"La crisis ha encendido la luz roja en las sociedades de inversión que emplean las grandes fortunas gallegas para operar con fuertes rebajas fiscales, que si nada cambia, saldrán ilesas de la gran reforma reforma tributaria que ayer presentó el Gobierno.
Estas empresas, que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades frente al habitual del 30%, disponen actualmente de un patrimonio conjunto de 1.560 millones de euros, según datos de junio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el organismo que las controla y regula. Esta suma equivale, por ejemplo, a algo más del 13% de todo el presupuesto que manejará la Xunta en este ejercicio.
Hace dos años, las Sicav con sello gallego llegaron a gestionar 2.300 millones de euros. (...)
Pese a la pérdida de patrimonio que han sufrido estas empresas, los accionistas las siguen viendo como la mejor fórmula para gestionar su fortuna. "Su objeto es captar fondos para invertirlos", explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la facultad de Ciencias Empresariales de Vigo y experto en fiscalidad. "Están compuestas por una cesta de valores mobiliarios y otros activos financieros que permiten compensar los cambios de valor de los elementos que las forman", aclara.
Si tienen más de cien accionistas, pagan sólo el 1% en el Impuesto de Sociedades (el tipo general en España es del 30%). La transmisión de los títulos da lugar a ganancias y pérdidas patrimoniales que abonan el 18% en concepto de IRPF, igual que los dividendos que reparten.
Vaquero explica que tienen otras ventajas fiscales, como que "en la constitución, aumento de capital, fusión y escisión disfrutan de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales".
Por su naturaleza han despertado todo tipo de recelos. De hecho, una de las reivindicaciones históricas de los inspectores de Hacienda es volver a recuperar el control de las Sicav, transferido en 2005 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta decisión frustró el resultado de una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria entre 2003 y 2004.
De aquella actuación se levantaron actas en casi 500 Sicav en España. El fraude denunciado por los inspectores alcanzaba la cifra de 60 millones de euros, pero sus actas no prosperaron tras la reforma de 2005, que pasó desapercibida en el Parlamento por aprobarse el mismo día que el matrimonio homosexual." (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/08/2009, p. 1/3)
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