"El 1 de julio México vivió uno de los procesos
político-electorales más importantes de su historia, tanto por la
cantidad de cargos en juego como por el avance de la competencia
política y la institucionalización, a cuatro décadas del inicio del
proceso de democratización.
Esto contrasta con la ola de violencia
sin precedentes que vive el país. Con una media mensual de más de 2.000
muertes dolosas –es decir, 80 asesinatos por día–, 2017 fue el año más
violento en la historia de México desde que existen cifras, superando el
récord de 27.199 homicidios en 2011. (...)
El repunte de la violencia es claro a partir de 2007, desde que Felipe Calderón
declaró la denominada ”guerra contra el narco”, sacando al ejército a
las calles para realizar labores que, en palabras de los más altos
mandos, no les correspondían.
Esto, además del saldo mencionado, propició la multiplicación de los
grupos del crimen organizado, que pasaron de tres grandes cárteles en
los años setenta –cártel de Oaxaca, cártel del Golfo y cártel de
Guadalajara– a alrededor de nueve en la actualidad. De estos, como el
cártel de Sinaloa, algunos tienen presencia consolidada a nivel global
en más de 60 países.
Pero al mismo tiempo, la fragmentación de la
delincuencia organizada a nivel local vino acompañada de la
proliferación de ‘‘brazos armados’’ (células delictivas que trabajan
para las organizaciones criminales), siendo el primero de ellos los
Zetas, un grupo de exmilitares de élite reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.
A partir del surgimiento de estas organizaciones, progresivamente el
crimen organizado extendió sus actividades de exclusivamente tráfico de
drogas a cualquier tipo de mercado ilegal que permita extraer rentas
sociales (robo, secuestro, extorsión, trata de personas, etcétera),
provocando algunos de los episodios más sangrientos en el país, desde el
asesinato de un grupo de jóvenes mientras celebraban un cumpleaños en
Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, hasta los 72 migrantes hallados en
San Fernando, Tamaulipas, o las 117 fosas clandestinas con más de doscientos cadáveres no identificados en Santa Fe, Veracruz.
‘‘No es que haya barbarie en nuestra democracia, sino que nuestra democracia es la barbarie’’, dijo al periódico El País el periodista e investigador Diego Enrique Osorno, testigo de primera mano de la violencia que vive México, así como de la evolución de los grupos del crimen organizado. (...)
Y aunque la violencia se explica a través de causas múltiples y
complejas, los comicios pusieron en evidencia el interés por parte de
diversos grupos paraestatales de influir en el proceso
político-electoral, utilizando la violencia física y verbal como
principal arma de control político.
Según datos de la consultora Etellekt, entre el 8 de septiembre de
2017 (inicio oficial del proceso electoral) hasta el 30 de junio de
2018, se registraron un total de 627 agresiones a políticos de todos los
niveles, dejando un saldo de 145 asesinatos, 206 amenazas e
intimidaciones, 85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego,
52 atentados contra familiares (50 asesinados), 36 asaltos con
violencia, 25 heridos con arma de fuego y 21 víctimas de secuestro.
De manera agregada, estas cifras incluyen a políticos de todos los partidos y de los tres niveles de gobierno: desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hasta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un lado, así como a nivel federal, en las 32 entidades federativas y en el 16% de los municipios del país. (...)
Ahora, de los 48 candidatos y precandidatos asesinados hasta una semana
antes de las elecciones, la mayoría de ellos contendía a nivel local
(77%), seguido por quienes lo hacían a nivel estatal (20,8%) y a nivel
federal (2%). Esto sugiere una mayor capacidad por parte de los grupos
criminales para ejercer la violencia política a nivel local, así como en
determinadas entidades federativas. (...)
Al margen de los resultados, sin duda el actual proceso electoral
mexicano ha sido uno de los más importantes en la historia del país,
pero también se ha convertido ya en uno de los más violentos.
Al saldo
pendiente de la larga y cuestionada transición política en México se
suma la importancia de considerar, además de los retos institucionales y
de competencia electoral que afronta el país, el avance y la evolución
de la delincuencia organizada, así como los mecanismos que, con el
objetivo de obtener beneficios privados y control sobre el territorio,
estos grupos utilizan para influir en el proceso político-electoral en
contubernio con funcionarios públicos de todos los niveles.
Casos como
el del general Jesús Gutiérrez Rebollo o el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, condenados por brindar protección al cártel de Juárez, son solo un botón de muestra al que se suman políticos acusados por tener nexos con el crimen organizado, desde Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, hasta Humberto Moreira y Jorge Torres López, exgobernadores de Coahuila o Jesús Reyna García y Fausto Vallejo,
gobernadores de Michoacán.
A la luz de los comicios, comprender los
factores que explican la violencia política resulta indispensable para
dilucidar las posibles implicaciones en el avance y retrocesos en el
proceso de democratización mexicano." (Cristian Márquez Romo, Política Exterior, 02/07/18)
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