La iniciativa que impulsa el consistorio vitoriano, pionera en los municipios vascos, surge con dos objetivos básicos: ayudar a que la ciudadanía no sienta que los defraudadadores actúan con impunidad, por un lado, y poner freno a la "leyenda urbana", calificación que asumió Lazcoz, de que los inmigrantes son quienes se benefician de las AES. "A la inmensa mayoría de las personas que vienen de fuera lo que les interesa es un contrato de trabajo porque buscan al fin y al cabo un permiso de residencia; y un programa social no se traduce en ese permiso", aclaró.
El procedimiento de este servicio de colaboración será sencillo y deja toda la responsabilidad de la investigación en los servicios sociales de base, dependientes del Ayuntamiento de Vitoria, que son los que gestionan estos programas. "Aunque luego las partidas procedan de otras instituciones como la Diputación o el Gobierno vasco; se trata de evitar la trampa", explicó Lazcoz.
El ciudadano que tenga constancia de fraude se pondrá en contacto con el Ayuntamiento por teléfono o por correo electrónico. Se le emplazará para una cita personal en la que explicará su caso y los expertos municipales se encargarán de la investigación, siempre atendiendo a la Ley de Protección de Datos. "En muchas ocasiones, el asunto servirá para explicar el alcance de las AES, pero nunca para revelar la situación de ningún ciudadano; sólo se informará de que la resolución ha sido positiva o negativa", advirtió el alcalde, que dejó claro que no se trata de un mecanismo de denuncia, "para el que ya existen otras vías". (El País, 16/09/2010)
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