"(...) Está en marcha un intento de desmantelar del sistema público de pensiones y hay un silencio casi absoluto. (...)
Primero el saqueo. El gobierno en funciones del Partido Popular ha sacado en julio otros 9.700 millones de euros
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga del
verano y el IRPF. Se está procediendo al vaciamiento sistemático de la
llamada “hucha de las pensiones”.
El Fondo de Reserva se creó en 2000,
llegó a tener 66.815 millones en 2011 y el gobierno Rajoy
se lo ha ido puliendo durante su mandato hasta dejarlo en solo 24.207
millones.
Han consumido 55.151 millones de euros en los últimos cinco
años y quedan reservas para año y medio. ¿Por qué se ha tirado del Fondo
de Reserva? Por la caída de ingresos en la Seguridad Social como
consecuencia de dos hechos: el menor número de cotizantes al aumentar
los despidos, los ERE y el desempleo (se han perdido 2,9 millones de
cotizantes entre 2007 y 2013); y la disminución de las bases de
cotización por la devaluación salarial aplicada.
Es decir, la caída de
ingresos es consecuencia directa de la política de austeridad y de las
reformas laborales.
El problema está también en que la “hucha” se ha usado para bajar cotizaciones a los empresarios a
través de las “tarifas planas” que han supuesto este año una caída de
2.500 millones en la recaudación de la Seguridad Social .
Incluso para sanear la banca, tal y como ha denunciado la prensa internacional y Vicenç Navarro,
que afirman que la hucha está pagando el rescate de 61.000 millones de
euros a la banca, ya que el 97% de los activos totales de los fondos de
pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España para
poder financiarlo. Hasta aquí el expolio.
La estrategia de
derribo. En paralelo se intensifica la campaña de los interesados
profetas de la catástrofe para sembrar el miedo. Formulan una falsa
dicotomía: la quiebra del sistema o bajar las pensiones, con su no
revalorización y un endurecimiento de los requisitos para causar
derecho. (...9
Tratarán de degradar las pensiones públicas para impulsar los fondos
privados y atrapar el ahorro de millones de trabajadores, ya que de
forma voluntaria no han funcionado. (...)
La munición argumental que utilizan para “vender” la falta de
sostenibilidad del sistema es que ha aumentado la longevidad, la tasa de
natalidad es muy baja, la llegada a la jubilación de la generación del
baby-boom y que se ha desequilibrado la ratio activos/pasivos. Se
intentan presentar las dificultades del sistema con la inexorabilidad de
los fenómenos naturales, como si fuera la sucesión de la lluvia y la
sequía. Y no es cierto que sea algo inevitable. (...)
Hay alternativas, por supuesto. Empezando por la derogación de las
últimas reformas del PSOE (2010) y del PP de 2013, una de las más
nefastas y que –en combinación con la reforma laboral- condena a la
pobreza a una gran parte de los jubilados del futuro. Los únicos que
planteaban esta medida eran Unidos Podemos en el punto 16 de su Programa.
Hay otros factores para corregir las tendencias demográficas y mejorar
la financiación. Entre ellos está la reducción del paro, el aumento de
la tasa de actividad de la mujer, el recurso a la inmigración para
disponer de mano de obra, la mejora de la calidad del empleo, una
política fiscal de mayor progresividad y suficiencia recaudatoria.
En
términos estratégicos lo que cuenta no es cuántos producen sino cuánto
se produce. Hay que hablar de la productividad. La historia demuestra
cómo se ha incrementado de forma exponencial en todos los sectores
económicos. Con menos trabajadores puede haber más productividad y se
pueden mantener más y mejores pensiones.
Es una cuestión de renta per cápita
que se ha doblado en los últimos años, de la riqueza producida y su
redistribución. Es evidentemente una cuestión de prioridad política y
hay margen: España dedica a gasto en pensiones tres puntos del PIB menos que la media de la zona euro (10,4% frente al 13,4%).
Además
¿por qué deben ser financiadas las pensiones solo con cotizaciones
sociales y no con impuestos o el recurso a la deuda si fuera necesario?
Hay un derecho constitucional a las pensiones y se debe asegurar su
prestación pública de igual forma que se financia la educación, la
sanidad o las carreteras. Las pensiones no deben depender de la
evolución de la pirámide de población sino de la riqueza, la fiscalidad y
la redistribución. (...)
Se puede salvar el sistema público de pensiones con una condición: que la izquierda y los sindicatos
no interioricen las falacias neoliberales y que se esfuercen en su
desmontarlas. No es una cuestión técnica, es pura lucha de clases. (...)" (Agustín Moreno . Sin Permiso, 27/08/16)
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