R. Como ciudadanos los obispos tienen derecho a expresar su opinión, y como creyentes tienen derecho a proponer sus valores. Pero no deben interferir en el proceso legislativo de la manera que lo hicieron contra la ley de reproducción asistida o la de investigación biomédica, ni deben imponer al parlamentario católico una disciplina de voto.
P. En el debate se echa en falta la opinión de un bioético. Esa idea episcopal de que la ley despenaliza la matanza de niños es pura truculencia.
R. Si me preguntan por el comienzo de una vida humana individual, diré que no antes de la implantación del preembrión en el útero materno y no después, como muy tarde, de la novena semana. Pero no hay que mezclar este tema con el de la legislación. La pregunta no es si ha comenzado o no una vida humana, sino en qué casos y con qué condiciones de seguridad jurídica se puede interrumpir el proceso de una vida naciente (en camino hacia el nacimiento), sin hacer violencia al respeto debido tanto al feto como a la gestante. Es lamentable que no se pueda debatir serenamente sobre estas cuestiones. Tengo mucha confianza en que hay bastantes parlamentarios, tanto en el partido del Gobierno como en la oposición, y tanto de una confesionalidad como de otra o de ninguna, que coinciden en el sentido común, en la responsabilidad en cuestiones de Estado, en hacer compatible la defensa de la vida con la despenalización y la seguridad jurídica de madres y profesionales de la sanidad.
P. ¿Que le pareció la metedura de pata de Benedicto XVI, en África, sobre el preservativo y el sida?
R. Dijo una frase inapropiada, tuvo un lapsus linguae ante los periodistas. No es papal ni competencia de la Iglesia prohibir el preservativo, ni recomendarlo. Ciertas posiciones morales de algunos eclesiásticos chocan con las medidas relativamente eficaces para combatir la pandemia, usadas por personal sanitario católico implicado en la prevención del sida. Es cuestión de sentido común, de responsabilidad y de buen humor, tres características de la que a veces se carece en el mundillo eclesiástico. El cardenal Martini ha dicho cosas muy atinadas sobre este tema. Ha dicho que es necesario hacer todo por combatir el sida y que "en la situación de los esposos, uno de los cuales está infectado de sida, éste está obligado a proteger a la pareja y ésta también debe poder protegerse".
P. Le pregunté sobre la afirmación episcopal de que el Gobierno, si aprueba la ley del aborto, estará matando a personas.
R. Es retórica demagógica unida a exageración hispánica. Hacen un flaco favor a la vida que pretenden proteger y dan lugar a reacciones opuestas extremistas. Es el mismo error que cuando apoyan al obispo brasileño que enarbola la excomunión por el aborto de la menor violada o cuando se ponen del lado de Bush contra la investigación con células madre, o del lado de Berlusconi contra el respeto a la dignidad del morir de la joven Eluana. La ideología político-religiosa da lugar a extrañas compañías de cama.
P. La tesis episcopal es que pueden (y hasta deben) meterse en todo, como si fueran legisladores preferentes.
R. Tienen la asignatura pendiente sobre las relaciones correctas entre iglesias y Estados. No aprueban en el examen sobre el decreto conciliar acerca de la libertad religiosa. No han aprendido la lección sobre la laicidad y la religión. Necesitarían una clase de ética cívica. Es elemental entender bien la relación entre ética y derecho en una sociedad plural. Se puede estar, como estamos muchas personas, en favor de la vida, oponerse al aborto injusto y defender los derechos humanos, pero al mismo tiempo en favor de no penalizar determinados comportamientos que uno no querría adoptar y que considera éticamente cuestionables. (JUAN MASIÁ: "Se rehabilita a los Galileos del pasado y se condena a los de hoy". El País, ed. Galicia, Sociedad, 25/04/2009, p. 40)
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