"La semana pasada nos atragantamos con una noticia: el Banco de España
admitía que se han perdido 60.000 millones de euros en los rescates y la
reestructuración de las cajas de ahorro. Nada, una ganga. (...)
Pues bien, estas abismales perdidas por la operación
de rescate de las cajas ni siquiera han garantizado la estabilidad del
sistema financiero. Hace una semana quebró el Banco Popular. La venta
del mismo al Santander se hizo a coste cero, sin olvidar el detalle
–también feo– de que el tinglado de Ana Patricia se lo va a cobrar en
exenciones fiscales.
En Europa, donde también se temía que una quiebra
provocada por los balances de las cajas españolas contagiase a todo el
sistema financiero, se acaba de rescatar el banco de Monte dei Paschi
italiano, de nuevo con la intervención de Bruselas. En general, y a
pesar de las enormes cantidades destinadas al rescate bancario en estos
años, se está más cerca de una nueva crisis financiera que de haber
superado la crisis.
Como se sabe, en la era de la financiarización, la contabilidad es mas parecida a una operación de marketing
que a un cálculo exacto. En realidad, cada presentación pública de
cuentas es una especie de proceso experimental, que juega con una enorme
cantidad de posibilidades y formas de valorar el debe y el haber. Se
explica así que el Banco Popular pasase con nota los llamados test de
estrés del Banco Central Europeo, para sólo unas semanas después conocer
su quiebra.
En la inmensa mayoría de los casos, las cuentas están tuneadas
a fin de tranquilizar o atraer a los inversores, a los agentes
financieros y a los medios de comunicación. Estamos, además, seguros de
que la cifra “60.000 millones” es el cálculo mas conservador de las
pérdidas que los rescates han ocasionado. Aquí un único dato de que la
cifra final debe ser mucho mayor: la desvalorización de los activos del
Banco Malo, la SAREB, no está computada en esta operación.
(...) Valga decir que si de algo era ejemplo la burbuja
española, envidia del mundo capitalista entero, fue del uso de hasta la
última capacidad institucional del Estado, incluyendo administraciones
autonómicas y locales, así como el impulso de la Unión Europea, para
extender al máximo la potencia y capilarización de la burbuja. La
burbuja fue un modelo sistémico.
En éste estaban incluidos desde los
beneficios de bancos y grandes empresas, hasta los niveles de consumo de
las clases medias a través del crédito y el ascenso de los precios de
los activos patrimoniales.
En un marco en el que Estado y finanzas van
de la mano, decir que “había políticos” en los consejos de
administración de las cajas de ahorro sería una trivialidad irrelevante,
de no ser porque esta interpretación abre la puerta a la incomprensión
de los determinantes sistémicos de la economía española y a su
repetición en términos ligeramente diferentes.
Recordemos lo que hacían las cajas durante los años de
la burbuja: ofrecer hipotecas en masa, comprar suelo y extender
créditos al promotor inmobiliario. Todo ello a rentabilidad de dos
dígitos en los buenos tiempos y cada vez más dudosa a medida que
avanzaba el ciclo.
Esos préstamos se titulizaban, se convertían en
títulos negociables y se vendían en los mercados globales. Exactamente
lo mismo, tanto en lo que se refiere a la multiplicación del crédito
como a su financiación, que hacia toda la banca estadounidense y
europea.
La única diferencia entre lo que hicieron las entidades
privadas americanas, con las hipotecas subprime, y lo que
hicieron las cajas es que, por ley, el 50% de los riesgos de las
titulizaciones era retenido por la caja emisora, mientras en EEUU la
entidad emisora se desprendía del 100% del préstamo. Ese 50% es el
agujero de las cajas.
Las cajas quebraron exactamente por los mismos motivos
y debido al mismo modelo bancario que llevó a la quiebra a Lehman
Brothers y al interminable rosario de bancos privados rescatados durante
la crisis. Si BBVA y Santander se libraron fue porque su posición
neocolonial en los mercados latinoamericanos les permitía mantener más
depósitos que préstamos. Es decir, dinerito contante y sonante frente a
títulos respaldados por hipotecas incobrables.
Ni por un segundo se puede sostener que el rescate de
las cajas ofrece argumentos en contra de la banca pública, tampoco a
favor. Simplemente no tiene nada que ver. La función de la banca pública
es financiar proyectos económicos estratégicos de utilidad social.
Cabalgar hasta la agonía las burbujas inmobiliarias no es exactamente
eso.
Viene al caso aquí recordar una vieja, e importante, distinción de
origen marxista entre la “propiedad formal” y la “propiedad real”. Las
cajas eran formalmente organismos semipúblicos, pero en términos reales
operaban como bancos privados con ciertas restricciones. Las cajas
estaban más relacionadas con la posición subalterna de la economía
española que con su régimen formal de propiedad semi pública.
Pero si las cajas no eran exactamente banca pública, cabe preguntarse
en qué consistiría una banca pública hoy. Como sucede con cualquier
otra dimensión de la propiedad pública, una banca pública difícilmente
debería escapar a alguna forma de paso de lo público a lo común o, dicho
de otro modo, a alguna forma de control democrático que ejerza de
contrapeso al control del Estado por las finanzas.
Sea como sea, en la
reforma de las cajas —la de los 60.000 milloncejos perdidos— lo que se
ha hecho es eliminar cualquier posibilidad de que las cajas sean banca
pública. El proceso de reestructuración bancaria es una privatización
como las de la sanidad o la educación. Hemos perdido unas instituciones
que tenían la posibilidad de funcionar de otra manera y encima a un
coste exorbitante." (Isidro López, Emmanuel Rodríguez, CTXT, 21/06/17)
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