"En 1965, Martin Luther King caminó desde Selma hasta
Montgomery, en Alabama, para protestar contra las maniobras de
legisladores blancos por todo el sur del país para evitar que los
afroamericanos votaran. En aquella época, en Selma vivían más personas
negras que blancas, pero los negros sólo constituían el 2% del censo
electoral.
Más de 50 años después, en 2018, una prima
de King, Christine Jordan, llegó con 92 años a su colegio electoral en
Atlanta, Georgia, con la intención de votar en las elecciones
legislativas como había hecho siempre. Le dijeron que no figuraba en las
listas.
"Es horrible, ha organizado reuniones en defensa de los
derechos civiles en su casa y ahora no aparece en las listas", señaló su
nieta, Jessica Lawrence, ante lo sucedido. El caso de Jordan no es
extraño.
(...) cada vez hay más indicios de un intento sistemático por evitar que un número creciente de ciudadanos puedan ejercerlo.
Hasta hace poco, la ley que regula el derecho al voto,
aprobada en 1965, garantizaba que el Gobierno federal pudiera supervisar
los cambios en los sistemas de votación en aquellos estados con un
historial de discriminación.
Eso cambió hace seis años, cuando el Tribunal Supremo revocó la ley
y decidió que esos mismos estados ya no necesitan lograr una
autorización previa de la administración federal para aprobar normas
relativas al sistema electoral. En otras palabras, los estados que
mostraban la peor trayectoria en cuanto a discriminación a la hora de
emitir el voto quedaban libres para volver a comportamientos similares
pasados.
El Centro Brennan de la Universidad de Nueva
York –la principal organización no partidista en el ámbito del derecho
al voto y el estudio de sus reformas– ha detectado que "a lo largo de
los últimos 20 años, los estados han erigido barreras ante las urnas
mediante la imposición de normas estrictas en materia de identificación
del votante, disminución de los horarios de votación y límites a la
inscripción en el registro y las listas del censo".
"Estas
acciones, que recibieron un impulso cuando el Tribunal Supremo debilitó
en 2013 la ley que regula el derecho al voto, han tenido como
consecuencia que un número importante de ciudadanos con derecho a voto
se ha visto alejado de las urnas", señala el instituto. "Si bien la
medida ha impactado en la sociedad de manera transversal, lo ha hecho
con especial intensidad en las minorías raciales, las personas con menos
recursos y los votantes de menor y mayor edad". (...)
"En 2016, debido al impacto de los límites impuestos sobre los votantes en más de 30 estados, el voto negro cayó en más de siete puntos. Lo que para el Partido Republicano supuso una ventaja crucial fue, en realidad, un ataque letal a la democracia estadounidense", afirma. (...)
En Australia el voto es obligatorio. En Suecia, como en España, todos
los votantes quedan registrados para poder votar de manera automática.
Ambos países figuran en las mejores posiciones del índice de integridad electoral
que elaboran las universidades de Harvard y Sidney. Estados Unidos no
figura a la altura de las democracias más importantes de occidente, sino
a la de países como Kosovo o Rumanía. (...)
En cada uno de los pasos para ejercer el derecho al voto,
los estadounidenses se enfrentan a obstáculos que vienen marcados por
su lugar de residencia. La ley electoral se define en acuerdos
alcanzados en los parlamentos estatales, administrados por departamentos
de Interior controlados por miembros de los partidos políticos.
En
varios estados de mayoría republicana, las dificultades a las que se
enfrentan los votantes comienzan con los documentos que deben presentar
para ejercer su derecho al voto. Varios poderes legislativos a lo largo
de todo el país han endurecido los criterios respecto a los documentos
válidos para identificarse. En EEUU, el 7% de los ciudadanos no tiene un documento de identificación válido con foto y esa cifra aumenta cuando se trata de ciudadanos negros o hispanos.
En
2016, Wisconsin instauró una norma de identificación previa y muy
estricta para combatir posibles fraudes a la hora de votar, algo que los
expertos han calificado de problema inexistente. (...)
Cuando Donald Trump ganó las elecciones en Wisconsin por 22.000 votos,
los analistas descubrieron que sólo en la ciudad de Milwaukee la participación había descendido en un 3%. Eso significaba 44.000 votos menos que en las elecciones celebradas cuatro años antes.
Para Jay Heck, Director de Common Causa, una organización
no partidista que trabaja en defensa de la rendición de cuentas por
parte del Estado, "la mayor limitación al derecho a votar y la
participación electoral en Wisconsin está en lo restrictivo de la norma
que exige un documento de identificación con foto".
Ese
mismo año, en Texas, se calculaba que unas 600.000 personas no contaban
con un documento de identificación que permitiera votar según las
estrictas normas del Estado. Virginia aprobó también ciertas
restricciones al trabajo de las organizaciones que registran votantes.
Este año, Tennesse trató de aprobar una norma que convertía los errores
en los que pueden incurrir estas organizaciones en delitos penales.
