"Nosotros, ciudadanos europeos de orígenes y países diferentes,
hacemos hoy un llamamiento para transformar profundamente las
instituciones y las políticas europeas.
Este Manifiesto contiene
propuestas específicas; en concreto, un proyecto de Tratado de
Democratización y un proyecto de Presupuesto que ya pueden ser adoptados
y aplicados por los países que lo deseen, sin que ningún país esté en
condiciones de bloquear a los que deseen avanzar. Puede ser firmado en
línea (www.tdem.eu) por todos los ciudadanos que se identifiquen con él. Puede ser retomado y mejorado por todos los movimientos políticos.
Tras el Brexit y la formación de gobiernos antieuropeístas en
diversos países miembros, ya no es posible seguir como antes. No es
posible contentarse con esperar las próximas salidas, los próximos
desmantelamientos, sin introducir ningún cambio fundamental en la actual
Europa.
Nuestro continente se encuentra hoy atrapado entre, por un lado, unos
movimientos políticos cuyo único programa es la persecución de
extranjeros y refugiados, un programa que ya han empezado a aplicar; y,
por otro, unos partidos que se dicen europeístas, pero que en el fondo
siguen considerando que el liberalismo puro y duro y la aplicación de la
competencia a todos los ámbitos (Estados, empresas, territorios,
individuos) bastan para definir un proyecto político, sin darse cuenta
de que es precisamente la falta de ambición social lo que alimenta la
sensación de abandono.
Algunos movimientos sociales y políticos intentan quebrar ese diálogo
mortífero avanzando hacia una refundación política, social y
medioambiental de Europa. Y es que, tras una década de crisis, las
urgencias propiamente europeas no escasean: infrainversión pública
estructural (sobre todo, en el ámbito de la formación y la
investigación), incremento de las desigualdades sociales, aceleración
del calentamiento climático, crisis en la acogida de migrantes y
refugiados.
Sin embargo, esos movimientos tienen muchas veces
dificultades para formular un proyecto alternativo concreto, es decir,
para describir de forma precisa cómo desearían organizar la Europa del
futuro y la toma democrática de decisiones en su seno.
Nosotros, ciudadanos europeos, presentamos con este Manifiesto, este
Tratado y este Presupuesto unas propuestas precisas a la opinión
pública. No son perfectas, pero tienen el mérito de existir: cualquiera
puede tomarlas para mejorarlas. Se basan en una sencilla convicción.
Europa debe construir un modelo original que garantice un desarrollo
social equitativo y duradero para sus ciudadanos, a los que sólo
convencerá abandonando las promesas vagas y teóricas.
Europa sólo se
reconciliará con sus ciudadanos si aporta una prueba concreta de que es
capaz de establecer una solidaridad entre europeos y de hacer que los
ganadores de la globalización contribuyan a la financiación de los
bienes públicos que Europa necesita hoy cruelmente.
Es decir, de hacer
que las grandes empresas contribuyan más que las pequeñas y las medianas
y que los contribuyentes más ricos paguen más que los más pobres, algo
que en la actualidad no sucede.
Nuestras propuestas se basan en la creación de un Presupuesto de
Democratización debatido y votado por una Asamblea Europea soberana, que
permita que Europa se dote por fin de un poder público capaz de
enfrentarse sin dilación a las urgencias europeas y, al mismo tiempo,
producir un conjunto de bienes públicos en el marco de una economía
duradera y solidaria.
Así podremos dar por fin sentido a la promesa
inscrita en el Tratado de Roma de una “mejora de las condiciones de vida
y de trabajo”.
Cuatro grandes impuestos europeos
Semejante Presupuesto, si la Asamblea Europea así lo decide,
estará financiada por cuatro grandes impuestos europeos, marcadores
concretos de esa solidaridad europea, que se aplicarán a los beneficios
de las grandes empresas, las rentas altas (por encima de los 200.000
euros anuales), los grandes patrimonios (más de un millón de euros) y
las emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 euros por tonelada,
sujeto a incrementos anuales).
De fijarse en el 4 por ciento del PIB,
tal como proponemos, dicho presupuesto podría financiar la
investigación, la formación y las universidades europeas, un ambicioso
programa de inversiones para transformar nuestro modelo de crecimiento,
financiar la acogida de migrantes y acompañar a los agentes de la
transformación; pero también podría proporcionar cierto margen de
maniobra presupuestaria a los Estados miembros para reducir la regresiva
tributación que pesa sobre los salarios o el consumo.
No se trata de crear una “Europa de las transferencias” orientada a
quitar dinero a los países “virtuosos” para dárselo a los que lo son
menos. El proyecto de Tratado de Democratización (www.tdem.eu) lo afirma
explícitamente al limitar la diferencia entre ingresos recibidos e
pagos efectuados por un país a un umbral del 0,1 por ciento de su PIB.
