"Ni periodistas que cubran cargas policiales, ni ciudadanos que resistan de manera pacífica ante ese tipo de intervenciones. Tras multar a un reportero de la radio Hala Bedi que presenció una actuación de la Ertzaintza en un barrio okupado, el Gobierno Vasco ha recurrido ahora a la ley mordaza
para castigar a seis activistas sociales que se movilizaron contra el
desahucio de una madre con dos hijos menores. Ambos hechos ocurrieron en
Vitoria, la misma ciudad donde el Parlamento Vasco, con los votos del PNV, pidió no aplicar esa restrictiva ley.
El último capítulo de la ley mordaza en
Euskadi empezó a escribirse hace ahora un año. El 15 de septiembre de
2016, decenas de ciudadanos se concentraron fuera de la vivienda en la
que residía Anastasia, una madre de dos niños de cuatro y siete años que
no podía hacer frente al pago del alquiler. En esta ocasión, el
impulsor del desahucio no era ninguna entidad bancaria, sino el propio
Gobierno Vasco a través de Alokabide, la sociedad pública dedicada al
“desarrollo de la función social de la vivienda”.
Según recuerdan desde Stop Desahucios, “la protesta fue contestada con una violenta represión policial
ante la actitud pacífica y de desobediencia pasiva de los
concentrados”, entre los que se encontraban “representantes públicos del
Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Araba y del ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz”. Por su parte, Anastasia tuvo que ser llevada al
hospital a raíz de un ataque de ansiedad.
Este verano, cuando estaba por cumplirse el
primer aniversario de aquellos hechos, comenzaron a llegar multas a
varias personas que habían tomado parte en la concentración. Según han
confirmado desde la plataforma Stop Desahucios, entre los multados se
encuentra el actual juntero del Grupo Mixto Koldo Martín (...)
Los activistas sancionados mediante la ley mordaza
son acusados de tratar de “obstruir” la actuación policial, lo que se
traduce en 602 euros de multa para cada uno de ellos. En el expediente
enviado a las seis personas castigadas, el Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco cita el artículo 36.4 de la mencionada ley, creado
expresamente para criminalizar las protestas contra desahucios.
“No vamos a pagar”, resumió a Público el portavoz de la plataforma Stop Desahucios en el territorio de Araba, Txomin Lorenzo, quien adelantó que se presentarán recursos administrativos contra cada uno de esos expedientes. “Queremos saber de qué les acusan”, subrayó. (...)" (Danilo Albin, Público, 07/09/17)
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