"(...) España ha sufrido en la última década una deriva oligárquica que ha
roto los equilibrios sociales concentrando demasiado poder y riqueza en
la cúspide de la pirámide en perjuicio de la amplia mayoría de la
población.
El ámbito y el alcance de la soberanía popular se ha ido
estrechando mientras el poder despótico de los privilegiados ha ido
transformando nuestra vida cotidiana eliminando la seguridad en el
empleo, dejando en papel mojado el derecho a la vivienda, jibarizando la
negociación colectiva o golpeando a la sanidad y la educación públicas.
En suma, sustituyendo derechos de ciudadanía por la incertidumbre, el
miedo al mañana y la precariedad como único horizonte vital para las
mayorías. Esta evolución nos ha hecho más débiles como sociedad. Ha
erosionado la confianza en la democracia e hipoteca las posibilidades de
desarrollo económico de una España cuarteada por la desigualdad.
En toda Europa las mayorías sociales golpeadas por las políticas del
“sálvese quien pueda” están demandando seguridad y sentido de
pertenencia a algo más trascendental y más grande que la soledad del
individuo. Si los demócratas ignoramos este anhelo, los reaccionarios
correrán a responderlo con el odio del penúltimo contra el último.
Frente a algunos temibles ejemplos actuales en Europa, en España –como
en Portugal– somos los demócratas, los partidarios de la justicia
social, quienes tenemos que anudar pueblo y nación en un sentido progresista y de solidaridad cívica: una patria que cuida del otro y extiende la soberanía popular. (...)
La historia de las democracias contemporáneas es la del compromiso entre
el principio liberal y el principio democrático. Nuestra Constitución
también refleja un equilibrio entre esos dos polos de principios que,
con buen sentido, se quiso hacer compatibles.
Sin embargo, casi desde su
promulgación, tanto la constitución material como la Constitución
formal han ido sufriendo modificaciones que han ido afirmando más el
principio liberal por encima del de carácter más social o democrático:
la modificación del artículo 135 para dar prioridad al pago de los
intereses de la deuda por encima de la inversión social es el ejemplo
más dramático al respecto. (...)
Quienes defendemos una visión republicana de la libertad afirmamos que
para ser libre a la gente no le basta con los derechos –sin duda claves–
a votar o a expresarse sin cortapisas, sino que al mismo tiempo
necesita derechos sociales y condiciones materiales para vivir sin miedo
a la arbitrariedad ni dependencia de los caprichos de los más fuertes.
Al mismo tiempo que la calidad de una democracia se mide también por su
capacidad de someter a los “poderes salvajes” al contrato social, la
rendición de cuentas y el respeto hacia la comunidad. (...)
Tras el desastre protagonizado por la oligarquía, en España es de nuevo
el pueblo quien tiene que echarse al hombro la tarea de poner orden,
reconstruir la sociedad y rehacer un país más seguro para vivir. (...)
La reforma de la Constitución que necesitamos es aquella que blinde los
derechos sociales.
En primer lugar fijando un suelo mínimo de gasto
social, en una suerte de “135 al revés” que fije a continuación la
estructura de ingresos necesaria.
En segundo lugar, llevando derechos
como la vivienda, la vejez o el medioambiente del capítulo III del
título I de la Constitución –el de los principios rectores– al capítulo
II –el de los derechos y libertades directamente exigibles ante las
instituciones–. Solo así dejarán de ser papel mojado y se harán
garantías tangibles que protejan a la mayoría social golpeada.
En este sentido, merece un capítulo aparte la larga deuda de la
Constitución con las mujeres. Una Constitución que tuvo solo “padres”,
que no garantiza la efectiva igualdad de hombres y mujeres, y que en
cuanto a derechos sexuales y reproductivos, derecho a los cuidados o a
una vida libre de violencia machista está terriblemente atrasada. (...)
En tercer lugar, es preciso subrayar que en España la reforma del modelo
territorial y el blindaje de los derechos sociales son dos procesos
necesariamente conectados. (...) Por tanto, la federalización de nuestro país debe descansar en los
estatutos de autonomía como fuente de derechos, con la Constitución como
suelo mínimo que habilite, a partir de ahí, mejoras sociales en los
territorios donde ya haya mayorías para ello.
2019 debe abrir un ciclo
de reforma de los estatutos de autonomía para constitucionalizar en
ellos los derechos sociales erosionados y una generación de derechos más
ambiciosa –a los bienes comunes, a la conservación ecológica o a la
vejez– y construir una irreversibilidad relativa: un suelo mínimo que
blinde conquistas sociales a partir de las cuales nadie pueda retroceder
aunque se sucedan distintos gobiernos, porque se encuentren ancladas ya
en la vida cotidiana, en los códigos jurídicos, en el sentido común y
en el modelo de desarrollo. (...)
La ley del más fuerte y los privilegios para una minoría han fracturado
la sociedad y roto nuestra confianza en el futuro. Tenemos que
reconstruir el contrato social ajustando la Constitución del país
oficial a las necesidades y esperanzas del país real 40 años después,
del país que ya somos.
La oligarquización del país no ha empujado a
España “hacia la derecha”, ha hecho algo más grave: la ha fracturado y
puesto del revés. Y es en ese clima, en la arbitrariedad y el desorden,
donde nacen los monstruos. Por eso hoy la tarea es reconstruir la
sociedad y poner el país del derecho." (Íñigo errejón, CTXT, 24/10/18)
Los cambios constitucionales son ‘casi’ imposibles con la correlación de fuerzas políticas actuales. Es un hecho.
Hay una posibilidad. Desarrollar este artículo de modo que sea la base sobre la que se inicie y potencie el cambio de modelo productivo en España. Es una necesidad vital… y ya constitucional.
Un ejemplo: legislando para que el Estado priorice fuertemente en los concursos públicos a las empresas cooperativas y propiedad de los trabajadores. Tendría un gran apoyo social y electoral.
Hace 1 segundos
2 comentario(s)
Raimundo Otero
'Artículo 129 de nuestra Constitución: Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.'Los cambios constitucionales son ‘casi’ imposibles con la correlación de fuerzas políticas actuales. Es un hecho.
Hay una posibilidad. Desarrollar este artículo de modo que sea la base sobre la que se inicie y potencie el cambio de modelo productivo en España. Es una necesidad vital… y ya constitucional.
Un ejemplo: legislando para que el Estado priorice fuertemente en los concursos públicos a las empresas cooperativas y propiedad de los trabajadores. Tendría un gran apoyo social y electoral.
Hace 1 segundos
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