instrumentos financieros.

El Capítulo 5, Las condicionalidades contra la sostenibilidad, presenta la forma en que los acreedores imponen condicionalidades intrusivas unidas a los contratos de préstamos, lo que condujo directamente a la inviabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. 

Estas condiciones, en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, así como aumentar el endeudamiento público, generando, por lo tanto, una deuda pública/PIB superior, lo que hizo la deuda de Grecia más insostenible, sino que también impusieron cambios dramáticos en la sociedad, y ha causaron un crisis humanitaria. La deuda pública griega se puede considerar como totalmente insostenible en la actualidad.

El Capítulo 6, El impacto de los “programas de rescate” en materia de derechos humanos, concluye que las medidas aplicadas en virtud de los “programas de rescate” han afectado directamente a las condiciones de vida de la gente y violado los derechos humanos, que Grecia y sus socios están obligados a respetar, proteger y promover en el marco del derecho interno, regional e internacional.(...)

 El Capítulo 7, Cuestiones legales que rodean el MoU y los Acuerdos de Préstamos, argumenta que ha habido un incumplimiento de las obligaciones sobre los derechos humanos por parte de la propia Grecia y los prestamistas, que son los Estados (prestamistas) de la zona euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que impusieron estas medidas en Grecia.

 Todos estos actores no tuvieron en cuenta las violaciones de los derechos humanos que resultarían de las políticas que impusieron a Grecia, y también violaron directamente la Constitución griega al usurpar a Grecia la mayor parte de sus derechos soberanos. 

Los acuerdos contienen cláusulas abusivas, coaccionando duramente a Grecia para que entregue aspectos significativos de su soberanía. Esto está reflejado en la elección de la ley inglesa como legislación rectora de estos acuerdos, lo que facilitó la elusión de la Constitución griega y las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos. (...)

El Capítulo 8, Evaluación de las deudas en referencia a la ilegitimidad, odiosidad, ilegalidad, y la insostenibilidad, proporciona una evaluación de la deuda pública griega de acuerdo con las definiciones relativas a la deuda ilegítima, odiosa, ilegal e insostenible, adoptadas por el Comité. 

El Capítulo 8 concluye que la deuda pública griega a partir de junio 2015 es insostenible, ya que Grecia es actualmente incapaz de pagar su deuda sin perjudicar seriamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones sobre los derechos humanos básicos. Además, para cada acreedor, el informe proporciona evidencia de casos indicativos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas.

 La deuda con el FMI debe considerarse ilegal ya su concesión incumplió los propios estatutos del FMI, y sus condiciones violaron la Constitución griega, el derecho internacional, y los tratados en los que Grecia es parte. (...)

Las deudas con el BCE deben considerarse ilegales ya que el BCE sobrepasó su mandato mediante la imposición de la aplicación de programas de ajuste macroeconómico (por ejemplo, la desregulación del mercado de trabajo) a través de su participación en la Troika. (...)

El FEEF ha ofrecido préstamos en especie que deben considerarse ilegales porque violaron el artículo 122 (2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y además violaron varios derechos socioeconómicos y libertades civiles (...)

Los préstamos bilaterales deben ser considerados ilegales, ya que violan el procedimiento previsto por la Constitución griega. Los préstamos se dieron con mala conducta clara por los prestamistas, y tenían condiciones que contravienen la ley y al orden público. Tanto la legislación comunitaria y el derecho internacional se incumplieron con el fin de dejar de lado los derechos humanos en el diseño de los programas macroeconómicos.(...)

 La deuda con los acreedores privados debe considerarse ilegal porque los bancos privados se comportaron irresponsablemente antes de que la Troika entrara en vigor, habiendo gestionado sin rigor, mientras que algunos acreedores privados, como los hedge fund también actuaron de mala fe.  (...)

El informe llega a su fin con algunas consideraciones prácticas. El Capítulo 9, bases legales para el repudio y la suspensión de la deuda soberana griega, presenta las opciones relativas a la cancelación de la deuda, y en especial las condiciones en que un Estado soberano puede ejercer el derecho de acto unilateral de repudio o la suspensión del pago de la deuda bajo ley internacional. (...)"               (Resumen Ejecutivo del Comité de la Verdad y Auditoría de la Deuda Griega, Daniel Albarracin, Economía crítica y crítica de la economía, 18/06/2015)