Ese umbral podrá elevarse en caso de que exista un consenso en dicho
sentido, pero la verdadera cuestión es otra: se trata ante todo de
reducir la desigualdad en el seno de los diferentes países e invertir en
el futuro de todos los europeos, empezando por supuesto por los más
jóvenes, sin favorecer a un país concreto por encima de otro.
Semejante
cálculo excluye los gastos y las inversiones realizados en un país para
satisfacer un objetivo de interés común que beneficie igualmente a todos
los países, como las políticas para combatir el calentamiento global.
Dado que permitirá financiar bienes públicos europeos que beneficiarán a
todos los países, el Presupuesto de Democratización favorecerá de facto
un efecto de convergencia entre los Estados europeos.
Como hay que actuar deprisa, pero también sacar a Europa del actual
atolladero tecnocrático, proponemos la creación de una Asamblea Europea
que permita debatir y votar esos nuevos impuestos europeos, así como el
presupuesto de democratización, sin que sea necesario en un primer
momento modificar el conjunto de los tratados europeos.
Por supuesto, dicha Asamblea Europea tendrá que dialogar con las
actuales instancias de decisión (en particular, el Eurogrupo, que reúne
mensual e informalmente a los ministros de Economía de la eurozona),
pero será ella la que decida en última instancia, en caso de desacuerdo.
De otro modo quedaría comprometida su capacidad de convertirse en la
sede de un nuevo espacio político transnacional donde puedan expresarse
por fin partidos, movimientos sociales y organizaciones no
gubernamentales. Y también se vería comprometida su eficacia, puesto que
se trata de extraer finalmente a Europa del eterno inmovilismo de las
negociaciones intergubernamentales.
No olvidemos que la regla de la
unanimidad fiscal en vigor en la Unión Europea bloquea desde hace años
la aprobación de cualquier impuesto europeo y alimenta la eterna huida
hacia el dumping fiscal en favor de los más ricos y móviles una práctica
que continúa hoy en día a pesar de todos los discursos y que continuará
mientras no se establezcan otras reglas de decisión.
Como la Asamblea Europea tendrá competencias para aprobar impuestos y
entrar en el interior mismo del pacto democrático, fiscal y social de
los Estados miembros, es importante involucrar en ella a parlamentarios
nacionales y europeos.
Al conceder a los primeros un lugar central, las
elecciones legislativas nacionales quedarán transformadas de facto en
elecciones europeas: los diputados nacionales ya no tendrán ocasión de
responsabilizar a Bruselas y deberán explicar a los electores los
proyectos y presupuestos que pretenden defender en el seno de la
Asamblea Europea.
La reunión de los parlamentarios nacionales europeos
en una misma Asamblea creará unos usos de cogobernanza que hoy sólo
existen entre los jefes de Estado y los ministros de Economía.
Por ello proponemos, en el Tratado de Democratización disponible en
línea (www.tdem.eu), que la Asamblea Europea esté compuesta en un 80 por
ciento por diputados de los parlamentos nacionales firmantes del
Tratado (según la proporción de la población de los países y los grupos
políticos) y en un 20 por ciento por miembros del actual Parlamento
Europeo (según la proporción de los grupos políticos). Semejante
elección merece un amplio debate.
De hecho, nuestro proyecto podría
igualmente funcionar con una proporción menor de diputados nacionales
(un 50%, por ejemplo). Ahora bien, en nuestra opinión, si esa proporción
fuera muy pequeña, la Asamblea Europea vería mermada su legitimidad
para involucrar al conjunto de la ciudadanía europea en la vía de un
nuevo pacto social y fiscal, y el proyecto podría verse rápidamente
debilitado por conflictos de legitimidad democrática entre las
elecciones nacionales y europeas.
Ahora tenemos que actuar deprisa. Si bien es deseable que todos los
países de la Unión Europea se unan sin demora al proyecto y si bien es
preferible que lo adopten de entrada los cuatro principales países de la
eurozona (que juntos representan más del 70% del PIB y de la población
de la zona), el conjunto del proyecto ha sido concebido para que pueda
ser jurídica y económicamente adoptado y aplicado por cualquier
subconjunto de países que desee hacerlo.
Se trata de un punto importante
porque permite a los países y los movimientos políticos que lo deseen
poner de manifiesto su voluntad concreta de avanzar adoptando de forma
inmediata este proyecto, o una forma mejorada del mismo.
Apelamos a
todas y todos a que asuman sus responsabilidades y que participen en un
debate preciso y constructivo para el futuro de Europa.
El autor de este manifiesto es Thomas Piketty, economista francés
especialista en desigualdad económica, autor de ‘El capital en el siglo
XXI’ y director de estudios de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.
El manifiesto lo firman 55 intelectuales y políticos, entre
ellos Pablo Iglesias y Massimo D’Alema. La Vanguardia publica este
manifiesto junto a otros medios internacionales que forman parte del
Grupo Europa."
(Thomas Piketty, Manifiesto por la democratización de Europa, La Vanguardia, 09/12/18)
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