Para
muchos estadounidenses, encontrar una cabina de votación se convierte
en un reto. Un informe publicado hace pocos meses por la organización de
derechos civiles The Leadership Conference Education Fund
demuestra que, desde 2012, se han cerrado 1.688 colegios electorales.
El cierre de los mismos ha sucedido en lugares que ya presentaban
trayectoria de discriminación racial durante procesos electorales. 214
de esos cierres pertenecen a un solo Estado, Georgia. (...)
El 10% de los condados de Georgia se quedaron sin un solo
colegio electoral. Algunos ciudadanos deben desplazarse largas
distancias para emitir su voto. La situación de Texas, con 760 colegios
electorales anulados, o la de Arizona, con 320, es aún peor que la de
Georgia.
Los cierres de colegios electorales son
resultado directo de las modificaciones realizadas en 2013 a la ley que
regula el derecho al voto. Antes de que se aprobaran, Georgia era uno de
los estados que tenía que recibir autorización federal para cerrar un
colegio electoral o modificar su ley electoral. Ahora ya no tienen que
pedirla.
Limpieza del censo
Como si la aprobación de
normas que dificultan la identificación de los votantes o el cierre de
colegios electorales no fueran suficientes para limitar el número de
votantes, se han aprobado otras normas. Una de ellas es la "limpieza del
censo", y es lo que le sucedió a la prima de Martin Luther King,
Christine Jordan.
Jordan creía que estaba registrada
para votar cuando acudió a las urnas. No había cambiado de nombre ni de
dirección, pero la habían borrado del censo, como a 17 millones de personas más entre 2016 y 2018, según datos del Centro Brennan.
"Limpieza
del censo" significa que las autoridades depuran nombres de las listas
para garantizar que nadie vota dos veces o que quienes han fallecido o
se han mudado quedan, efectivamente, fuera del censo. La justificación
es legítima, pero resulta más común que eso suceda en zonas y estados
que con anterioridad no podían hacerlo sin autorización. Es decir, en
los lugares en los que hay registro histórico de discriminación.
Y como explica el informe del Centro Brennan, "los problemas surgen
cuando los estados sacan del censo a votantes que aún tienen derecho al
voto. Los estados utilizan datos incorrectos que pueden mostrar que el
votante se ha mudado". (...)
Uno de los peores mecanismos es el sistema que cruza los
registros de votos entre diferentes estados, que ha sido utilizado por
docenas de estados desde su puesta en marcha en 2005. Destinado en
teoría a localizar personas registradas en más de un lugar, un estudio
realizado en 2017 demostró que tiene un 99% de posibilidades más de
borrar a personas con derecho a voto que a votantes inadmisibles.
"Hemos
encontrado que una de las estrategias del sistema elimina 300 registros
que parecen legítimos por cada registro utilizado para emitir un voto
doble", señalaron los autores.
Privación del voto a personas que han cometido delitos
Al
ponderar el impacto combinado de leyes de identificación más estrictas,
cierre de colegios electorales y limpieza de censos no se llega aún ni a
estar cerca de estimar el número de personas que en realidad sufren
medidas encaminadas a limitar su derecho al voto en Estados Unidos.
Otros
4,7 millones de ciudadanos no tienen permitido votar. Es el número de
personas condenadas por delitos de todo tipo. Desde aquellos que han
cometido asesinatos, violaciones o robos hasta quienes se han puesto al
volante bajo los efectos del alcohol.
48 estados
tienen algún tipo de norma que evita que las personas condenadas por
delitos voten. Tres de ellos, Iowa, Kentucky y Virginia, privan del
derecho al voto de por vida. El impacto de medidas de este tipo es
desproporcionado. Uno de cada 13 afroamericanos no puede votar por este
motivo en comparación con uno de cada 56 ciudadanos blancos, según datos del Sentencing Project. (...)
Gerrymandering (Diseño de distritos electorales)
Hay
otros muchos modos en los que políticos y militantes se han conjurado
para diluir el poder electoral de los ciudadanos estadounidenses. Muchos
estados permiten la modificación de los distritos electorales a través
de un sistema que por un lado agrupa y por otro diluye a los votantes
dibujando líneas cambiantes en zonas concretas en función del histórico
de sus preferencias electorales. De esa manera, se controlan los
resultados.
En julio sucedió algo digno de reseña: El
Tribunal Supremo decidió no tomar una decisión concreta sobre esta
práctica en una votación ganada por cinco votos a cuatro. Al no tomarla,
evitó afirmar que fuera inconstitucional.
Elena Kagan
y el resto de jueces de tendencia liberal emitieron un voto particular
que ha levantado ampollas. Acusaron a la mayoría de no cumplir con su
deber: "En estos casos, la modificación de los distritos electorales
privó a ciudadanos del más fundamental de entre sus derechos
constitucionales: El derecho a participar en pie de igualdad en el
proceso político para sumarse a los demás en el avance de las creencias
políticas y la elección de sus representantes". (...)"
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