"El próximo gobierno de coalición PSOE-Podemos se enfrentará al sentido
común dominante, ese conjunto de premisas, creencias y supuestos
aparentemente incuestionables pero que, en realidad, se construyen –y se
destruyen– socialmente.
Conocer con detalle la experiencia del Gobierno
presidido por François Mitterrand en 1981 permite entender las
limitaciones estructurales para que un ejecutivo con propuestas
rupturistas e imaginativas propicie un cambio económico exportable al
resto de los países de una Europa en peligroso estancamiento. (...)
En 1981, François Mitterrand se hizo con un enorme poder político en
coalición con el Partido Comunista francés, gracias a un programa de 110
reformas con el que se quería hacer frente a una larga crisis del
capitalismo, que en aquellos momentos se arrastraba confuso, con un
elevado nivel de inflación y de desempleo. (...)
Mitterrand puso en marcha un plan de nacionalizaciones que afectaba a
parte de la banca y a empresas que se encontraban en situaciones de
máxima dificultad; las políticas fiscales se dirigieron a incrementar la
protección social mediante una expansión del Estado del Bienestar; se
potenciaron los salarios, los derechos sindicales y las formas de
representación en el lugar de trabajo.
Se logró evitar una contracción
de la economía francesa en medio de la recesión mundial de principios de
los años ochenta, lo que permitió crecer al 1.5% y que el nivel de
desempleo apenas llegara al 1.9%; por el contrario, en Alemania, el paro
se había disparado al 5%.
Pero los brotes verdes franceses terminaron por quedar aplastados por
tres factores que se retroalimentaban. En primer lugar, las políticas
deflacionistas aplicadas en otras naciones que, como Estados Unidos,
Alemania y Reino Unido, operaban con medidas diametralmente opuestas.
Condicionados por el miedo a la inflación, estos gobiernos incrementaron
los tipos de interés de los bancos centrales para secar la economía
real, con lo que la inflación se moderaría y, además, el incremento del
desempleo serviría para “desarmar al mundo del trabajo”, como un asesor
de Margaret Thatcher declararía unos años después.
El crecimiento económico francés acabó embarrado por los efectos
secundarios de dichas políticas: el incremento del valor del dólar y del
marco aumentó cuantiosamente el precio de las importaciones para la
economía francesa. Los problemas de inflación se agravaron; los
desequilibrios comerciales, persistentes en Francia, adquirieron un
cariz cada vez más preocupante.
En segundo lugar, por una política monetaria condicionada. En otras
circunstancias, Francia podía haber respondido a la adversidad
devaluando el franco o dejando flotar libremente la moneda nacional para
que sus productos se volvieran más competitivos en el mercado
internacional y, también, para que los encarecidos productos alemanes y
estadounidenses encontraran competidores en la propia Francia. Pero,
tras la muerte del acuerdo de Bretton Woods (1973), algunas naciones
habían decidido fijar su tipo de cambio al de otras para garantizarse
una estabilidad monetaria. Francia, en el seno del Sistema Monetario
Europeo, estaba obligada a priorizar el control de la inflación y la
competitividad de los costes.
El tercer pilar no era precisamente menor. Como había ocurrido
también en Estados Unidos, la organización de los grandes empresarios
del país, íntimamente conectada, llevaba ya varios años conteniendo la
inversión como respuesta a la renuente tasa de ganancia. La entrada de
Mitterrand y los avances en derechos laborales y sindicales dispararon
una desconfianza que se materializó en una menor inversión y en mayores
fugas de capitales.
Mitterrand, derrotado por la derecha en las elecciones legislativas
de 1983, renunció a utilizar su potente base social para tomar el
control de la inversión y terminó cediendo al nuevo sentido común,
consistente en garantizar una estabilidad monetaria para atraer
inversiones.
¿Se repetirá la pesadilla en España? Un modelo fracasado y un nuevo contexto de oportunidades
(...) El próximo gobierno debe acometer una ambiciosa expansión fiscal –con
el soporte del Banco Central Europeo– dirigida prioritariamente a
detener la sangría de empleo y pobreza que experimenta España, con una
bien diseñada combinación de las medidas que ya han superado la etapa
marginal del debate y que consisten, en definitiva, en garantizar
mínimos vitales universales, trabajo de calidad o una combinación de
ambas condiciones.
Los desafíos del presente, como el envejecimiento y
el cambio climático, representan oportunidades para canalizar de manera
productiva estos programas de protección social, dignidad personal y
aprovechamiento del talento y el capital humano. No debe nunca olvidarse
que no hay mayor derroche para un país que una tasa de desempleo de dos
dígitos.
El cambio en España debe, además, aspirar a ser modelo en Europa. El
incremento salarial y la demanda harían saltar algunas alarmas propias
de un modelo de naciones orientadas a la exportación. Pero el
crecimiento puede dedicarse también a expandir, mejorar y optimizar una
capacidad productiva bastante descuidada, incrementando una
productividad lastrada por la etapa neoliberal. (...)
Enterrar el ‘síndrome Mitterrand’, y el subsiguiente ‘no hay
alternativas’, entraña tantos riesgos como oportunidades, además de un
enriquecedor debate sobre política económica que muchos ciudadanos
llevan tiempo queriendo presenciar y comprender. La oportunidad de un
gobierno de coalición como el propuesto, más allá de sus resultados,
estriba en la posibilidad de demostrar que la política sigue teniendo
sentido en las democracias europeas." (Juan Laborda, Andrés Villena, CTXT, 07/01/20)
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