Los afectados por el metílico buscan reabrir el caso

"El mayor envenenamiento de la historia de España con cuna en Ourense, el Caso Metílico, es un capítulo de la memoria histórica gallega con cuentas pendientes casi cincuenta años después. Los afectados, más bien sus descendientes –la gran mayoría murieron sin que se hiciese justicia– están dispuestos a recuperar en los tribunales las herida de cientos de muertes y cegueras que se pagaron con condenas que el franquismo redujo e indemnizaciones que nunca llegaron a pagarse.

La bebida asesina, como la bautizó la prensa de la época, provocó más de mil muertos en el año 1963, según los datos del fiscal que llevó el caso, Fernando Seoane, a pesar de que las investigaciones judiciales se basaron solo en las pruebas de la exhumación de 51 cadáveres, en los que se hallaron restos de alcohol metílico en sangre, y nueve personas ciegas. La magnitud de los hechos no permitió conocer nunca la cifra exacta de muertos, ya que el venenoso licor llegó a distribuirse desde Galicia a Canarias, Madrid, Cataluña, Andalucía, Melilla, Santander, Aragón, el País Vasco, Sudamérica, Alemania, EE UU, Guinea Ecuatorial o el Sáhara español.

En la primavera de 1963, decenas de campesinos de O Carballiño fallecían en un corto período de tiempo, y a la vez que ellos, múltiples marineros de Lanzarote. Una farmacéutica asturiana que abandonó su tierra tras un fracaso sentimental acabó en la isla y decidió investigar por qué se producían tantas muertes entre los marineros.

Se decidió y fue a las tabernas, analizó lo que bebían y determinó que estaban sirviéndoles veneno. Con la presión y amenazas de los almacenistas, descubrió que los cargamentos llegaban desde Vigo a través de la etiqueta Lago e Hijos S.L. que estaba en los barriles de ron de un mayorista canario.

La viguesa Casa Lago compraba la materia prima de sus licores al industrial ourensano Rogelio Aguiar, quien a su vez le había comprado a una empresa de Madrid 750.000 litros de alcohol metílico que consumió entre diciembre de 1962 y abril de 1963. Su empleo estaba prohibido para “uso en boca” y podía matar a una persona que ingiriese el equivalente a una sola copa de licor. Las bebidas fabricadas con este alcohol poseían una graduación mayor que las del etílico, lo que obligaba a los acusados a añadir agua a sus productos para disimular la diferencia.

A partir de ahí, 35.000 folios de sumario, la instrucción más amplia en aquel entonces después de la Causa General de la Guerra Civil, resumieron una catástrofe imparable de la que el Gobierno de la dictadura se desentendió sin asumir responsabilidades por permitir el libre comercio de esta sustancia. El negocio parecía redondo para los bodegueros: un litro de metílico costaba 14 pesetas por litro, unas 16 pesetas más barato que el de alcohol etílico, y no daba olor, color ni sabor.

Fernando Méndez, periodista que investigó en profundidad el caso y escribió los libros Historia dun crime: o caso do metílico y Mil muertos de un trago tras decenas de viajes y entrevistas, cuenta que el fiscal intuía que la tragedia fue mucho mayor de lo que nunca se supo. “Me decía que, al ser gente del rural, había mucha que no se atrevía a decir que su pariente había muerto por beber alcohol, y por eso en muchos casos la vergüenza llevó a que permanecíesen para siempre en silencio”, explica. “Os velliños da aldea e os negriños de Guinea caeron como moscas”, contaba el fiscal Seoane. " (Xornal.com, 24/09/2010)